Una vez más regresa el tema de la gratuidad de la educación a la discusión pública y a un eventual programa de gobierno. Ahora sobre el tipo superior y lo inicio una propuesta del ejecutivo federal de reforma al artículo 3º constitucional. La iniciativa, junto con otras, se discute en el Congreso. Un cambio en el artículo de referencia podría ser definitorio para el sistema de educación superior nacional y para la distribución de los recursos financieros.
En el 2012, recordemos, un cambio al mismo artículo, estableció la obligatoriedad de la educación media superior y en artículo transitorio se añadió que se realizaría de forma gradual a partir del ciclo escolar 2012-2013 y se alcanzaría la cobertura total en el ciclo 2021-2022. En el mismo transitorio quedó indicado, explícitamente, la obligación y deber del Estado de garantizarle un lugar a todos los jóvenes del grupo de edad que concluyeran su educación básica.
Las cifras oficiales dicen que en el ciclo escolar 2017-2018, la educación media superior escolarizada alcanzó una cobertura de 78.5 por ciento. Claro, si se suma la matrícula de la modalidad no escolarizada (Prepa en línea y Prepa abierta, por ejemplo) la cobertura total llega al 85 por ciento. En general, en todo el periodo de la administración anterior, la media superior amplió su cobertura en 12.5 puntos porcentuales (pasó de 66 a 78.5 por ciento). Si tomamos solamente la modalidad escolarizada, todavía queda un importante trecho para lograr una cobertura universal.
El caso es que, a partir del 2012, la obligatoriedad está prevista desde la educación preescolar hasta la media superior. Es un cambio normativo importante que le sumó a los existentes seis años de primaria, nueve años más de educación obligatoria y lo hizo en el último cuarto de siglo. La tendencia del ordenamiento jurídico nacional, y de los instrumentos jurídicos internacionales, es a la instauración progresiva de la gratuidad. Ahora, el desafío podría ser mayor si le sumamos la obligatoriedad de la educación superior.
Sin duda, es sumamente deseable la iniciativa de llevar la gratuidad y la obligatoriedad para la educación de tipo superior. En México, si nos atenemos a las cifras oficiales, solamente poco más de un tercio del grupo de jóvenes en edad de cursar estudios superiores, tiene acceso a los recintos universitarios. Es una proporción reducida y es más grave si consideramos que las oportunidades se cortan por la desigualdad: los jóvenes provenientes de familias con posiciones socioeconómicas favorables tienen mayor y mejor posibilidad de obtener un lugar en la institución en la que desean y, por el contrario, los jóvenes desfavorecidos no encuentran acomodo y si lo encuentran no es en donde ellos quisieran estar.
Así que el problema no solamente se reduce al acceso. No es ofrecerles un lugar, cualquier lugar, a los jóvenes. Al menos debiera ser uno que se asemeja al que ellos tienen en su horizonte de aspiración, uno que desean y que reúne condiciones básicas de infraestructura institucional, oferta educativa, formación profesional estructurada y, muy especialmente, resultados académicos que les permitirán desempeñarse en el mercado laboral. En caso contrario, la formación recibida solamente reproducirá el círculo de las desigualdades.
El asunto es más complejo porque, a diferencia de los niveles previos, el sistema de educación superior en México se integra por un amplio y heterogéneo conjunto institucional, en donde coexisten establecimientos de tipo muy diverso: autónomos y no autónomos; sector público y sector particular; régimen federal o estatal; tecnológico, universitario, normal, entre muchos otros. Añadámosle, al conjunto anterior, la iniciativa de un nuevo subsistema: las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que ha planteado poner en marcha la actual administración.
Evidentemente, ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes requiere de mayores recursos financieros. Un tema nada menor a la vista del volumen de recursos que consideró el Presupuesto de Egresos de la Federación para la educación superior en este año. Efectivamente, después de resarcir el recorte original que traía la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el monto que aprobaron los diputados es similar al que recibió el sector en 2018.
El volumen de jóvenes en edad de cursar estudios superiores que hoy están fuera de las aulas, la heterogeneidad de condiciones del conjunto institucional y el presupuesto aprobado que recibirá el sector, no son los únicos escollos que habrán de salvarse para una eventual gratuidad de los servicios.
Al inicio del mes anterior, después de reiteradas solicitudes, el gobierno federal apoyó económicamente a ocho universidades públicas estatales que atraviesan severas dificultades. Lo más inquietante es que no son las únicas, por esos mismos días, el subsecretario de Educación Superior, informó que más de una treintena de universidades públicas tenían problemas financieros por casi 20 mil millones de pesos.
Sí, ese conjunto institucional podría hacerse cargo de la gratuidad. El desafío no es menor.
Pie de página: La iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías unifica posiciones en su contra y están ayudando los cuestionados nombramientos en la estructura de Conacyt.
