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Transformar la educación para cambiar el país
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 735, pp. 6 [2017-12-14]
 

Falta un año para que concluya este sexenio. En 2018, políticos y académicos vamos a estar haciendo un recuento de lo que se hizo y de lo mucho que falta. La sociedad también estará valorando resultados y expresándose en las urnas. El nuevo gobierno deberá repensar cómo la educación debe ligarse al cambio social y resolver asuntos que queden pendientes en materia educativa.

1. La educación y la cultura son indispensables para que el combate contra la desigualdad y la pobreza sea frontal. Queremos un país más justo, más culto y sin violencia. Un país con una fuerza de trabajo calificada, cuyos bajos salarios no sean la principal ventaja competitiva que se ofrece en la globalización. Deseamos una sociedad que abra canales de movilidad a los jóvenes, sobre todo, y que deje satisfecha a la población con los logros que alcance.

En medio de las dificultades, se va a requerir que el sistema educativo se renueve para instaurar un nuevo modelo de desarrollo y para que los vínculos con la economía, la política, la sociedad, la ciencia y la cultura, sean una prioridad de la mayor importancia. En este siglo, México va a necesitar trabajadores que puedan conectarse con los avances de la ciencia y la tecnología. Se tendrá que retener con buenas oportunidades laborales a quienes se forman y desean migrar, porque no encuentran trabajo. Es menester contar con una mano de obra educada, con buenos salarios, que tenga estímulos para educarse continuamente. Fortalecer el acceso al mercado interno propiciará sentimientos de progreso.

2. Para que México avance, el Estado, el gobierno y el sistema político necesitan fuerza para hacer y conducir un nuevo pacto social que permita abrir la participación de la ciudadanía en las decisiones cruciales de los gobiernos, federal y estatales. Un pacto que permita desconcentrar el poder político y económico, restablecer el equilibrio entre los poderes de la unión, que garantice el derecho a la salud, la educación y a vivir en paz. Un gobierno que tenga capacidad de dialogar, negociar y llegar a acuerdos con diversas fuerzas políticas, que se unan en torno al logro del bienestar para todos. Será muy difícil el control de la actividad política si continúa el malestar, la irritación y el enojo.

3. Para educar a las nuevas generaciones de mexicanos es vital que se enseñe a respetar y cumplir con la ley. La ley reconoce el derecho a la educación y define la perspectiva de lograr una cobertura universal en el bachillerato. En la república, y en cada una de las entidades que la forman, debe promoverse el aumento de la cobertura en el nivel medio superior. Todos aquellos que terminen la secundaria podrán cursar el bachillerato, que ya es un nivel obligatorio.

Si en las instituciones de enseñanza media superior se aumenta la cobertura y la eficiencia terminal habrá una mayor demanda por educación superior. Nadie desea ir a instituciones universitarias que no gozan de prestigio social, o que no tengan una oferta educativa amplia y de calidad. Quiere decir planes de estudio innovadores, con uso de tecnologías en el aula, buenas instalaciones y, sobre todo, buenos maestros. Universidades donde se haga investigación pertinente a los problemas que se viven en el entorno social. Las universidades públicas, ciencia, tecnología e innovación, requerirán ser apoyadas por una política financiera adecuada, suficiente y oportuna.

4. Un proyecto de trasformación educativa para los próximos 12 años, debe contener políticas dirigidas a fortalecer académicamente a las universidades públicas, federales y estatales. Por tres razones: son las instituciones que cuentan con la mayor parte de la matrícula en cada entidad federativa; son los espacios donde puede desarrollarse la investigación más rápido y con mayor impacto social y; tercera, son las que pueden lograr mayor prestigio. Los gobiernos estarán encargados de hacer sistemas estatales de educación superior. Y las universidades de hacer redes nacionales e internacionales, colaborar y cooperar entre sí. La educación superior, la de carácter público, debe ser una de las principales prioridades de aquí en adelante.

Aparte. Existe un lío por la quiebra de siete universidades públicas estatales, las acusaciones de fraude a funcionarios universitarios, y la venta de drogas en los campus, entre otras cosas. Sobre el quiebre financiero, la postura oficial en la prensa es que una parte del problema se debe a las concesiones que se han hecho a los sindicatos. Pero, el resultado de las negociaciones entre universidades y sindicatos lleva el visto bueno de las autoridades gubernamentales, que buscan que no se generen conflictos internos y hacia fuera con los gobiernos. Quiere decir, que los problemas de este tipo no son creados únicamente por autoridades universitarias. Al gobierno le toca su parte. Por ahora, el actual no va a solucionar este problema. Quedará para el siguiente.


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