Hace unos números de Campus señalaba que, a mi parecer y al de otros muchos, según creo, el problema del país es primordialmente de carácter social. Y no viene de los últimos lustros. Viene de más tiempo.

Durante el período de la crisis de la deuda externa, ahí por los ochentas del Siglo pasado, emerge con fuerza el aumento de la pobreza y se favorece la concentración del ingreso. Ambas vinieron de la mano de condiciones adversas en la economía, a medida que se descontinuaron las tendencias de crecimiento del llamado desarrollo estabilizador.

Se alteraron estructuras, relaciones sociales y procesos generales de cambio. Comenzó a darse, asimismo, una pérdida de valores, los de la Revolución, que se intentaron suplir con otros más afines a un nuevo modelo de desarrollo: competencia desmedida, eficiencia, eficacia y pertinencia. Una discontinuidad histórica, a la que se ligó un descontrol del sentido de los fines sociales, el achicamiento del Estado, su cambio de fisonomía y la introducción de la evaluación de casi todo, prácticamente como ideología, como base de un nuevo ordenamiento social.

Las situaciones objetivas y subjetivas creadas por la crisis, el desmembramiento y descredito de la esfera pública, aunado a otros fenómenos políticos, el desfalco y el endeudamiento del gobierno y la rapiña de la corrupción, generaron incertidumbre, sentimientos de desprotección en amplias capas de la sociedad. El auge del narcotráfico y una cada vez mayor violencia, trajeron inseguridad y modos de elección de la vida desintegradores, excluyentes y de discriminación por los diferentes, todo lo cual coincidió con los cambios de gobierno a partir del año 2000.

En todos los cambios habidos, la educación ha sido un componente central. Después de la Revolución Mexicana, el proyecto educativo estuvo sujeto a fuertes modificaciones. La querella educativa (Loaeza,1988), la disputa por marcar el rumbo de la educación, puso en el escenario a fuerzas políticas, clases y actores sociales en el contexto del rumbo que quiso imprimirle el Estado. Recientemente, se eliminó la Reforma llevada a cabo por el anterior Gobierno (2012-2018) y se ha hecho una nueva reforma de acuerdo a los lineamientos de la llamada cuarta transformación.

Sería de esperar que, con el modelo de desarrollo que impulsa el actual Gobierno, la educación coadyube a crear más posibilidades para enfrentar los desafíos que hoy tiene el país con altos niveles de participación de la ciudadanía. Es decir que auxilie a crear los valores que ligan a la ciudadanía con la democracia: tolerancia, libre expresión, diálogo para llegar a acuerdos mediante debate público organizado, igualdad de derechos políticos, de acceso a la cultura y combate a la pobreza por una vida digna.

Y en este punto es donde entran de lleno las universidades públicas que, mediante su autonomía, son el espacio privilegiado de la razón y el conocimiento en el que se genera conciencia de los riesgos en los que está metido México y soluciones a sus grandes problemas.

Las universidades públicas en el país fueron creadas en un proceso que cubre el largo plazo, digamos de los años veinte a los noventas del Siglo pasado. Se fundaron las universidades públicas y autónomas de los Estados. Universidades todas, creadas para responder a las demandas educativas y de conocimiento de la sociedad, que hoy tienen una gran presencia en sus Estados y que contribuyen a la formación de cuadros de alto nivel para las empresas y los gobiernos, así como elaboran gran parte del conocimiento científico con el que definitivamente cuenta el país.

Las universidades públicas ahora son un bastión desde el cual se pueden crear actitudes proclives para que la educación sea valorada positivamente para distintos fines en la sociedad. Para que la transformación social vaya acompañada de valores que le den sustento. Esto es, que además de ser instituciones dedicadas a la producción y transmisión del conocimiento, concedan un fuerte énfasis al arte y la cultura.

Las universidades públicas dotan a sus estudiantes de capacidades y riquezas humanas para enfrentar con compromiso la vida en sociedad. Por ellas han pasado los grandes literatos, estudiosos del arte, historiadores, filósofos, juristas, sociólogos, antropólogos, lingüistas, filólogos politólogos e internacionalistas que han dotado a la nación de pensamiento para hacer sus grandes proyectos y obras.

Para fines prácticos y obtención de capital cultural, todos los estudiantes deberían salir de las universidades conociendo la obra de los grandes pensadores que ha tenido México. Para avanzar el conocimiento que ofrezca soluciones a los grandes y pequeños problemas de la sociedad mexicana deberían concentrarse esfuerzos para que la investigación combine ciencias sociales y humanidades.

Sí a las universidades públicas se les brindan mejores condiciones para cumplir sus tareas, sí se equilibran sus capacidades intelectuales y científicas, sí se crea una organización que estimule sus lazos de cooperación académica para que se apoyen entre sí y sí se favorece que participen en proyectos de desarrollo local, con el debido financiamiento, habrá una mayor certeza de que avanzaremos mejor y más rápido.