La primera Constitución Política de Ciudad de México, a pesar de las puntualizaciones críticas sobre su redacción y técnica jurídica, fue notable por la garantía de derechos que estableció. En febrero de 2017, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial local, todavía no se vislumbraban los resultados de las elecciones federales del año pasado, tampoco que habría una nueva reforma del artículo 3º constitucional, menos que sería desterrado el término calidad del vocabulario legislativo y todavía menos que, finalmente, el gobierno capitalino podría tener la responsabilidad de prestar los servicios educativos.

Ahora, sin embargo, algunos de los cambios que anticipó la constitución local también forman parte de la Carta Magna. Además, la descentralización de los servicios educativos en CdMx podría tener lugar en el corto plazo y su actual administración fusionó la secretaría de educación y la de ciencia en una sola: la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti).

En la Constitución de CdMx, en su extenso artículo 8, quedaron consignados los derechos a la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. En la primera fracción del apartado A (Derecho a la educación) quedó establecido que en la ciudad capital todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. También asumió la garantía sobre el derecho universal a la educación y precisó que “toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”.

Lo relevante es que la misma Constitución local incluye la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, lo que significa que se podrá denunciar la violación de derechos individuales y colectivos amparados por el ordenamiento y exigir su restitución. O bien, exigir no solamente el ejercicio de un derecho, también que ese derecho cumpla con las características que debería.

Algo similar ocurre con el derecho a la ciencia y la innovación tecnológica, cuya garantía de libre acceso, uso y desarrollo también incluye la Constitución de CdMx. Además, en esta última también quedó estipulado el derecho de toda persona “a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley” (apartado C del artículo 8). Una redacción relativamente similar a la que ahora tiene el artículo 3° constitucional.

No obstante, persiste una diferencia notable en lo concerniente al financiamiento. La Constitución local dice que: “En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad” (Artículo 8, apartado C, fracción 6).

En cambio, el artículo 3° constitucional dice que se proveerán los recursos y estímulos suficientes para la investigación. A su vez, la recientemente aprobada Ley General de Educación (LGE) anota que el financiamiento para la educación pública no será menor al equivalente del 8 por ciento del PIB y de esa proporción, al menos el 1 por ciento será para educación superior y para investigación científica y humanística en las instituciones públicas de educación superior.

Entonces, ¿qué ocurrió con el financiamiento para la actividad científica y tecnológica en CdMx? La Constitución local no previó ningún artículo transitorio —sí lo hizo para la descentralización de los servicios educativos—, así que asignar el dos por ciento de su presupuesto total debió entrar en operación en este año.

Según el decreto de presupuesto de egresos local para 2019, el gasto neto total para el sector público fue de poco más de 234 mil millones de pesos. En la función por gasto, la asignación presupuestal para el rubro de ciencia, tecnología e innovación fue de 359 millones de pesos. En la erogación por dependencias, la Seciti –dado que están fusionados educación y ciencia— recibió 1 mil 844 millones de pesos. Si se hubiera aplicado la norma, el volumen solamente para ciencia habría sido cercano a los 5 mil millones de pesos y más del doble si se añade educación.

Después de casi tres décadas, la descentralización de los servicios educativos en CdMx sigue pendiente. El cuarto transitorio de la LGE anterior decía que sería conforme un acuerdo con la organización sindical y nunca lo fue. Ahora, otro transitorio de la reciente LGE dice que será hasta que se celebre un acuerdo entre la federación y el gobierno local, lo cual se ve más probable y cercano, aunque queda un largo camino normativo por recorrer.

El reciente informe del gobierno local permite un acercamiento a la valoración que tiene tanto del sector educativo como del científico. Aquí lo veremos.

Pie de página: La carta de exintegrantes de las comisiones del Sistema Nacional de Investigadores dirigida a la directora del Conacyt y al titular del SNI, en la que solicitan evidencias de las acusaciones que las autoridades formularon o una disculpa pública para su trabajo, muestra con claridad el error de la gestión del sector y va directo a la línea de flotación.