En 2005 se publicó "The Investment Pay-off: A 50 State Analysis of the Public and Private Benefits of Higher Education", reporte preparado por el Institute for Higher Education Policy. El documento contiene datos que demuestran en qué aspectos y dimensiones la inversión en educación superior se convierte en bienes públicos y en beneficios para las personas. Orientado al público estadounidense, el estudio ofrece un panorama estadístico nacional y un desglose comparativo por estados.

Quizás lo más interesante del trabajo es su metodología. El modelo que organiza el estudio contiene variables e indicadores que miden impactos sociales e individuales de la educación superior. Con respecto a los individuales se toman en cuenta, por un lado, los ingresos de las personas que cuentan con educación superior en comparación con los ingresos del resto de la población ocupada. Por otro, el nivel de empleo-desempleo del conjunto de egresados universitarios. Finalmente, se toma en cuenta el indicador "salud personal", siguiendo la hipótesis según la cual mientras más educada la persona, mayor el grado de atención y recursos que puede dedicar a su propia salud.

Del lado de los beneficios sociales, el estudio analiza tres aspectos. Primero, el nivel en que la población con educación superior libera al Estado de la carga fiscal que representan los programas de asistencia social. Segundo, la contribución directa del grupo de profesionales a los programas sociales mediante la institución del voluntariado. Tercero, el comportamiento electoral de las personas con educación superior.

Según el reporte, la educación superior estadounidense se mantiene como un factor relevante para el mejoramiento de las condiciones de vida personales y sociales. Sobre la relación entre educación e ingresos, los datos de 2004 indican que, dentro de la población de mayores de 25 años, el segmento de personas con educación superior terminada obtiene un promedio de $47,417 dólares al año, mientras que el siguiente subconjunto, que contiene a los individuos con escolaridad de nivel medio superior percibe al año un promedio de $25,500 dólares. La diferencia entre contar o no con título universitario es muy significativa, y aunque los montos de ingresos varían notablemente entre estados, la proporción conserva simetría en todos ellos.

Del mismo modo, el nivel de desempleo en la población estadounidense de 25 años o más es de tres por ciento entre los profesionales, contra seis por ciento en el grupo de individuos con diploma de high-school (marzo 2004). También en este caso las variaciones interestatales son notables pero, con todo y fluctuaciones, se confirma que la posesión de título universitario disminuye en más de la mitad el riesgo de desempleo. Además se confirma que los graduados de las instituciones de educación superior cuentan con mejores condiciones para acudir a las regiones con mejores oportunidades de empleo y salario.

En cuanto al factor salud, combinado con la escolaridad, el reporte incluye datos provenientes de una encuesta nacional sobre autopercepción de la salud personal. Más del 90 por ciento de quienes cuentan con educación superior se adscribieron a las categorías de "buena", "muy buena" y "excelente" salud. En algunos estados la proporción supera el 95 por ciento. En el siguiente grupo (personas con educación media superior concluida) la percepción de buena salud oscila entre el 80 y el 85 por ciento, y el promedio de la población de 25 años o más recae en el intervalo de 60 a 70 por ciento.

También se indica que el grupo de máxima escolaridad es el más activo en actividades sociales voluntarias. Más del 35 por ciento de los egresados universitarios informó haber participado en actividades voluntarias en algún punto de su trayectoria. La proporción de "voluntarios" en el grupo con escolaridad media cae a 23 por ciento y se vuelve mínima en el resto de la población adulta. El reporte agrega que menos del uno por ciento de los universitarios recibieron algún tipo de "asistencia social" en 2003. Aunque esa estadística no incluye al programa de compensación por desempleo ni a los programas de salud pública, de cualquier manera la proporción de graduados universitarios como carga para la asistencia social es marginal.

Por último, el informe afirma que el 76 por ciento de los profesionales votó en la elección presidencial de 2000, lo que supera en más de 25 puntos el promedio nacional para todas las escolaridades.