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La cacería de brujas de Jair Bolsonaro
Marion Lloyd
Campus Milenio Núm. 778, pp. 10-11 [2018-11-08]
 

Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, no solo representa una amenaza para la democracia, las mujeres, los afrobrasileños, los indígenas y el Amazonas. La elección del populista de ultraderecha, ex militar y apologista de la dictadura, el pasado 28 de octubre, también es un duro golpe para la educación superior brasileña.

Durante su campaña, Bolsonaro amagó con combatir la libertad académica para dar fin al “proselitismo marxista”. Asimismo, amenazó con revertir las políticas de acción afirmativa (también llamadas de discriminación positiva) más ambiciosas del hemisferio occidental. Las medidas compensatorias, que fueron implementadas en las primeras universidades en 2003 para después extenderse a nivel nacional, reservan la mitad de los lugares en muchas instituciones para estudiantes pobres y afrobrasileños.

Bolsonaro, quien fungió como diputado federal durante siete periodos consecutivos, también prometió implementar recortes masivos a la educación superior. En su lugar, busca expandir el sistema de bachillerato tecnológico y traerlo bajo control del ejército. La propuesta refleja la visión de Bolsonaro de que “no todos deben ir a la universidad”.

Ya como presidente electo, él anunció planes para fusionar los Ministerios de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación, una medida de austeridad que pone en riesgo el papel de Brasil como el mayor productor de ciencia en América Latina. Antes de sumergirse en una recesión económica en 2015, Brasil gastó 1.3 por ciento del PIB en investigación científica y tecnológica—por mucho la mayor inversión de los países de la región.

Quizás más preocupante aún es la campaña en contra de la libertad de expresión, cuyo principal blanco son los profesores. Después de derrotar por 10 puntos al izquierdista Fernando Haddad, Bolsonaro y sus seguidores han lanzado una cacería de brujas en contra de supuestos marxistas y críticos del presidente electo dentro de las universidades y escuelas del país.

El 30 de octubre, una joven legisladora del Partido Social Liberal de Bolsonaro inició una campaña en Facebook, incitando a los estudiantes a denunciar a los profesores que se quejen de la victoria del candidato derechista. Ana Campagnolo, una maestra de historia recién electa al congreso del estado sureño de Santa Catarina, invitó a sus más de 70 mil seguidores en las redes sociales a subir videos de “profesores adoctrinadores”. El mismo día, empezó a circular un video de Bolsonaro en YouTube, en donde amagaba contra los profesores que “lavan el cerebro” de sus estudiantes.

El combate al “proselitismo ilegal” comenzó durante la campaña electoral, cuando la policía militar irrumpió en aulas universitarias y confiscó material electoral a favor de Haddad. La policía presuntamente actuó bajo órdenes del presidente saliente, el conservador Michel Temer. En un caso, la policía prohibió una ponencia titulada “combatiendo el fascismo”—una referencia clara a la campaña de Bolsonaro—en la Universidad Federal de Grande Dourados. Mientras tanto, en la Universidad Federal de Campina Grande, se incautaron copias de un manifiesto por parte de una asociación de profesores a favor de la universidad pública y la libertad de expresión.

Para muchos académicos, la campaña evoca un déjà vu de la dictadura militar de 1964 a 1985. Durante el periodo, cientos de militantes de izquierda (muchos de ellos profesores y estudiantes) fueron asesinados y miles fueron torturados, encarcelados y mandado al exilio. Los gobiernos militares también reprimieron la libertad de expresión, reescribieron los textos de historia brasileña e introdujeron materias obligatorias en el sistema escolar público a favor del régimen.

Tal escenario ya no parece tan lejano. La semana pasada, partidarios de Bolsonaro invadieron una reunión del sindicato de profesores en Santa Catarina con gritos de “Viva Pinochet”, en referencia al ex dictador chileno. Los invasores dijeron tener el apoyo de la policía y amenazaron con “fiscalizar” al sindicato, en represalia por el respaldo que dieron los maestros a Haddad. En un video diseminado por los medios, se escucha a uno de los participantes gritar: “Yo apoyo a Pinochet porque mató a los que tenía que matar”. A la vez, docenas de personas han subido videos a YouTube de profesores hablando mal de Bolsonaro, en supuesta violación de las leyes electorales.

La campaña de censura forma parte de una batalla ideológica más amplia para ganar los corazones y mentes de los brasileños. Bajo Temer, el gobierno tomó medidas preliminares para reducir la influencia de las ciencias sociales y la filosofía en el sistema público escolar, en un intento por erradicar las llamadas “enseñanzas marxistas”.

