La solución de los problemas de la educación superior representa un apoyo decidido para girar de rumbo con justicia, a un estadio del desarrollo nacional con bienestar para la mayoría. Sin duda, para que el cambio tenga éxito, se necesita de una buena educación superior.

Los errores en el presupuesto 2019 y la inesperada exclusión de la fracción VII del 3º Constitucional, no fueron buenas señales. Recientemente, el Secretario de Educación declaró que no existe una política de Estado para la educación superior, y que se está elaborando una nueva ley para crear un marco legal que responda a las políticas que se piensan aplicar.

Con motivo de la elaboración de nuevas políticas, retomaré algunos puntos.

1. Comienzo por señalar que el sistema de educación superior es heterogéneo, compuesto por más de una decena de segmentos, cada uno de los cuales tiene características propias que demandan normas específicas, a partir de lo que apruebe el Congreso. El marco normativo debe contemplar las diferencias y, al mismo tiempo, permitir la coordinación del conjunto del sistema.

2. Con varios colegas he platicado sobre los posibles intentos para limitar o reducir la autonomía. No es un tema en el que las autoridades gubernamentales se sientan a gusto. Pero, si de cambiar se trata, debe haber un respeto absoluto a la autonomía plena, entre otras cosas, porque va relacionada directamente con el carácter público de las universidades y con la libertad para hacer la academia, libertad que es fortaleza de todo régimen democrático.

3. Las políticas oficiales deben abrir un espacio para que los universitarios pensemos cómo modificar la organización y la forma de gobierno de las universidades autónomas, orientando el cambio hacia el logro de una administración al servicio de la academia, con eficacia.

Los cambios políticos, fuera y dentro de las instituciones, deben servir para crear un clima académico menos rígido, de colaboración y confianza, con cohesión e identidad institucional. También, para plantear cómo restarle grados al centralismo, lograr una mayor participación de la comunidad en las decisiones académicas, y un manejo de recursos que elimine lo superfluo y brinde más posibilidades financieras a la docencia y la investigación.

Es indispensable establecer un régimen de trabajo que elimine el carácter productivista del actual y favorezca la cooperación, el esfuerzo colectivo, la creatividad y la innovación, lo cual será apropiado para enfrentar las nuevas demandas de la sociedad.

4. En la educación superior habrá que vincular más a las instituciones universitarias, entre sí y con la sociedad, difundir conocimiento con medios masivos, sobre temas de interés social, ir a educar fuera del campus, fomentar las bases de apoyo ciudadano a las instituciones, ganar prestigio y estabilidad política en la esfera pública. Es imperativo, además, que las instituciones tengan una política comunicativa hacia el campus y hacia la sociedad.

5. No hay todavía una política de Estado, pero sí hay enunciados políticos del nuevo gobierno. Se desea elevar la cobertura. Tal objetivo debe contemplarse en un plazo que permita contar con profesores e instalaciones adecuadas.

En los últimos doce años la cobertura aumentó un 12%, para fijarse en 37%. Llevarla al 50% hasta 2024, es todo un reto, (al que ayudarán los cambios demográficos), entre otras cosas, porque requiere recursos financieros. Hay 20 estados de la República que no alcanzan el promedio de cobertura nacional.

También ayudará la creación de las 100 universidades en municipios marginados, dará oportunidades de estudio a muchos jóvenes. Pero la inclusión se logra cuando se les da buena educación para satisfacer sus necesidades y las de su entorno, y se les educa para ser ciudadanos razonables. 6. La semana pasada se difundió que la mitad de los egresados de la educación superior no trabaja en asuntos relacionados con su carrera. Y que esto ocurre porque el mercado demanda requisitos de conocimiento que ellos no cumplen. Ciertamente, habrá que apretar el paso para que la calidad de la educación sea mejor y para que la oferta sea apropiada a los requerimientos de la sociedad.

Por ahora, los desajustes entre la educación superior y el mercado laboral han tenido que ver con la falta de puestos calificados, con una política salarial inadecuada para el trabajo profesional, la falta de dinamismo de la economía y la contracción del mercado laboral, entre otras cosas. Es incorrecto cargarle las culpas al sistema educativo.

7. Es menester la existencia de un organismo independiente que elabore información de los indicadores que interesen para evaluar las políticas, y que sea de acceso al público.

Lo dicho aquí toca, apenas, una parte de lo que debe considerar la política de Estado. Pero, en el Seminario de Educación Superior de la UNAM, hay muchos trabajos sobre el tema de las políticas públicas para este nivel educativo que valdría la pena consultar para su elaboración y evaluación.