El más reciente episodio sobre el proceso de entrega-recepción de los asuntos del Conacyt fue un error y podría ser atribuido a la inexperiencia política y administrativa de la próxima titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla. Sin embargo, también anticipa la oposición que enfrentará cualquier intento de modificar las estructuras de funcionamiento del sector y tensiones no resueltas en la conducción del organismo.

Los hechos son relativamente conocidos. Al inicio de este mes comenzó a circular en redes sociales un oficio, firmado por Álvarez Buylla y fechado el 24 de septiembre, en el que solicitaba al actual director del organismo rector de la política científica y tecnológica, Enrique Cabrero, la suspensión de “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.

La información rápidamente se expandió en las redes y los impulsos eléctricos llegaron a todos aquellos que participan en los fondos concursables de Conacyt. Comenzaron a preguntar e inquietarse los becarios de posgrado, los aspirantes a una cátedra del organismo, también los investigadores nacionales y los que pensaban participar o tienen en marcha una solicitud para proyectos de investigación de fondos sectoriales o mixtos, entre muchos otros. El rechazo fue evidente.

Álvarez Buylla, ante el curso de los acontecimientos, difundió el 2 de octubre, en las mismas redes, una carta, ahora dirigida a la comunidad académica, para aclarar varios puntos. En primer lugar, indicaba que había elementos que sugerían que el “oficio se filtró desde dentro de Conacyt, sin que advirtamos ahora la pretensión de dicho acto” y exhortaba al titular de la dependencia a realizar una investigación y deslindar responsabilidades. Además, subrayó que había solicitado suspender pero no cancelar las convocatorias. Lo reiteró en todos los medios.

Por último, Conacyt difundió el 3 de octubre un comunicado (74/18), sin la firma del titular, para responder a las dos cartas e informar básicamente que había celebrado más de 25 reuniones con el equipo de Álvarez-Buyllá (sic) y todas habían sido armónicas y constructivas. Sin embargo, puntualizaba que no suspendería ninguna convocatoria porque incurriría en faltas administrativas. Y añadió que la difusión del oficio, supuestamente filtrado, estaba en el supuesto del artículo 3 de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública, pero que revisaría si el oficio fue dado a conocer por personal de la dependencia.

Así las cosas. ¿Por qué fue un error de Álvarez Buylla? La preocupación porque los recursos financieros de la siguiente administración quedaran atados es justificada. Sin embargo, no solamente invocó, por escrito, erróneamente, una norma que no la faculta para suspender nada (el artículo 61 de los Lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción), también porque pudo dirimir o precisar esa solicitud en las múltiples reuniones de los equipos de trabajo. No lo hizo. Y el mismo error y la misma responsabilidad tiene el Conacyt. Así que tal vez las reuniones de los equipos han sido ríspidas, más que “armónicas y constructivas”.

La reacción que generó la posibilidad de suspender las convocatorias de los principales programas del Conacyt es una muestra de la resistencia que tendrá cualquier giro en la conducción del organismo. En el ángulo de los dineros, son los llamados programas tradicionales y representan la mayor proporción de su presupuesto. Por ejemplo, el programa de becas tiene una participación relativa de casi la tercera parte en el presupuesto del Conacyt; los Centros Públicos de Investigación tienen otra tercera parte; un 13 por ciento va para el presupuesto del Sistema Nacional de Investigadores y quedará muy poco si sumamos la proporción de financiamiento para proyectos.

Añadamos que el margen de maniobra presupuestal del Conacyt es limitado. Desde el año 2004, con la creación de un rubro de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (el ramo 38) el organismo ha intentado ampliar un control paulatino del gasto que realizan las diferentes secretarías. No obstante, ha sido precisamente en esta administración cuando su control ha disminuido: en el gasto federal de ciencia y tecnología pasó de ejercer un 43 por ciento en 2012 a un 34 por ciento en este año.

Otro asunto es la continuidad de las políticas en el organismo. Desde 1999, con el cambio en la normatividad del sector, quedaron establecidas las principales líneas que habría de seguir. No se modificaron con la alternancia del 2000, tampoco con la administración que inició en 2006 y ni siquiera cuando regresó de nueva cuenta el PRI en 2012. A pesar de que en esta última gestión, al comienzo del periodo, anunció grandes planes y un nuevo diseño institucional para el sector. Hoy podemos constatar que las líneas siguieron igual.

¿Los planes podrían ser diferentes en la próxima administración? Tal vez en el papel, pero esperemos a conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año siguiente.

Pie de página: ¿Cuándo conoceremos el resultado de la revisión del proceso desde que el documento se entregó en la Oficialía de Partes de Conacyt? ¿Cuando sea Conahcyt?