El periodo ha sido relativamente largo: va de julio de 2018 a enero de este año. En este lapso lo que hubo principalmente fueron declaraciones y pocos hechos en el sector de ciencia y tecnología. En este mes las cosas han cambiado y podrían cambiar todavía más.

A partir de la rueda de prensa que ofreció la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, el pasado 5 de febrero, las acciones a poner en marcha comenzaron a tomar forma, aunque todavía no se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Un tema nada menor es que todo parece transcurrir sin la opinión de los implicados.

La titular del todavía Conacyt dijo que los ejes que normarán las actividades del organismo serán: la ciencia de frontera, en lugar de ciencia básica (de hecho, unas semanas antes la refirió como la mal llamada ciencia básica); el desarrollo y la transferencia de tecnología; los programas nacionales estratégicos; y la construcción horizontal del conocimiento. Hasta ahí nada novedoso.

No obstante, lo que sí fue la primera sorpresa es que ahí mismo Álvarez Buylla anunció la desaparición de los Fondos Mixtos (Fomix). Estos fondos son uno de los instrumentos previstos en la legislación desde 1999 —aunque fue hasta la reforma del 2002 que comenzaron a materializarse— para incentivar la inversión y fomentar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. Los Fondos se constituyen a través de un monto aportado por la federación y otro de igual proporción por un estado o un municipio, y actualmente estaban operando en todas las entidades federativa y en tres municipios.

La otra sorpresa fue el aviso de que también se cancelaría el Programa de Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores. Reconoció que había sido un programa virtuoso porque había sido una opción para los jóvenes en busca de una oportunidad laboral. No obstante, dijo que: “se atendió de una manera parchada e insostenible. Hoy tenemos colgados de la nómina a 1500 catedráticos, eso tiene que cambiar” (Boletín AMC/024/19. 05.02.2019).

El anuncio rápidamente fue registrado en las redes sociales y la reacción de los jóvenes que pertenecen al programa no se hizo esperar. En general, la inconformidad fue porque parecía como si estuvieran ocupando una posición inmerecida y sin mayor razón estuvieran “colgados” de la nómina del organismo, así que una buena parte comenzaron a destacar sus perfiles, actividades y logros. De hecho, la titular del Conacyt, a través de su cuenta personal en Twitter tuvo que aclarar que el acuerdo se sostendría, los habían puesto en la nómina de Conacyt, “cuando merecen una plaza académica real”.

En la rueda de prensa no lo pareció, pero el aviso más importante fue el relativo al cambio de nombre del Conacyt. La intención de que ahora se llamara Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías ya se conocía desde el periodo de transición. Lo que no estaba claro es que eso podría ser el comienzo de un vuelco al marco normativo de todo el sistema de ciencia y tecnología.

El mismo 5 de febrero, la directora de Conacyt informó que la propuesta de cambio de nombre del organismo ya se encontraba en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja, presidida por la diputada Marivel Solís Barrera, por lo que solamente restaría la aprobación. Al día siguiente apareció en las redes sociales el anteproyecto de ley que incluía la nueva denominación y, de forma notable, un rediseño completo del sistema nacional de ciencia y tecnología.

La filtración del anteproyecto fue tomado con reserva porque podía ser un documento falso o no corresponder a la última versión. Pero sí, la misma propuesta apareció registrada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 8 de febrero. Lo sorprendente es que no estaba a nombre de la legisladora Marivel Solís, ni fue en la Cámara de Diputados, como lo había adelantado Álvarez Buylla. La iniciativa fue presentada en la cámara alta por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

El proyecto se denomina: Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Adicionalmente, la misma iniciativa incluye reformas y adiciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. La primera tiene una amplia exposición de motivos (casi la mitad de la iniciativa), suma 87 artículos, distribuidos en nueve títulos.

En entregas posteriores examinaremos el contenido del proyecto de ley. Por ahora, solamente mencionemos que propone un fuerte golpe de timón en la conducción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, centraliza recursos y funciones, y desaparece diferentes órganos de gobernanza del sector. Nada menos.

La ley todavía no se discute y mucho menos está aprobada. Lo inquietante es que llegó a la Cámara sin consultar a la comunidad académica ni a los sectores implicados. La recepción no está siendo nada buena y muy difícilmente será aceptada como marco de regulación. Es la hora de hacer efectivo el parlamento abierto.

Pie de página: La actual fracción V del artículo 3º constitucional prevé el apoyo a la investigación científica y tecnológica. Ahora está en discusión una amplia reforma del mismo artículo, ¿cómo lo resolverá la ley reglamentaria del sector que también se quiere discutir?