Un incremento en los recursos que reciben las dependencias gubernamentales o una mejora repentina de su infraestructura son siempre festejados. Sin embargo, no deja de ser perturbador e inquietante que la prosperidad provenga de lo ilícito. No es un asunto excepcional ni reciente. La creciente cantidad de bienes incautados o las sanciones impuestas van en aumento y lo estremecedor es que nos permiten asomarnos a esa ventana de la degradación social y tener un panorama que no queremos ver. Una dimensión de la corrupción, la impunidad y las graves fallas institucionales.
A nivel nacional, la primera vez que escuchamos hablar de “El Faunito” fue en 2016, a propósito de los escándalos de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Así se llama un fastuoso e impresionante rancho de alrededor de seis hectáreas, localizado en la carretera Fortín-Orizaba y sitio preferido de descanso de Duarte. El exmandatario, ahora preso, tuvo que abandonar el lujo y el confort para darse a la fuga. Después nos enteraríamos que tenía (¿o tiene?) cientos o miles de bienes dispersos en el territorio nacional y en el extranjero.
Ahora, de nueva cuenta, El Faunito vuelve a ser motivo de atención pública. El gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entregó en comodato esas instalaciones al Instituto Nacional de Ecología y al Conacyt para consagrarlo a “la ciencia, la cultura y el arte”. Así lo dijo el mandatario veracruzano y sí, seguramente será todo un privilegio contar con esa propiedad.
Seguramente, usted, estimado lector, debe recordar una situación relativamente parecida a la del rancho veracruzano. Fue en el sur de la Ciudad de México y ocurrió casi lo mismo con las instalaciones que actualmente ocupa la Academia Mexicana de Ciencias. La propiedad, conocida como “El Partenón” y también de más de seis hectáreas, perteneció a Arturo Durazo Moreno, exjefe de policía capitalino en el periodo de José López Portillo y acusado de graves y documentados casos de corrupción. Era el comienzo de los años ochenta y la “renovación moral” estaba en marcha. Pero no, nunca llegó.
Al paso del tiempo, tal vez los funcionarios públicos habrán refinado sus gustos, porque la mayoría coincide que El Faunito, a diferencia de “El Partenón”, por su diseño arquitectónico, decoración, instalaciones y obras de arte que contenía, es “elegante” y “distinguido”. Sin embargo, lo cierto es que ambos son uno de los productos más acabados de la insultante corrupción, el saqueo público, la desmesura y la ostentación.
En una escala menor, también están las sanciones que el Instituto Nacional Electoral le impone a los partidos políticos. Desde el 2005, en el Presupuesto de Egresos de la Federación queda establecido que el dinero recaudado por concepto de multas o sanciones a las fuerzas políticas sea canalizado directamente al Conacyt. La entrega sigue un procedimiento relativamente dilatado e incierto, tanto por la intervención de Tesorería de la Federación como por los recursos de inconformidad que interponen los partidos y cuya resolución puede demorar; no obstante, los recursos han sido crecientes y variados.
Por ejemplo, uno de los informes del Instituto Nacional Electoral, muestra que en 2014 el monto de las cantidades retenidas a los partidos fue de poco más de 9.5 millones de pesos. Sin embargo, para 2015 y 2016 se incrementó a 286 y 228 millones de pesos, respectivamente. En ese periodo, sumaron un total de 523.6 millones de pesos, mientras que al comienzo no sobrepasaban las decenas de millones pesos.
En estas circunstancias, a algunas autoridades del sector científico y tecnológico, no les parece nada mal que los partidos cometan infracciones, porque, después de todo, se transmutarán en recursos canalizados directamente. A su vez, el cálculo de los partidos políticos es que las sanciones, en comparación con lo que obtienen, valen la pena y, además, tienen el recurso de la impugnación. Un juego en el que aparentemente todos ganan, hundiendo la vida institucional.
Desde luego, ante una realidad que se impone, es preferible que los bienes incautados o el monto de las sanciones sean destinados al desarrollo de actividades de verdadero interés público. Sin embargo, eso no cambia que se trata de hechos que no debieron ocurrir. No es de ahora ni es de ayer. En los tiempos recientes, tenemos casi cuarenta años tratando contener la corrupción y la impunidad.
Al comienzo, los bienes decomisados se canalizaban a las mismas instituciones encargadas de la procuración de justicia o la investigación policiaca. Sin embargo, el volumen de propiedades y recursos es tan creciente que se necesitó una paraestatal para administrar y liquidar los bienes (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes). Decenas o cientos de bodegas para almacenar los bienes en un laberinto de oficinas y burocracia.
En fin, no hay duda de que se requiere un incremento en el presupuesto e infraestructura para ciencia y tecnología, como para cualquier dependencia, pero llevarlo a efecto no debiera ser por los peores motivos.
Pie de página: El conflicto en el proceso entrega-recepción en el Conacyt no amaina y pues sí, de un lado, los datos tendrán que ser absoluta y totalmente transparentes, del otro, las intenciones explicadas detalladamente.
