Los Centros Públicos de Investigación (CPI) tienen un lugar en los medios desde hace meses, aunque no siempre por los mejores motivos. La controversia más reciente fue a propósito de la separación del titular de uno de los centros y tal vez podría ser la oportunidad para discutir la figura jurídica que regula a estas instituciones y, principalmente, sus perspectivas de desarrollo.
El episodio reciente apareció en las redes sociales. El 14 de septiembre, vía Twitter, Leopoldo Altamirano, ahora exdirector del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), anunció que “a petición de la doctora Elena Álvarez Buylla”, había presentado su renuncia como titular del instituto.
A la vez, el mismo día y por la misma vía, desde su cuenta personal, Elena Álvarez, directora del Conacyt, expresó: “El Dr. Altamirano, que acaba de renunciar al INAOE afirmando que le pedí su renuncia, tiene fincadas 5 denuncias en la SFP, que van desde acoso laboral hasta la asignación de recursos públicos a empresas y personas sin los controles requeridos”.
La polémica electrizante siguió y sigue en las redes sociales; partidarios de una y otra posición expresaron sus opiniones al respecto. No está nada mal hacer públicos los motivos de separación de las posiciones de responsabilidad. De hecho, es lo deseable frente a los crípticos mensajes que esconden el polvo bajo la alfombra y siempre mencionan a la salud del implicado como la principal razón.
El INAOE es uno de los CPI más sobresalientes. Fue de las primeras instituciones que iniciaron el proceso de descentralización de la investigación científica y tecnológica. Enclavado en Tonazintla, Puebla, tiene múltiples proyectos en las materias de su especialidad y encabeza, por la parte nacional, el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico. Este último colabora con el Telescopio de Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés) y todo el equipo ganó recientemente el premio Breakthrough 2020 para física fundamental por la imagen del primer agujero negro.
Sin embargo, lo inquietante del caso es la inestabilidad del instituto y del sector. Una vez más, otro conflicto estalla, se discute y tal vez se diluirá en los medios, no en las instancias correspondientes. No es la primera vez.
Las interrogantes que se abren son muy variadas, pero si existe algo indebido ¿por qué se dirime el mecanismo de la cadena de mando en los medios? ¿No debería sancionarse administrativamente de inmediato, fincarse responsabilidades y ser un argumento contundente para separar a alguien de cualquier cargo? Si no existe nada irregular ¿por qué alterar el funcionamiento rutinario? ¿Cómo se restituye el daño a la reputación de las personas afectadas?
El otro aspecto que también resalta es la acumulación de expedientes en la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta secretaría se encarga, entre otras funciones, de vigilar que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas que regulan el ejercicio de sus actividades y en este periodo ha sido recurrente la información oficial del Conacyt que apela a esas directrices para tomar decisiones.
Al parecer, la aprobación de la Función Pública fue el componente principal para decidir sobre la emisión o no de las convocatorias del Conacyt, nombramientos en el organismo, estructura organizativa, prestaciones para sus trabajadores o si debían o no solicitar permiso los investigadores para viajar al extranjero. También lo es o lo será para determinar si las transferencias hacia el sector privado de la administración anterior fueron o no indebidas. El volumen de solicitudes ha sido creciente y convendría su disponibilidad pública.
A raíz del memorando presidencial del pasado 3 de mayo, en el que se instruyó a los servidores públicos a poner en marcha medidas adicionales de austeridad, más de tres mil integrantes de los CPI le enviaron una carta pública al presidente López Obrador para expresarle su preocupación por los recortes al presupuesto (Campus Milenio No. 806).
Además, en la misma carta le solicitaron al ejecutivo federal “definir una normativa que establezca el marco jurídico propicio para desarrollar nuestras actividades”. Actualmente los CPI están definidos como entidades paraestatales, lo cual significa que cumplen una función estratégica, pero les aplican las mismas normas que rigen a la burocracia.
Los 27 CPI representan un núcleo vital de investigación y la segunda agrupación de personal de alto nivel más numerosa a nivel nacional. En la administración anterior fueron reagrupados y algunos integraron lo que llamaron consorcios de investigación. Sin duda, lo mejor sería mayor certeza con la redefinición de su marco normativo y decidir qué camino seguirán.
Pie de página: En la reciente mesa de diálogo en Conacyt “Protección de la riqueza biocultural, propiedad intelectual y evaluación de Tecnologías”, alertaron sobre riesgos en la producción y consumo de alimentos transgénicos. El asunto es que ahí solamente se expresó un lado del debate.
