Los diputados reformaron una vez más la todavía vigente Ley de Ciencia y Tecnología y el cambio fue sobre el siempre espinoso tema del presupuesto para el sector. ¿Tiene sentido modificar una ley a punto de derogarse? Tal vez no, aunque podría fijar una línea base para un nuevo ordenamiento.

El pasado 3 de diciembre, 430 diputados votaron a favor de la propuesta de la diputada Marivel Solís Barrera, representante de la fracción parlamentaria de Morena; ninguno se abstuvo y tampoco nadie votó en contra. La iniciativa añade una condición al artículo 9 Bis que establece el monto del 1 por ciento para las actividades científicas y tecnológicas.

La adición que propuso la diputada Solís fue: “En tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del producto interno bruto, el presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación no podrá ser menor al del aprobado en el año fiscal anterior”.

El tema tiene algunos antecedentes recientes y probablemente tendrá algunas consecuencias. Sobre los primeros vale la pena recordar que el mismo López Obrador, en el periodo de transición, cuando le entregaron un documento de propuestas para el sector, hizo un compromiso ante miembros de la comunidad académica y cientifica.

En agosto de 2018, en el Palacio de Minería, el entonces presidente electo dijo: “vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tenología aumente, en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga. Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”.

Sin embargo, lo cierto es que cuando llegó la hora de las decisiones presupuestales para este año, cuya responsabilidad asumió el equipo de transición del gobierno actual, el monto para el sector no aumentó y más bien disminuyó sensiblemente el presupuesto para Conacyt. Esto es, entre el año pasado y el actual, en términos corrientes, el gasto federal para Conacyt pasó de 27 mil 226 millones a 24 mil 765 millones de pesos.

Después, en mayo de este año, quedó aprobada la reforma del artículo 3º constitucional y el artículo sexto transitorio mandató expedir, a más tardar en el año 2020, nuevas leyes generales para educación superior y para ciencia y tecnología. En el caso de esta última, porque la fracción V del mencionado artículo ahora establece el derecho de toda persona a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, la garantía de acceso abierto a la información que se derive de ella y el respaldo del Estado para el sector.

En el mismo mes de mayo, cuando ya había sido publicada la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación y también era claro que habría una nueva ley general en la materia, la diputada Solís Barrera ingresó su propuesta de reforma al artículo 9 Bis de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología.

Aquella iniciativa fue la que aprobaron los diputados la semana pasada. Ahora, en términos legislativos todavía falta que el Senado la ratifique o no, pero muy seguramente la aprobará y quedará con rango de ley que el presupuesto federal para ciencia y tecnología no será menor al aprobado en el año fiscal anterior.

Nótese que el añadido a la ley no incluye un punto básico: no será menor, “en términos reales”, como lo dijo López Obrador. Entonces, será suficiente un presupuesto del mismo monto al del año previo para cumplir la ley, incluso podría no tener ninguna variación en varios años y tampoco contravendría la norma.

Desde luego, en términos reales, si se considera el índice de inflación, si año con año se asigna el mismo monto de presupuesto, anualmente disminuirá y lo hará significativamente si la inflación se dispara. Los diputados que elaboraron el dictamen de la iniciativa, integrantes de la comisión de ciencia y tecnología, consideraron que la propuesta “no genera impacto presupuestario, pero se protege al sector evitando recortes en los subsecuentes ejercicios fiscales”. El menor de los males.

¿La propuesta será retomada en la nueva ley que está por diseñarse? Probablemente. La diputada Solís Barrera es integrante de Morena, la fracción parlamentaria con mayoría simple en la cámara baja; la aprobación de leyes secundarias no necesitan mayoría calificada.

Sin embargo, todavía quedan varias interrogantes por despejar. Por ejemplo: ¿quién elabora y presentará la iniciativa de ley general? ¿Cuál será la cámara de origen para ingresar el proyecto? ¿Conservará el monto de 1 por ciento respecto al PIB? ¿Como se armonizará, en materia de financiamiento, con la Ley General de Educación Superior? Lo veremos.