En 15 días más los diputados aprobarán el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020 y ahí se podrá advertir con mayor claridad qué planes llegarán a la realidad real y cuáles quedarán para un impredecible mejor momento. Sería un verdadero desatino incumplir lo que prácticamente se acaba de añadir a la Constitución y las promesas de respaldo a la educación y a la actividad científica y tecnológica.

El presupuesto de este año tal vez no reflejó del todo la responsabilidad de la actual administración, porque si bien el diseño del presupuesto corrió por cuenta del equipo de transición, todavía no tenía todos los hilos de la Hacienda Pública en la mano y tal vez tampoco los cálculos finos para fondear los programas, ni la dimensión de las demandas presupuestarias o el precario equilibrio de las finanzas públicas. El año así se fue.

Ahora, la responsabilidad es completa para este gobierno. El pasado 8 de septiembre el secretario de Hacienda Pública entregó el paquete económico al Congreso y desde entonces ya estaban los atisbos de la distribución de los recursos. Las noticias no fueron las mejores para educación y tampoco para ciencia y tecnología. El proyecto de presupuesto para el año próximo consideraba un ligero incremento para la primera (menos de un punto porcentual) y ninguno para Conacyt.

No obstante, como es el Congreso el que decide sobre el ingreso y gasto públicos, queda la sensibilidad de los legisladores para posibles modificaciones al paquete económico enviado por el ejecutivo federal. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) quedó aprobada por los diputados el día 18 de este mes y luego ratificada por los senadores con ligeros cambios el viernes de la semana pasada. En general, a los ingresos calculados por Hacienda los legisladores le añadieron 6 mil millones de pesos más (El Financiero 18.10.2019).

Frente a los 6.104 billones de pesos que corresponde al volumen total de ingresos calculados ya con incremento, el aumento de los 6 mil millones ya no se escucha fuerte. La LIF es importante porque guarda equilibrio con el PEF: es el techo al que se atiene el gasto público. ¿Todavía es posible modificar ese techo? Sí, es probable, el punto final será la aprobación del PEF que tiene como límite el próximo 15 de noviembre.

La legislatura que aprobó el paquete económico del 2019 es la misma que aprobará el del año próximo. No obstante, ahora existen factores que no estaban presentes en la aprobación anterior. En primer lugar, el responsable de armar y presentar el paquete económico es diferente. La renuncia de Carlos Urzúa, según anunció en carta pública el pasado mes de julio, fue motivada porque se habían tomado decisiones de política pública sin el debido sustento y porque la política económica debía estar basada en evidencia; lo reemplazó Arturo Herrera. Ha sido el cambio más importante en el equipo de primer nivel del gabinete.

En segundo lugar, los anuncios y medidas de austeridad que se pusieron en marcha en este año, a través de mecanismos atípicos e informales, fueron ajustados a rango de norma (la Ley Federal de Austeridad Republicana y las adecuaciones a las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

En tercer lugar, y quizás más importante, la actual legislatura es responsable de la más reciente reforma al artículo 3º constitucional y las consecuentes leyes reglamentarias. Las modificaciones al marco normativo tienen claras implicaciones presupuestarias en la educación, como el de la formación de profesores, el desarrollo profesional docente, la garantía y obligatoriedad en los extremos del sistema educativo (educación inicial y superior) o en el financiamiento para ciencia y tecnología.

Otro ejemplo, el artículo Décimo Quinto transitorio de la reciente reforma del artículo 3º constitucional, señala que: Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.

Sin embargo, en el proyecto que entregó Hacienda no previó ningún fondo adicional, tampoco los recursos financieros para las otras garantías que mandata la Constitución. Así que ahora la responsabilidad y la expectativa están del lado de los diputados.

Pie de página: El litigio que sostiene Conacyt en contra del científico Antonio Lazcano y también en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, no parece tener un fin próximo. El organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas anunció que impugnará las suspensión provisional que les concedieron. Lamentable.