La Mesa de la Cámara aprobó para el año próximo un monto de 200 mil euros para una oficina de ciencia y tecnología en el parlamento. Esto ocurrió la semana pasada: “los principales grupos políticos de la cámara alcanzaron un raro consenso para crear esta oficina, cuyo presupuesto aparece en el capítulo de gastos de personal” (El País. 10.12.2018).

Una oficina que ofrecerá información no partidista a los diputados, siempre sobre la base de evidencias científicas, con el fin de enriquecer el debate político y ofrecer elementos para la toma de decisión. Pero no, no se trata del Congreso mexicano, es el caso de España y es la mesa que preside Ana Pastor.

Lo sorprendente es que, en el caso de México, la discusión sobre la instauración de una instancia con esas características se dio desde el 2015 en el Senado, a propuesta de José Franco, el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). A partir de esa fecha acordaron su creación y la denominaron Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU). En el país europeo la creación de la oficina todavía no es un hecho, porque todo el presupuesto del Estado español está en negociación, será cosa de cuadrar cifras y ver si se sostiene el respaldo a la iniciativa. Sin embargo, los legisladores, espoleados por la campaña de un grupo de científicos (“Ciencia en el Parlamento”), reconocieron que España era una de las pocas naciones que no contaba con un organismo de ese tipo y ya era momento de rectificar.

En México, de acuerdo con el sitio electrónico de INCyTU, la oficina es operada por el FCCyT y, bien a bien, comenzó a funcionar el año pasado. Tomó como modelo la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido (Parlamentary Office of Science and Technology, POST). Un organismo creado para asesorar y prestar diferentes servicios a los legisladores (Lores y Comunes). A la fecha, la información y documentos de esa oficina son altamente valorados.

En estricto sentido, la oficina mexicana no siguió el mismo modelo de la nación europea, tanto por la estructura administrativa como por la disposición de servicios, aunque sí comparte el mismo fin de acercar a los legisladores información relevante, basada en investigación científica para la elaboración de políticas públicas. La misma Oficina declara que sus tareas principales son: proporcionar información, análisis y asesoría en diferentes áreas de especialidad, así como interpretar y analizar temas de interés legislativo y difundir el conocimiento científico y tecnológico.

En realidad, la actividad pública de INCyTU se ha limitado a una veintena de notas informativas breves sobre variados temas. La primer nota fue elaborada en agosto de 2016 y fue sobre el interés público de los macrodatos (Big Data). La idea de las notas es presentar información dura sobre un tema-problema y las posiciones de distintos actores. Tal vez el trabajo de INCyTU ha sido relevante para algunos legisladores, pero no ha trascendido públicamente.

Quizás la mayor exposición pública del trabajo de INCyTU fue a propósito de la reciente controversia suscitada por la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y la consulta ciudadana que se llevó a efecto. En vísperas de la consulta, la Oficina difundió un documento de 16 páginas —más extenso que las 5 o 6 páginas de las notas anteriores— en el que sintetizó los reportes que existían sobre la obra que estaba en marcha en Texcoco y sobre la opción de Santa Lucía, los principales puntos a considerar y unas ilustrativas tablas de comparación.

En fin, el asunto vuelve a cobrar relevancia porque este sábado 15 de diciembre, a más tardar, el gobierno federal deberá presentar ante el Congreso el paquete económico para 2019 y ahí quedará trazado qué hará y qué no el nuevo gobierno. Todo, o casi todo, lo que se ha especulado quedará finalmente despejado. El dinero, como siempre, es la pista infalible.

Ahora, sin embargo, una marea de austeridad se viene sobre la función pública y tal parece que de la voracidad, el dispendio y el lujo, pasaremos a la restricción sin medida, el ahorro asfixiante y la escasez de lo básico. El desenfreno en el gasto de los recursos públicos era insultante, pero en el servicio público, no podemos prescindir de los avances en materia de conocimiento técnico para la toma redecisiones, menos de lo elemental para un trabajo altamente profesionalizado.

Está en ciernes la aprobación de normas de austeridad para el gasto público y serán de observancia para los poderes de la Unión y para todos los órganos constitucionales autónomos. Nada que reprochar a un principio de racionalidad en el gasto. Sin embargo, algunos de los avances en la creación de órganos de trabajo especializado (como INCyTU y otras muchas actividades) hoy comienzan a percibirse como superfluos e innecesarios. Sería una verdadera lástima caer en la improvisación, los hechos alternativos como justificación y desdeñar el conocimiento técnico. Ordenar el servicio público no está nada mal, aunque si nos vamos al extremo opuesto, seguramente la marea de la austeridad arrasará con todo, tanto lo bueno como lo malo. Ojalá no.

Pie de página: El nombre de Conacyt en el edificio de insurgentes sur sigue igual, todavía no aparece la “h”. Tal vez es muy temprano.