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El derecho a gozar de los beneficios de la ciencia
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 799, pp. 5 [2019-05-02]
 

Los reflectores sobre la actual modificación al artículo 3º constitucional se han dirigido principalmente al controvertido y todavía irresuelto decimosexto transitorio de la reforma propuesta. Un tema nada menor porque se refiere al mecanismo de ingreso, promoción y reconocimiento de la profesión docente.

Al momento de escribir estas líneas falta la aprobación de la Cámara de Senadores y luego su paso a los congresos estatales, al menos la mitad, para que la reforma entre en vigor. Si las modificaciones quedan en los términos propuestos, la resolución sobre el decimosexto el problema se diferirá porque su precisión y alcance se trasladará a las leyes secundarias que están por elaborarse.

No obstante, la reforma al artículo 3º incluye otros cambios que no son nada menores, como el planteado en su fracción V. Ahí se incluye una modificación sustantiva en materia de ciencia y tecnología, respecto de lo que establece la Constitución vigente y también de lo que había propuesto la iniciativa original del propio presidente de la República, la que desencadenó el actual proceso de cambio.

En la norma vigente, la fracción V del artículo 3º, únicamente indica que el Estado “apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Además, en la fracción XXV del artículo 73 queda establecida la responsabilidad y facultad del Congreso para legislar sobre las instituciones de investigación científica.

En el proyecto de reforma de AMLO, el que envió el 12 de diciembre del año pasado, proponía para la misma fracción V: “El Estado incentivará la investigación científica y tecnológica que se realice en el país, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura como un principio al que todos los mexicanos tienen derecho”. Es decir, básicamente, intercambió la palabra “apoyará” por “incentivará” y añadió la difusión de la cultura como principio. La fracción XXV del artículo 73 quedaba en los mismos términos.

Por su parte, la Red Educación Derechos, en febrero de este año, presentó una propuesta alternativa, la cual fue respaldada por el bloque opositor de partidos en la Cámara de Diputados. Sobre la misma fracción V, la propuesta de la Red proponía modificaciones sustanciales y de diverso alcance.

Ahí se anotó: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado incentivará la investigación científica, humanística y tecnológica, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezca la ley. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º”.

Esto es, quedaba indicado el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y se precisaba que el Estado debía proveer los recursos y estímulos con suficiencia conforme a la normatividad. Una diferencia notable, respecto de lo que establecía la norma vigente y la propuesta del presidente de la República.

En la propuesta se recuperaba no solamente lo que hace más de medio siglo está previsto en tratados internacionales, también lo que habían planteado iniciativas anteriores en el Congreso y especialmente la legislatura anterior en el Senado —en una entrega posterior haremos el recuento de proyectos. Finalmente, en marzo pasado, el dictamen de las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, sobre la misma fracción V recuperó, casi en los mismos términos la propuesta de la Red. “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella...”

Es decir, esencialmente, sólo añade lo concerniente a la garantía al acceso abierto a la información. El dictamen, después de semanas de encuentros ríspidos e inconformidades, fue aprobado el pasado 24 de abril por la Cámara de Diputados y seguramente también lo hará de los Senadores. ¿Hubo otras propuestas de reforma en la materia? Sí, pero no las que ahora se mencionan ni se adjudican correctamente. A ello iremos en detalle en una siguiente entrega.

Por lo pronto parece que estará garantizado el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Nada menos.

Pie de página: Nada parece conmover a los que prolongan la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. No las pérdidas materiales, ni los proyectos truncos, tampoco los días sin clase para casi 60 mil alumnos, los salarios del personal y menos los sueños de todos. Sí, refleja una grave indolencia de las autoridades.


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