En protesta, profesores en algunas de las mayores instituciones públicas de educación superior, incluyendo la Universidad de Brasilia y la Fundación João Pinheiro, en Minas Gerais, cancelaron clases la semana pasada. Los profesores dijeron tener miedo a ser agredidos por seguidores de Bolsonaro, o inclusive detenidos por la policía.

La campaña de Bolsonaro busca llegar mucho más lejos. Sus aliados en el Congreso presentaron una iniciativa de ley la semana pasada que implementaría un nuevo currículo bajo el lema de “escuela sin partido”. El programa volvería optativo todas las materias de ciencias sociales y filosofía, entre otras, y prohibiría las clases de educación sexual y estudios feministas en la educación pre-universitaria. También se reintroducirían las siguientes materias obligatorias de la dictadura: “educación cívica y moral” y “organización social y política”.

Por su parte, Bolsonaro es un declarado apologista del régimen militar. En agosto de 2016, le dedicó su voto a favor del desafuero de la ex presidenta Dilma Rousseff al general Carlos Ustra. Como responsable de la represión política bajo la dictadura, Ustra ordenó la tortura de Rousseff, quien en ese entonces era una joven guerrillera. La ex presidenta fue removida de su cargo en 2016 bajo acusaciones de “irregularidades presupuestales”, en lo que muchos brasileños consideran un golpe político orquestado desde la derecha.

Rousseff fue sucedida por su vicepresidente, Temer, quien se convirtió en enemigo político. También cayó víctima de la pugna política el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010). Lula fue encarcelado en abril bajo acusaciones de participar en la masiva red de corrupción política, conocido como el “lava jato” (lava coches en español). En septiembre, el Tribunal Federal Electoral descalificó la candidatura de Lula—el entonces favorito para la presidencia—, y éste nombró a Haddad como suplente.

No obstante, la suerte del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff ya estaba echada. Las pocas semanas de campaña que le quedaban a Haddad no fueron suficientes para frenar a Bolsonaro. El ex capitán logró captar a millones de brasileños que están desilusionados con la democracia, y, sobre todo, con la enorme corrupción de sus gobernantes. Bolsonaro armó una campaña populista de derecha, que invocaba los “buenos años” de la dictadura—una época que parece decidido a repetir.

El vicepresidente escogido por Bolsonaro, el general retirado Antônio Hamilton Mourão, ha propuesto romper y reescribir la Constitución de 1988, que inauguró la época más larga de democracia en la historia de Brasil. A su vez, su elección para Ministro de Economía, Paulo Guedes, vivió en Chile durante la dictadura militar (1973-1990) y ha propuesta implementar muchos de las mismas recetas neoliberales aplicados por Pinochet.

Tales políticas podrían tener un impacto mayúsculo y nocivo en la educación superior brasileña. Ya bajo el gobierno de Temer, se congeló el gasto social durante 20 años, incluyendo para las áreas de educación y salud, como parte de las radicales medidas de austeridad. Los recortes han pegado fuertemente a las universidades públicas y los centros de investigación, algunos de los cuales han perdido la mitad de su presupuesto en los últimos dos años.

Tales políticas representan un giro de 180 grados de la agenda progresista implementada por Lula y Rousseff. Haddad, un ex alcalde de Sao Paulo y también Ministro de Educación bajo Lula, promovió la implementación de políticas de acción afirmativa para estudiantes universitarios desfavorecidos. Hoy, la mitad de los lugares en las 63 universidades federales del país, además de grandes proporciones en las instituciones estatales y privadas, están reservados para afrobrasileños y egresados de preparatorias públicas. Ambos grupos tradicionalmente quedaron excluidos de las mejores universidades públicas, que fueron bastiones de la élite blanca. También bajo Lula y Rousseff, el gobierno triplicó el gasto en educación superior y mandó a 100 mil estudiantes de las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) a cursar estudios en el extranjero bajo el programa Ciencia sin Fronteras.

Bolsonaro ha prometido poner fin a las políticas de equidad. Sobre todo, se opone a las cuotas reservadas para afrobrasileños, quienes, según declaró en plena campaña, son “demasiado flojos hasta para procrear”. A su vez, su plataforma electoral propone una agenda privatizadora y pro industria, con énfasis en programas tecnológicos y a distancia e incubadoras de industria. No solo están en juego los avances en materia de acceso y equidad. Juzgando por la actual cacería de brujas, el impacto de la presidencia de Bolsonaro será devastador para la educación superior brasileña en su conjunto.


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