En México, las cosas han mutado relativamente rápido desde la víspera de los años 2000. Actualmente, en tiempos electorales, las propuestas de una persona o una institución no son las más visibles ni las más atendidas, son más bien aquellas que logran articular las demandas de un sector o precisar su problema público más importante. La agenda de ciencia y tecnología es ilustrativa. Sin embargo, posterior a las elecciones, si logran aparecer en la agenda de gobierno, no son las que tienen los resultados más favorables.
Hasta antes de los años 2000, en meses previos a las elecciones, o incluso posteriores, las solicitudes de los gobernados se formulaban principalmente en un encuentro entre élites. De un lado, los titulares de un sector, del otro lado, el casi seguro candidato electo o sus representantes. Ahí se producían las desilusiones o se confiaba en lo por venir de las promesas. De todas formas, después, siempre quedaba la alternativa de participar en la elaboración del programa de gobierno.
Las campañas electorales eran fundamentalmente un conjunto de actos masivos, de reuniones de cuerpo presente entre el candidato y diferentes sectores. El éxito de la operación se medía por el número de encuentros en toda la geografía del territorio nacional y por el volumen de asistentes; también por el ruido ensordecedor que provocaban los simpatizantes, la resonancia (o ausencia) de la oratoria del candidato y las infaltables promesas de campaña.
Después de la alternancia en el gobierno federal y el grado de incertidumbre que se ha introducido en las elecciones, los encuentros entre élites se siguen y se seguirán produciendo, pero su peso relativo para encauzar las solicitudes de los gobernados, aparentemente, ya no es el mismo. Hoy precisan de ampliar el espectro de sectores e incorporar a un mayor número de participantes.
El encuentro presencial de los actos de campaña sigue teniendo su importancia, pero ha sido desplazado creciente y de forma decisiva por lo que dicen o lo que tiene resonancia en los medios de comunicación y en las redes sociales. No es suficiente llenar con miles la plazas públicas. No son para nada fortuitas las dificultades para regular la presencia de líderes en los medios y el abultado presupuesto para difusión. Las elecciones se ganan o se pierden en las pantallas, dicen.
Si el proceso de elaboración del programa de gobierno se ha cerrado en las últimas dos administraciones, la oportunidad de influir en la composición de la agenda de gobierno se ha trasladado al periodo previo a las elecciones. Y, precisamente, en ese lapso estamos. Así que en los meses próximos, hasta poco antes de las elecciones, se intensificaran las voces y la deliberación pública para demandar soluciones a los problemas sectoriales.
Lo inquietante es que los partidos políticos, organismos de interés público que debieran promover la participación ciudadana, se han revelado como entidades incapaces o insuficientes para canalizar o representar las demandas de los ciudadanos. En estas circunstancias, cada vez ha sido más evidente la formulación directa de propuestas por parte de instituciones y sectores.
No solamente múltiples propuestas corren por fuera de los partidos políticos, lo hacen de forma colectiva. De hecho, cada vez menos, las instituciones buscan actuar de forma independiente. Por el contrario, se articulan en bloques y en organización de organizaciones para mayor presión y efectividad. Así ocurrió en el sector educativo y en el de ciencia y tecnología.
Tal vez usted recordará que en las elecciones del 2012, el entonces rector de la UNAM, José Narro Robles, hoy secretario de Salud, en conjunto con otras instituciones convocó a la elaboración de una “Agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”. Participaron más de medio centenar de instituciones, entre ellas, centros de investigación, asociaciones, universidades, academias, organizaciones empresariales e incluso dependencias gubernamentales.
Al final, elaboraron un documento conjunto (Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), cuyo principal objetivo estratégico era: “Hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México...”
En el documento se plasmaron lo que debían ser las líneas para una política de Estado, lo que incluía, entre otros aspectos, considerar a la ciencia como prioridad nacional, atender los problemas nacionales, expandir el sistema nacional de ciencia y tecnología, así como asegurar la gobernanza del sistema y cumplir lo que dice la ley en materia de financiamiento. Y sí, la mayoría de esos puntos quedaron en el programa de gobierno. Un avance sustantivo. Pero al día de hoy, con los resultados a la vista, parece que no fue suficiente.
Ahora, nuevamente, el rector de la UNAM, Enrique Graue, convoca a otras tantas organizaciones a un ejercicio similar al anterior: “Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación” (Boletín UNAM 766. 17.11.2017). ¿Será suficiente la consolidación o qué hará falta? Ya veremos.
