La reforma de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales sigue en vilo, por lo menos así era hasta el lunes de esta semana. A pesar de que las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen correspondiente el pasado 27 de marzo, el proyecto no se discute en el pleno porque se oponen rotundamente profesores de la CNTE.

En realidad, el rechazo no es generalizado a todos los componentes de la reforma. De hecho, la mayoría son más bien subestimados o aparecen de forma marginal en el debate público. Ahí no tiene relevancia el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que plantea la reforma, tampoco el principio de inclusión, la interculturalidad, el mejoramiento de la educación, el desarrollo sostenible o el derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones. Sí, esto último como propone la fracción V del artículo 3º constitucional en el proyecto de dictamen.

La disputa se centra básicamente en dos aspectos: las características y funciones del organismo que estaría encargado de la cordinación del nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y, muy especialmente, el dominio de las plazas docentes. Eso parece ser lo importante; lo demás es lo menos y ocuparán un lugar como quiera que sea.

Los profesores exigen eliminar cualquier mención a lo laboral en la reforma del artículo 3º, ser regulados solamente por el apartado B del artículo 123 constitucional y la correspondiente ley reglamentaria (capítulo II), para que siga operando el sistema de control y asignación de plazas previo a la reforma del 2013. El dictamen, por su parte, establece en el artículo 3º constitucional que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente será a través de procesos de selección. Sin duda los aspectos en disputa son asuntos críticos por el efecto que pueden tener en el funcionamiento del sistema educativo nacional y en el control de las plazas. Una diferencia notable si el Estado es quien decide la asignación de las plazas o si comparte esa responsabilidad con el sindicato. Por ahora es difícil anticipar cómo se resolverá el problema y cuánto tiempo podría llevar.

El legislador Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, ha dicho que el dictamen se llevará al pleno “hasta que se agote el diálogo con la CNTE y los grupos parlamentarios, y se llegue a un acuerdo con amplio consenso” (Boletín 1777. 01.04.2019). Así que no hay fecha.

Lo paradójico es que los asuntos en disputa eclipsaron el resto de componentes de la reforma en curso. Después de todo, el artículo 3° es el marco que regula lo correspondiente a la educación en México; ahí están los principios y las bases, es el precepto en donde se establecen los mecanismos y políticas que orientan la educación.

Por la misma razón, conviene no subestimar o soslayar los diferentes contenidos en la propuesta de reforma. El proyecto de decreto del artículo 3º incluye una modificación relevante a la actual fracción V, la cual podría significar un renovado impulso al desarrollo científico y tecnológico nacional.

La Constitución vigente, en el último renglón de la fracción V del artículo 3º, solamente menciona que el Estado “apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. A su vez, la fracción XXV del artículo 73 también señala la facultad del Congreso para legislar sobre las instituciones de investigación científica. Eso es todo.

Por su parte, en el proyecto de reforma que está por discutirse, se propone en la fracción V: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Una modificación que, plantea el dictamen, retoma diferentes propuestas que se han formulado en el Congreso, ofrece un marco para la ley secundaria y actualiza el marco jurídico mexicano conforme lo que establecen tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

Todo importa en la reforma en marcha, no solamente los grandes temas en disputa que generan controversia y acaparan la atención mediática.

Pie de página: No, tampoco se suspende el programa de Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología. El programa ya está en línea y tiene nuevas reglas.