La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su sesión del pasado 13 de agosto, resolvió que no era válido el decreto del gobierno de Yucatán que declaraba a esa entidad como zona libre de cultivos agrícolas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM). A la vez, determinó que conforme las leyes vigentes, a la federación le corresponde la responsabilidad de regular en materia de bioseguridad y distribuir las competencias en las entidades federativas.
La resolución viene ahora, no fue nada sencilla y tiene especial importancia en la discusión actual sobre una eventual ley general para el sector que deberá estar lista a más tardar en 2020. También tiene implicaciones para dirimir las posiciones que sostienen diversos actores relevantes en torno al uso o prohibición de los transgénicos.
El asunto inició con un decreto publicado por el gobierno de Yucatán en octubre de 2016, mediante el cual declaró al estado como zona libre de cultivos agrícolas con OGM, después de que comunidades mayas habían insistido desde cinco años antes. Los argumentos que exhibió el gobierno estatal fueron básicamente que debía atender el principio de precaución (adoptar medidas protectoras para evitar o disminuir un daño moralmente inaceptable porque existen sospechas fundadas, a pesar de que no haya pruebas científicas concluyentes).
La protección, dijo el gobierno yucateco, era principalmente para la actividad apícola, por su relevancia para la economía estatal y por la biodiversidad estatal y nacional. Porque el sector apícola se había visto afectado por la autorización del cultivo de soya transgénica en diversos polígonos de la entidad y representaban “no sólo un peligro para la comercialización orgánica de la miel sino también para el ecosistema de la península” (Diario Oficial de Yucatán. 26.10.2016: 25).
Sin embargo, un mes después de aquel decreto, Humberto Castillejos Cervantes, entonces consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, ingresó una controversia constitucional para solicitar la suspensión e invalidez de esa decisión gubernamental. La argumentación indicaba que el decreto no tenía fundamento legal y de llevarse a efecto el ejecutivo federal estaría impedido de ejercer sus atribuciones en materia de bioseguridad. La Corte negó la suspensión solicitada, pero quedó pendiente la resolución de invalidez y esa fue la que emitió el pleno la semana pasada.
El contexto actual y las circunstancias son muy diferentes. En primer lugar, el presidente López Obrador lo dijo en el periodo de campaña y lo reiteró el primer día de su gobierno en la enumeración de los cien compromisos: “No permitir el uso de semillas transgénicas y proteger la diversidad de México” (compromiso número 74). Lo resumía como: no fracking, no transgénicos.
Un OGM es un organismo vivo (pero no un ser humano) con una combinación genética novedosa, realizada a través de técnicas de la biotecnología moderna. La Organización Mundial de la Salud lo considera como un organismo cuyo DNA ha sido alterado. Así, determinados genes seleccionados pueden ser transferidos de un organismo a otro e incluso a especies no compatibles; de ahí se deriva la denominación de transgénicos.
Los debates sobre los beneficios y peligros de los OGM han sido ríspidos y prolongados, al menos desde hace veinte años. En el medio científico hay partidarios en ambos sentidos, sin que predominen claramente los argumentos de uno u otro lado. El caso de las especies endémicas, el maíz transgénico y la seguridad alimentaría es un ejemplo. Pero no se trata solamente un asunto académico, están implicados temas de interés comercial y político, por eso no parece razonable resolverlo sin abrir un amplio debate.
En segundo lugar —y ya lo hemos comentado en este Acelerador de partículas—, en el equipo gubernamental actual, algunos miembros sostienen o sostenían posiciones favorables a los transgénicos y otros estaban en la posición contraria. En el primer caso estaban Alfonso Romo y Víctor Villalobos, el primero jefe de la oficina de la presidencia de la República y el segundo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; en el segundo caso está el ejecutivo federal y la propia directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla (Campus Milenio No. 759).
En tercer lugar, el último día del mes pasado, más de un centenar de científicos le entregó una carta al presidente López Obrador para solicitarle que debiera analizarse el tema antes de legislar o emitir un decreto para prohibir los transgénicos (El Financiero. 31.07.2019). Desde luego, también está la petición contraria para urgirle la expedición de un decreto, encabezada por comunidades mayas.
Entonces, si como dijo la Corte, la federación tendrá la regulación de la bioseguridad (control y monitoreo de las actividades con OGM) y la distribución de competencias entre las entidades federativas, es un tema ineludible para lo que será la próxima Ley General de Ciencia y Tecnología. No se puede resolver unilateralmente o centralizando como si fuera una ley federal; tampoco sin discutir a fondo el tema y las diversas posiciones al respecto.
Pie de página: Ahí viene la escaramuza con los programas de posgrado y las becas respectivas.
