Escribo estas notas en el momento de recibir a la distancia las primeras noticias de la gran marcha estudiantil por la educación gratuita en la UNAM. Mientras que la radio señala que el Zócalo está lleno cuando aún faltan muchos contingentes por llegar a la Plaza de la República, me vienen a la cabeza la cantidad de diatribas que el rector Barnés y sus funcionarios y apologistas han lanzado contra los estudiantes en las últimas semanas.

Barnés eligió la estrategia trillada de descalificar a sus opositores llamándoles grupúsculos y minorías con intereses ajenos a la Universidad. Se equivocó igual que Portes Gil cuando dijo que los estudiantes del 29 servían a intereses políticos extrauniversitarios. Hizo uso del mismo argumento que manejó Díaz Ordaz contra los estudiantes de 1968, señalando que perseguían fines obscuros y sólo buscaban alterar la vida institucional. Siguió la senda de Soberón, que siempre descalificó a sus adversarios políticos como agentes que querían destruir la autonomía y la libertad de cátedra. Barnés se obcecó en negar la legitimidad y consenso del movimiento que busca mantener la gratuidad simbólica de la UNAM. Cerró los ojos al referéndum estudiantil que mostró contundentemente la amplitud de una corriente de alumnos y profesores que entienden a la Universidad y sus respon- sabilidades sociales de una manera distinta a la de quienes por casi 50 años han dirigido a la UNAM.

Las actuales autoridades de la UNAM no entienden a la Universidad de hoy ni conocen su historia. Se empeñan en desconocer que históricamente sectores mayoritarios de la Universidad se han opuesto al proyecto de elitizar más a la institución. Como en otras ocasiones, la rectoría de la UNAM asume una posición política al tiempo que se desgañita acusando a sus adversarios de hacer lo propio. No es posible seguir negando que en la UNAM se han confrontado en el terreno político concepciones alternativas sobre la Universidad, su organización, sus funciones y su razón de ser. La disputa se ha concentrado en cuatro grandes temas: el acceso a la Universidad, el uso social del conocimiento que ésta genera y difunde, las formas de financiamiento y el uso de los recursos y las formas de gestión de la institución. Este fue el fondo de la disputa de los profesores sindicalistas entre 1973 y 1977; el del conflicto entre el CEU y Jorge Carpizo, que dio lugar al Congreso Universitario, y el que hoy se desarrolla en nuestra Universidad.

Los estudiantes de hoy han defendido la gratuidad en condiciones extremadamente difíciles. Se les ha calumniado y amenazado. Se les ha volcado encima la avalancha de los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, sólo intenta construir adhesiones a la autoridad en turno. Se les ha acusado de mantener intereses particulares, cuando sólo defienden el derecho a la educación gratuita para quienes vendrán después de ellos. Y en estas condiciones han demostrado la justeza de su causa, la firmeza de sus convicciones y una enorme creatividad y capacidad para organizar su lucha en condiciones adversas.

Los estudiantes de la UNAM han dado muestras de enorme madurez, responsabilidad y capacidad de convocatoria. El rector y sus funcionarios deben responder a la altura que les demanda la Universidad. Existen salidas a este y otros conflictos universitarios si se acepta que no es posible seguir manteniendo una estructura de gobierno anquilosada, que ha evidenciado su separación de la comunidad universitaria y la falta de legitimidad de sus decisiones. Existe solución a la huelga si las autoridades entienden que la estrategia del descrédito y la intolerancia acorralan al adversario y recrudecen el enfrentamiento. Es posible dar un cauce positivo a la confrontación si la administración universitaria renuncia a la tentación de eliminar al oponente utilizando la fuerza y la represión. Es imprescindible enmendar el rumbo autoritario y respetar la vocación de los universitarios, a la que no se ha dejado más camino que demostrar, en la huelga y en la calle, el consenso que han alcanzado. La salida es clara, el reglamento de pagos debe ser derogado y el diálogo debe abrirse para construir la Universidad que la nueva realidad del país reclama.