Un año en la escala de un sexenio de administración gubernamental es poco tiempo para estimar logros y dificultades, pero anticipa lo que está por venir. El año de arranque de la gestión, por lo general, marca la hora de los planes ambiciosos, el anuncio de las primeras iniciativas con sus golpes de efecto y un optimismo desbordado. En materia de ciencia y tecnología, ¿qué ha ocurrido en el año inicial?
En primer lugar, en la percepción pública es notable una cierta desconfianza y una persistente incertidumbre sobre lo que podría suceder en el sector, porque todo parece provisional, evanescente y en algunos casos cambiante. No es fortuito. En buena medida se debe a que a la fecha no existe un diagnóstico riguroso del sector, tampoco un programa preliminar o lineamientos generales para gobernar las acciones.
Las muestras de inconformidad de los becarios de posgrado en el extranjero por la suspensión de sus becas antes de concluir sus estudios, la continuidad o no del programa Cátedras Conacyt, la modificación o permanencia de las reglas de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las reglas de juego para la acreditación de los programas de posgrado, las disputas con los organismos intermedios o la proporción de financiamiento para ciencia básica o para desarrollo tecnológico, son una expresión inocultable de la incertidumbre en el sector.
Invariablemente, cada administración busca diferenciarse de la anterior e imprimir su propia orientación al sistema científico y tecnológico. Sin embargo, en todas ellas, el punto de partida ha sido un diagnóstico, una línea base y una clara definición sobre lo que permanece y lo que cambia. Porque existen programas que han sido parte tradicional de las políticas para el sector, como el de becas de posgrado, el SNI o financiamiento para proyectos, y otros que cada administración busca impulsar para dejar su sello. Sin embargo, en este primer año, ni diagnóstico completo ni definiciones preliminares; solamente declaraciones, desmentidos e intercambios mediáticos.
En segundo lugar, lo que también ha ocurrido es un desencuentro entre las autoridades del sector y grupos de científicos. Las divergencias no solamente se deben al ambiente de incertidumbre en el sector, también se originan por las diferentes posiciones sobre el papel de los organismos intermedios en la conducción del sector y el siempre espinoso tema de los recursos financieros para la ciencia y la tecnología.
La tensión comenzó al inicio de este año, cuando cambió la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y en esa ceremonia la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, consideró inaceptables las trasferencias de recursos públicos hacia el sector privado. Una referencia a la actuación de la administración anterior y a la nueva titular del Foro, Julia Tagüeña, que había formado parte de esa administración. Desde ahí quedó claro que la coexistencia entre el Foro —como organismo intermedio reconocido en la ley— y la cabeza del sector no sería nada sencilla. A la fecha persiste el conflicto.
El desencuentro se expandió a otros organismos, como la Academia Mexicana de Ciencias y asociaciones de apoyo a niños y jóvenes (matemáticas y química, por ejemplo), principalmente porque Conacyt siguió el lineamiento del ejecutivo federal de prescindir de las medicaciones entre la autoridad y los gobernados. La dificultad fue que se suspendieron programas en marcha sin reemplazarlos por los apoyos directos.
Además, el conflicto entre autoridades y académicos escaló todavía más por la aplicación del memorando de austeridad del ejecutivo federal. En mayo de este año, cuando todavía no estaba aprobada la “Ley federal de austeridad republicana del Estado”, el memorando implicó diferentes limitaciones para el personal de algunas instituciones y centros de investigación. No solamente enfrentaron una reducción de ingresos y menor presupuesto para congresos y convenciones, también una absurda restricción para viajar al extranjero sin previa autorización. Después, esta última quedó sin efecto, pero la división y el encono persistieron.
Finalmente, en tercer lugar, además de la falta de certeza, las declaraciones y los desencuentros, sí se han producido algunas definiciones. En materia de financiamiento, tanto por lo que se asignó en este año (77 mil 315 millones), como por lo que está aprobado para el año próximo (82 mil 992 millones), está claro que no habrá un incremento sustancial en el ramo. Lo más notable del caso es que el presupuesto que ejerce Educación en materia de ciencia y tecnología sigue creciendo de forma importante, mientras que el ejercido centralmente por Conacyt disminuye o crece modestamente.
Lo que no está nada claro es el cálculo del gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. En el reciente informe de gobierno no aparece el dato para 2018 (en el último informe de gobierno del sexenio anterior para ese año era de 0.47 por ciento), ahora lo estima en 0.31 por ciento del PIB para 2019 y la redacción es confusa.
Otro aspecto es el marco normativo preliminar existente. Por un lado está el breve párrafo del Plan Nacional de Desarrollo que plantea promover la ciencia y la tecnología, respaldar a estudiantes y académicos y un Plan Nacional para la Innovación. Teóricamente en esos enunciados está la base de lo que será el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).
Por otro lado está la fracción V de la reciente reforma al artículo 3º constitucional. El nuevo marco claramente establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, la garantía del acceso abierto a la información derivada y el apoyo del Estado a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Todavía falta la Ley General de Ciencia y Tecnología, pero los programas y las acciones a poner en marcha deberán corresponder a ese marco.
Por último, otra iniciativa más que está en curso son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces). El planteamiento inicial es que estarán dirigidos a conjuntar esfuerzos de investigación y participación de diversos sectores para atender problemas urgentes, así como para proponer soluciones integrales y amplias.
Según lo previsto, cada uno de los Pronaces dará lugar a una agenda general que derivará en Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii), los cuales tendrán metas de corto, mediano y largo plazo (uno, tres y cinco o seis años, respectivamente). Hasta ahora los títulos de los once proyectos incluyen temáticas como: “conocimiento y gestión de cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el bien común y la justicia socio-ambiental”; “violencias estructurales”; “memoria histórica y riqueza biocultural de México”; o “educación para la inclusión y la autonomía”, por ejemplo.
En fin, falta resolver los contenidos de la ley general del sector, entre cuyos componentes principales está la distribución de competencias entre la federación y las entidades, el financiamiento y la gobernanza del sistema. También resta conocer el Peciti, programa esencial para precisar el diagnóstico, el punto de llegada y los medios para lograrlo, deberá aparecer a más tardar en los primeros días del próximo mes de enero. Tal vez entonces podremos confirmar las anticipaciones y disipar la incertidumbre de este primer año.
