Las expectativas y los desencuentros sobre la Constitución Política de la Ciudad de México fueron mayores cuando apenas se proyectaba su redacción. Hoy, cuando la norma ya entró en vigor, a partir de este 17 de septiembre, conforme lo marca su primer artículo transitorio, pasa desapercibida. Ciertamente, el contexto actual es otro y pocos lo anticiparon; también será otro el próximo periodo gubernamental. Sin embargo, los derechos y las garantías que establece la carta magna local no son nada menores, incluyendo tanto educación como ciencia y tecnología.

La situación entre el nivel nacional y Ciudad de México (CdMx) es relativamente contrastante. Mientras la ciudad capital apenas estrena Constitución, el Congreso de la Unión se dispone a modificar, una vez más, ordenamientos que siguieron a las llamadas reformas estructurales, entre ellos los cambios al artículo tercero constitucional. Al menos, por las declaraciones, las escaramuzas legislativas y las promesas, es el escenario más probable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y priva sobre cualquier otro ordenamiento.

También será diferente la estructura administrativa del gobierno federal y local en el terreno educativo y científico. El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, al designar a la próxima titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, dijo explícitamente que no fusionaría ese organismo con Educación Superior (Campus Milenio No. 759). Por el contrario, la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar su respectivo gabinete, anunció su integración en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Dijo que no era solamente un asunto de austeridad, “sino principalmente porque consideramos que la educación no puede estar separada de la ciencia y la tecnología” (Reforma 23.07.2018). Una perspectiva opuesta a la del gobierno federal electo.

Pero quizás, más que la norma y la estructura administrativa, la mayor diferencia, en este periodo de transición, ha sido el talante de los titulares electos y de sus respectivos gabinetes. El equipo federal ha sido altamente propenso a las declaraciones. Todas ellas han terminado en las primeras planas de los diarios y marcado la agenda mediática, pero todavía no en un programa claro de gobierno. Aunque, al paso del tiempo, han matizado promesas y las acciones que piensan poner en marcha, especialmente algunas de las más polémicas, como el alcance de programas o la descentralización de la administración pública federal.

Por el contrario, el gabinete local, salvo algunas declaraciones en torno a las fotomultas, los pendientes derivados del sismo de 2017 y la descentralización educativa, han guardado más o menos un prudente silencio en torno a las acciones que piensan poner en marcha. Ni siquiera ha trascendido el terciopelo o la aspereza de la transición en el proceso de entrega-recepción de la administración.

En particular, sobre la prestación del servicio educativo en la ciudad, hasta ahora dependiente del gobierno federal y que no se resolvió cuando se elaboró la Constitución capitalina, la próxima titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció: “Esa es la idea. El titular de la Secretaría de Educación Pública, que será Esteban Moctezuma, y el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han acordado ya con Claudia Sheinbaum que la enseñanza básica va a ser responsabilidad del gobierno de la ciudad” (La Jornada 08.08.2018: 32).

Las garantías que establece la Constitución local serán el referente insoslayable. En su artículo 8 (Ciudad educadora y del conocimiento) están cuatro derechos fundamentales: a la educación; a la ciencia e innovación tecnología; a la cultura; y al deporte. En el primer caso, no solamente se garantiza el derecho universal a la educación obligatoria en la ciudad, también se anota: “Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”. Nada más.

La norma de la ciudad también garantiza “el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, así como el disfrute de sus beneficios. Además, indica que el acceso a internet será gratuito, de manera progresiva, en todos los espacios públicos, incluyendo escuelas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Más todavía: establece que el monto destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología no podrá ser menor al “dos por ciento del presupuesto de la ciudad”.

La misma Constitución prevé un sistema de indicadores que permitirán valorar la garantía en el cumplimiento progresivo de los derechos de los capitalinos. Un sistema que estará bajo la responsabilidad del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Lo más importante es que el mismo ordenamiento destaca que: “Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad” (artículo 5, sección “B”).

El mismo partido político gobernará en el nivel local y federal, en ambos casos tiene mayoría legislativa y han generado altas expectativas. Sí, la exigencia de garantías será mayúscula.