La búsqueda de autonomía se extiende en la historia misma de la institución universitaria y el debate asoma en la arena pública cada tanto, casi siempre anticipando una cambiante relación con el poder o para establcer nuevas reglas de juego. Ahora, otra vez parece configurarse la intención de un cambio, no sobre la base de interpretaciones de la norma vigente de la autonomía, como ocurrió hace tres décadas, más bien bajo la idea de cambiar la norma misma. Una diferencia notable.

En México, la ocasión más reciente de verificación de una extendida polémica sobre autonomía en el conjunto de universidades fue al final de los años ochenta y el comienzo de los noventa. Por supuesto, han existido fechas periódicas de conmemoración en las que adquiere alta visibilidad pública, también cuando se elevó a rango constitucional hace casi cuarenta años o en el 2009 cuando se pronunció la Suprema Corte. Sin embargo, fue hace casi tres décadas cuando operó un giro en la relación entre las universidades y el Estado.

El contexto de aquellos años fue un amplio reproche sobre el desempeño de la universidad pública. Ahí comenzaron las acusaciones sobre su ineficiencia, los magros resultados, el alto costo de su sostenimiento, las formas de gestión, el comportamiento dispendioso en el que incurrían y, muy especialmente, un señalamiento generalizado sobre la baja calidad del conjunto institucional. El tema de la calidad ocupó el primer lugar en los imperativos de transformación de las instituciones universitarias en México y también era uno de los puntos que encabezaban la agenda internacional de los sistemas educativos. Además, a la visión sombría de la educación universitaria en el sector público, se le opuso un efectivo panorama del sector particular, su mejor desempeño y también cobró impulso su expansión.

Por cierto, muy pocas evidencias se ofrecieron sobre las muy variadas acusaciones hacia la universidad pública, pero en la percepción pública quedó instalada la imagen de universidades públicas opacas, pesadas, ineficaces, egresados con preparación profesional deficiente y muy escasas expectativas sobre su desempeño.

Tal vez una de las pocas evaluaciones de la educación superior en México y especialmente de las universidades públicas, en aquel entonces, fue la realizada por el Council for Educational Development. La evaluación fue a solicitud de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Educación Pública —y hoy director de la Comisión Federal de Eletricidad— y el equipo lo encabezó Phillip Coombs, por eso el documento que presentaron se le conoció como el Informe Coombs.

El tema de la “dirección y administración” de las universidades fue uno más de la docena que destacaron en la evaluación de aquel entonces y ahí mereció especial mención el punto de los “límites de la autonomía”. En el informe hicieron notar el exceso de facultades discrecionales en la administración de las universidades, la cual se había complicado más por una interpretación extrema de la autonomía.

En consecuencia, se anotó en el reporte, la autonomía tiene límites e impone deberes y responsabilidades, “porque la autonomía nunca es total”. Por ejemplo, indicaron, las universidades tienen la obligación de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, así como transparentar de qué forma los utilizan y cómo se planea hacerlo en el futuro. No cambió la norma constitucional, pero desde entonces las universidades, si recibirían recursos públicos, debían justificarse con base en sus resultados e ingresar a un esquema de rendición de cuentas. Lo hicieron.

Ahora, sin embargo, parece estar en juego la normatividad misma sobre autonomía. Primero fue la eliminación de la fracción VII del artículo 3º constitucional vigente, donde se establece el sentido de la autonomía universitaria, en la iniciativa de reforma que envió el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del año pasado. Fue un error que se enmendará, dijeron legisladores y autoridades educativas. El dictamen recuperó la fracción, pero la iniciativa sigue en suspenso y la duda quedó sembrada.

Recientemente, otras universidades públicas autónomas como la de Baja California Sur y Estado de México, y más antes las de Hidalgo y Veracruz, han expresado su inconformidad porque sus respectivos congresos o autoridades locales intentan, o han buscado, modificar las leyes orgánicas que las rigen sin considerar su participación y contraviniendo los que establece el todavía vigente artículo 3º constitucional.

El asunto es si estamos ante el comienzo de un movimiento dirigido a modificar la autonomía universitaria estipulada en la Constitución o es solamente una escaramuza en el marco de próximas regulaciones en el sistema de educación superior.

Pie de página: El presupuesto para este año del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones brasileño se reducirá casi a la mitad de lo que recibió el año pasado.