Difícil que el presupuesto 2019 para la Ciudad de México (CDMX) cumpliera lo que le mandata su primera Constitución Política. También era poco probable que la principal norma de regulación de la administración local se planteara la posibilidad de establecer un Instituto desconcertado de una Secretaría. Así fue.

La Constitución Política de la CDMX apenas entró en vigor en septiembre del año pasado y, entre otros derechos y garantías, establece que toda la educación pública local “será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”. En el mismo artículo 8, en diferente apartado, considera que habrá una partida para ciencia y tecnología que no puede ser inferior al dos por ciento del presupuesto de la Ciudad.

Por lo pronto, en 2019, el presupuesto para educación no registra variación respecto de los años previos (alrededor del 3.5 por ciento del presupuesto total de la Ciudad). Seguramente porque el apartado B de la Constitución local nada mencionó sobre descentralizar la educación y porque la prestación del servicio educativo (inicial, básica e indígena) sigue siendo una responsabilidad del gobierno federal. Así seguirá mientras no se acuerde lo que dice el artículo cuarto transitorio de la Ley general de educación (por cierto, un tránsito que lleva 25 años, y sumando).

El presupuesto para el sector de ciencia y tecnología tuvo una variación, pero no exactamente en el sentido marcado por la norma constitucional. En realidad es algo paradójico. El primer año que pudo llevarse a efecto o aproximarse a lo que dispone la Constitución en la materia, fue cuando dejó de existir la Secretaría que se encargaba del sector.

El dictamen de comisiones unidas de los diputados locales dice que la fusión de las dos secretarías en una sola (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación), no solamente es un asunto de austeridad y racionalidad en el gasto público, se debe principalmente a la indisoluble relación entre ambas.

Además, dice el mismo dictamen, llegaron a la conclusión de que muchas de las actividades que realizaba la Secretaría de Ciencia, “las puede retomar la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, a través de una Subsecretaría” (Gaceta Parlamentaria. Año 1. No. 41. 13.12.2018). Puede ser, la existencia de una dependencia administrativa no garantiza, necesariamente, la efectividad y relevancia del sector que coordina, depende de sus capacidades y el programa de trabajo que desarrolle.

Sin embargo, en cualquiera de los casos, la fusión de secretarías no exime de cumplir lo que prevé la Constitución actual en materia de financiamiento: “En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad” (numeral 6 del Apartado C del artículo 8 de la Constitución de la CDMX).

En el año 2015, el presupuesto para CDMX fue de 169 mil millones de pesos y al sector de ciencia y tecnología le asignaron 344 millones de pesos. En 2018 las cifras ya registraban un incremento (26 y 14 por ciento, respectivamente). En este año, el total de gasto para la Ciudad es de 234 mil millones de pesos y el destinado para ciencia y tecnología es de 359 millones de pesos.

Lo inquietante es que, en todos los años, la participación relativa del gasto para ciencia y tecnología, respecto del gasto total, viene disminuyendo: en 2015 representó el 0.20 por ciento; en 2018 el 0.18 por ciento; y en este año el 0.15 por ciento. El porcentaje, como es evidente, se ha deslizado hacia abajo y se aleja cada vez más de lo que le marca la Constitución.

El ajuste en la estructura de la administración pública local fue relativamente amplio y profundo (fusionó las secretarías de Educación y Ciencia; el Instituto de la Mujer se transformó en Secretaría; la Secretaría de Desarrollo Rural se transformó en la Secretaría de Pueblos Indígenas; la de Desarrollo Social cambió a Inclusión y Bienestar Social, por ejemplo).

Todos estos cambios quedaron registrados en la recientemente aprobada “Ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México”. Lo sorprendente es que un artículo transitorio de esa misma ley dice que el gobierno capitalino: “procurará una vez evaluados elementos de austeridad y eficiencia del gasto la creación de un Instituto que de manera desconcertada (sic) a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación realice de manera coordinada al (sic) programación, ejecución, evaluación y verificación de aquellas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación” (Gaceta oficial de CDMX. No. 471 Bis. 13.12.2018: 65)

¿Una coordinación desconcertada? Vaya, probablemente se trata de un error. Si no lo es, será un retorno a la génesis de lo que fue la hoy inexistente Secretaría.

Pie de página: Una década después, el reciente estudio de la OCDE vuelve a destacar: “A pesar de los aumentos reales, el gasto gubernamental por estudiante en IES públicas en México no ha seguido el ritmo del crecimiento de la matrícula en los últimos años. Si se pretende que las IES públicas sigan dependiendo de fondos públicos, se requeriría una inversión gubernamental adicional...” (OCDE. El futuro de la educación en México. Promoviendo equidad y calidad).