El año pasado, el 19 de diciembre, cerró con la publicación del “Informe general del estado general de la ciencia, la tecnología y la innovación 2016”. En el sector, es un documento que debe emitirse puntualmente año con año para reportar las principales acciones en la materia. Desafortunadamente, por diferentes circunstancias, los plazos de su publicación se alteraron desde el segundo año de esta administración. El retraso y la anomalía en sus datos ya no parecen una excepción. No debiéramos aceptarlo.

De hecho, el año pasado, seguramente para reparar la demora, se emitieron dos informes: en agosto el correspondiente a 2015 y en diciembre el de 2016. La actualización no está mal, nada mal, sobre todo cuando ya estamos en la recta final del periodo de gestión. Claro, ahora, hacia el final de la administración, otra vez tocará doble: el que reportará logros de 2017 y el ejercicio que está en curso. ¿O nada más uno? ¿Ni uno ni otro?

En el mar de noticias, datos y cifras que cotidianamente emiten las oficinas gubernamentales, los informes ya nos parecen desdeñables. No lo son. En primer lugar, porque son la fuente oficial, primaria, válida y reconocida, de las acciones de gobierno y sus resultados. En segundo lugar, porque se supone que son reportes desagregados, confiables y sistemáticos del cúmulo de iniciativas puestas en marcha. En tercer lugar, y más importante, porque es la forma elemental de rendir cuentas de quien tiene una responsabilidad pública, prevista casi en cualquier normatividad.

El titular del ejecutivo federal está obligado a presentar un informe anual del estado que guarda la administración pública. Ya no es necesario que el presidente de la República acuda personalmente a exponerlo ante el Congreso, como ocurría apenas dos administraciones anteriores. Con la reforma al artículo 69 constitucional, ahora es suficiente con que lo haga llegar por escrito. Pero la entrega es ineludible.

¿Las dependencias también deben rendir un informe? Sí, desde luego. El artículo10 de la ley de ciencia y tecnología dice claramente que el titular de Conacyt, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo General, debe formular y presentar “El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, así como el informe anual de evaluación del programa especial y los programas específicos prioritarios...”

Entonces: ¿quién nutre de información a quién? Lo lógico sería que el documento global, el que presenta anualmente el presidente de la República, fuera elaborado con los insumos que le hacen llegar las diferentes dependencias gubernamentales. Esa sería el mecanismo para los grandes e imprescindibles trazos. Sin embargo, lo paradójico es que el primero sí aparece en tiempo y forma, los segundos no. Así que el camino inverso, o al menos a la mitad entre uno y otro, podría ser factible. Pongamos por caso el objetivo más general e importante del sector: contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcance un nivel del uno por ciento del PIB. No es necesario insistir que, ya lo hemos dicho en diferentes y muy variadas ocasiones, se trata del indicador de Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE).

El informe de gobierno de 2017 precisó que: “el promedio anual de la proporción GIDE/PIB es de 0.52 por ciento, superior en tres centésimas porcentuales al promedio de acumulado de 2007-2011 y 14 centésimas porcentuales más respecto a 2001-2005” (p.352). Es cierto, visto así, el promedio es superior, al presentado en las dos administraciones anteriores. No obstante, como también se muestra en el mismo documento y en sus anexos, el indicador para 2017 está en 0.50, precisamente a la mitad de lo que debía alcanzar en este año.

Por su parte, en el informe general de Conacyt, quedó anotado: “El indicador ha mantenido un comportamiento histórico descendente a partir de 2015, donde el resultado fue de 0.53 por ciento, en 2016 el valor del indicador es de 0.50 por ciento, lo cual representa una reducción de 5.7 por ciento” (p. 148).

Aparentemente, salvo porque en el reporte de Conacyt se asume claramente el descenso, se trata de la misma situación y las cifras son iguales. No es así. La proporción del GIDE para 2016 y 2017 es la misma (0.50). No tendría nada de raro excepto que en los anexos estadísticos dice que es de 0.51 por ciento del PIB. La diferencia, dirán algunos, es completamente mínima e insignificante. No lo es, pueden ser cientos o miles de millones de pesos. Pero digamos que así fuera, la cosa es que se trata de documentos oficiales que derivan uno del otro, casi se empalmaron en el tiempo y aún así difieren.

Una de las posibles razones para la diferencia es que la fuente para calcular el GIDE depende de una encuesta bienal, realizada por el Inegi a solicitud de Conacyt: la ESIDET. El asunto es que los datos de la encuesta del 2014 no están disponibles y al parecer esperarán los resultados de 2016, así que son meras estimaciones. Eso.

En fin, no es un “hecho alternativo”; un informe es un informe y no puede llamarse de otro modo (como Ernesto en Londres y Juan en el campo).