Al final de este mes concluye el periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura. En materia de ciencia y tecnología son muchos y variados los pendientes, no solamente los que están apilados en comisiones, también está lo que anunció el presidente Enrique Peña hace casi tres meses y nada parece ocurrir. Ya no es novedad.

Ante el final del periodo, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se apresuró a publicar un exhorto a los legisladores, con carácter de urgente, para que aprueben una de las iniciativas más recientes que remitieron los senadores a los diputados (23.03.2018). Se trata de una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología que eliminaría trámites innecesarios y facilitaría la importación de insumos para el sector. Sin embargo, los diputados no han dicho que sí y tampoco que no. No es el único caso.

Otras dos iniciativas más han remitido los senadores a la cámara baja. Una de ellas para modificar normas del sector agropecuario y desarrollo rural, concernientes a la transferencia e innovación tecnológica; pasó a los diputados desde febrero de 2016. Tampoco han dicho nada. Otra reforma plantea incluir a los titulares de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI). Este último proyecto tiene dos años en el cámara baja e incluye la propuesta de que el ejecutivo federal y los secretarios de Estado puedan nombrar suplentes a ese Consejo.

De hecho, el Consejo, tal y como está la ley actual, seguramente usted lo recordara, no se reúne las dos veces al año que debiera, simplemente por la dificultad de que el presidente de la República o los secrtarios de Estado hagan un espacio en su agenda de actividades para asistir a las sesiones. Un proyecto de decreto más pasó de los senadores a los diputados y estos lo rechazaron y regresaron a la cámara de origen en noviembre del año pasado. Es una ligera modificación al primer párrafo del artículo 51 de la ley de ciencia y tecnología, en el cual se añade que se “procurará aprovechar e impulsar las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o regiones” en materia de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios u otras figuras.

Además, están tres proyectos de ley que los propios diputados han impulsado y falta la aprobación de los senadores. Uno de ellos propone modificar el artículo 40 de la norma sectorial para priorizar los proyectos que contribuyan al combate de los efectos del cambio climático. Otro plantea cambiar el artículo 2 de la misma ley para que quede establecido como una política de Estado el impulso al desarrollo de vocaciones y capacidades científicas para incrementar la resilencia a efectos del cambio climático. El tercer proyecto propone que el Consejo —sí, ese que no se reúne dos veces al año— sesione cuatrimestralmente de forma ordinaria y que el presidente y los secretarios de Estado puedan designar suplentes con nivel mínimo de subsecretarios u homólogos.

También hay que añadir otros 11 proyectos de ley que tiene pendientes la comisión de ciencia y tecnología de los diputados. Son proyectos presentados por los mismos diputados, entre el año pasado y el actual, que están a la espera de ser dictaminados. Incluyen propuestas de muy diverso orden, desde incentivar el interés por la ciencia hasta impedir los recortes al presupuesto asignado, o bien, ampliar todavía más la representación en el Consejo General, con una representante del Inmujeres y con la Secretaría de Cultura.

A los proyectos anteriores se suman tres más, los cuales deben ser dictaminados por la comisión de ciencia y tecnología y, al menos, por otra comisión más. Uno para favorecer la inclusión de personas con discapacidad; otro para la exenciones al pago de aranceles y a la importación de insumos para la investigación científica; y otro más para la creación de la “Universidad Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico de México”, con sede en Jalisco. Sí, así como se escribe.

Finalmente, están las instrucciones del pasado mes de enero del presidente Peña Nieto al director de Conacyt, para que presentara al Congreso, junto con el consejero jurídico, una reforma de ley que modernizara el marco normativo del sector y “lo exitoso se extendiera en el tiempo”. Tal parece que, por un lado, la idea era sostener el respaldo gubernamental en materia de financiamiento a pesar de los cambios de administración. Por otro lado, buscar algún mecanismo institucional de continuidad en la dirección de las políticas sectoriales. Y pues no, ni uno ni otro.

También, es sabido que muchas iniciativas se presentan no con el afán de ser aprobadas, sino como una forma de aparecer en tribuna y figurar en los registros, lo cual podría explicar el volumen. Lo cierto es que no existe un plan ni una jerarquización de proyectos. Además, esta legislatura acumula, en total, un rezago de casi cinco mil iniciativas.

Quizás, en las últimas sesiones veremos en acción, en el pleno, la maquinaria de aprobación en serie: una inciativa tras otra, sin debate, sin consderación ninguna y casi que sin presentación alguna. Ahí, tal vez, estarán algunas del sector. Nada es seguro.