Es posible que el país arribe a una encrucijada por la contienda política y sus resultados en el 2018. Como la alarma sísmica, da miedo. Son tiempos para debatir ideas. Y, a los académicos, nos interesa, en particular, lo que vaya a pasar en materia de política educativa.
En el medio académico coincidimos en que es necesario realizar cambios mayores al sistema de educación superior. Para plantear el problema, y tratar de resolverlo, se debe tener en cuenta que la historia del sistema de educación superior ha corrido de forma paralela con las políticas públicas que se han aplicado en el país (Mendoza, Grediaga, López et al). En las últimas tres décadas del siglo pasado, las políticas estuvieron dirigidas por la planeación, después por la evaluación y la planeación estratégica.
El sistema se diversifico. En el sector público existe una oferta educativa en más de once modalidades institucionales. En el sector privado, se encuentran universidades de élite y otras para atención a la demanda. Todo un galimatías que es necesario coordinar. Es motivo de análisis dilucidar por qué se tomaron decisiones para hacer un sistema tan heterogéneo y querer manejarlo por políticas homogéneas.
En el Seminario de Educación Superior de la UNAM, varios de nosotros hemos escrito sobre las políticas públicas para el desarrollo de este nivel educativo. Además, nos hemos preguntado hacia dónde va la universidad en el Siglo XXI y qué universidad queremos (véase pag. Web). Coincido con otros colegas (Alvarez, de Vries) en que el modelo de desarrollo del sistema educativo y las políticas que lo ligan al gobierno federal están agotados. Por ello, insisto, es indispensable dar ideas y sugerencias, basadas en investigación rigurosa para formular las políticas de reforma al sistema. Mis sugerencias para el cambio las he presentado y discutido con mis colegas en varios foros. En este artículo sólo voy a mencionar algo de lo que no puedo dejar en el tintero.
1.La expansión del sistema de educación superior trajo preocupaciones por su tamaño, por su costo y por el grado de diversificación que alcanzó. En dicho sistema existe un sinnúmero de escuelas (varios miles), 3.7 millones de estudiantes y más de 300 mil profesores. Con el crecimiento vino la inquietud por la calidad, concepto central de la política pública, relacionado con el financiamiento. La definición oficial de calidad está ligada a la evaluación, y a un conjunto de indicadores de rendimiento en varios ámbitos de la vida académica. En cada uno hay determinantes y consecuencias variadas de la calidad que, sin definir, resulta simplemente de la medición y el avance en los indicadores.
A diferencia de lo anterior, y dado que es necesario hacerle cambios al sistema educativo, para que responda a los problemas y necesidades de la sociedad mexicana en pleno Siglo XXI, la calidad de la educación superior debería ser entendida por la pertinencia de los procesos educativos y de producción de conocimiento, a los fines de desarrollo del entorno social. La calidad se aprecia por los vínculos de las instituciones, mediante proyectos realizados, con los actores y organismos de la sociedad. Las instituciones educativas son las que norman dichos vínculos.
La calidad debe estar orientada a fortalecer las instituciones, a mejorar permanentemente las capacidades intelectuales de la planta académica, a impartir una educación sin fines de lucro (Nussbaum), con contenido cívico. Es indispensable tener instituciones educativas legítimas y confiables que lleven al país por un sendero de recomposición del tejido social.
En México, el compromiso y la responsabilidad de las instituciones académicas es elevar la capacidad cognitiva de la sociedad e impulsar el desarrollo humano y social. Todo este conglomerado de nociones e ideas está detrás de lo que podría llamarse calidad educativa.
2. La evaluación de la calidad debe estar centrada en las instituciones. De ellas dependen las condiciones de trabajo, las reglas docentes y las capacidades para producir conocimiento relevante a las prioridades del desarrollo local. Cuenta la eficacia y la eficiencia del gobierno institucional porque generan gobernabilidad y estabilidad, dan certeza a la labor de los académicos y mejoran su desempeño.
Una institución fuerte, que goce de prestigio, tiene propiedades que se correlacionan con la existencia de una masa crítica de profesores e investigadores del más alto nivel, por ejemplo, miembros del SNI. Este es un indicador que se usa para denotar la calidad institucional, y que es aceptado por la comunidad. O sea, lejos de estar midiendo la calidad, mediante la evaluación de todo lo que se hace en la academia, sería bueno dar definiciones concretas y usar indicadores sencillos a partir de los cuales se aprenda de las experiencias y se corrija el rumbo de cada institución en particular.
3. Otras medidas para el logro de la calidad son: la superación del personal académico, de carrera y de asignatura, ya contratado, mediante programas con este fin. Es crucial reducir la brecha tecnológica entre las generaciones. También, abrir plazas para egresados de los posgrados nacionales y para quienes hayan estudiado el doctorado en el extranjero, que coincidan en el impulso de la ciencia en México. La tercera es abrir espacios académicos modernos en los que se conjuguen las tres funciones: docencia, investigación y difusión.
4. Autonomía. Ninguna trasformación del sistema público de universidades, federales y estatales puede llevarse a cabo sin tener en cuenta a la autonomía. Las políticas educativas de varios gobiernos de la República le han puesto límites, a la par que impulsaron el burocratismo de los gobiernos universitarios. Para ampliar el diálogo con los gobiernos federal y estatales, y con los actores sociales que demandan los servicios educativos y de investigación, es fundamental la amplitud de la autonomía, reanimar el funcionamiento de los cuerpos colegiados, y eliminar formas administrativas que traban a la academia. Además, el sistema de educación superior necesitaría contar con un nicho exclusivo para las universidades autónomas, el cual podría ser coordinado bajo una misma óptica política, diferente a la de otros nichos del sistema.
Hay problemas y tensiones en el contexto en que se va a realizar el cambio de gobierno: desigualdad, indignación, mal humor, enojo, falta de credibilidad en las instituciones, y un largo etcétera. Es inadmisible que se use a las universidades para la corrupción e inadmisible que existan universidades en quiebra técnica. Ambos problemas los creó y los tiene que resolver el gobierno, a satisfacción. Hay que instaurar el Estado de Derecho, concebir a la educación como un derecho y un bien público. Por lo pronto, las propuestas de políticas para la reforma del sistema educativo, que cubran los próximos sexenios, requieren discutirse con la participación de investigadores especializados en el tema y académicos comprometidos con una mejor educación superior. Hablando de calidad, saldrán mejor elaboradas.
