Un problema que ha estado presente en la historia de México es el de la desigualdad social. No hemos tenido la suficiente fuerza y habilidades para cambiar la situación injusta que padecen la mayor parte de nuestros compatriotas. Este problema se reproduce y se encuentra de diferentes maneras en distintos planos de la realidad social, siendo uno de ellos el educativo. Doy algunos ejemplos.
En un análisis publicado en un libro del Seminario de Educación Superior, UNAM (2009), se indica que las universidades públicas en México forman un conjunto institucional estratificado. La diferenciación va más allá de indicadores estrictamente económicos. Se expresa en función del contexto educativo (vía la cobertura), de la estructura demográfica ligada a la demanda, de la relación entre el subsidio y la matrícula, de los soportes intelectuales para hacer investigación y de criterios políticos. Lo que resalta, en suma, es que las universidades públicas se distinguen por diferencias en sus capacidades intelectuales, derivadas de los recursos materiales y humanos con los que cuentan.
Unas instituciones tienen más ventajas que otras para cumplir con sus tareas. Hay grandes diferencias para hacer investigación, formar investigadores, contribuir al desarrollo del entorno social y para adquirir un determinado peso político que permita influir en las políticas públicas instrumentadas por el gobierno. Y estas desigualdades institucionales tienen que ver con las posibilidades de que los alumnos tengan una buena educación y que los actores y sujetos del cambio social cuenten con conocimientos apropiados al desarrollo local.
La institución donde se estudia o trabaja resulta de importancia para entrar al mercado laboral o para tener una voz reconocida en la opinión pública. Estudiar en una universidad es relevante en la definición de las oportunidades de vida y de estatus. En México, la mayor parte de los jóvenes no tiene acceso a la educación superior. Un poco más de seis de cada diez personas, que tienen entre 18 y 23 años, no estudian licenciatura. Y entrar a una universidad es más difícil para los jóvenes cuyas familias tienen ingresos escasos que para quienes provienen de las familias más adineradas. Aquí radica una desigualdad notable.
A fines del sexenio pasado, se indicó que un 20 por ciento de los jóvenes provenientes de los 4 deciles de ingreso más bajos estaban matriculados en el nivel superior. Ese porcentaje había aumentado, en contraste con el del pasado. Los estudiantes de las familias más ricas (deciles 9 y 10) doblaban esa proporción en las universidades públicas, mientras que la diferencia era bastante mayor cuando se trata de las universidades privadas. (Datos de la SEP). Estas últimas, como se sabe, incluyen a las instituciones de elite y a aquellas que atienden a estudiantes que no encontraron ubicación en las públicas o que no pueden pagar universidades caras.
El lugar donde habitan las familias también es significativo en relación con las oportunidades de estudio que se brindan. En México hay diferencias de cobertura muy grandes entre las entidades con más alta y más baja cobertura. En el estudio de Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez (2009) diecisiete entidades tenían una cobertura menor que el promedio nacional. En los datos mostrados por el Subsecretario Tuirán (2012) hay entidades que rebasan hasta 2.3 y 3.9 veces la tasa de cobertura más baja en el país. Las líneas divisorias no desaparecen, mantienen desiguales a los jóvenes en la República. La desesperanza de un mejor futuro es la que crece entre ellos.
Por otra parte, cuando incorporarse a una universidad es difícil, y se mantiene a los jóvenes en medio de la inseguridad y la incertidumbre, con un estrés cotidiano, en un ámbito social violento, se afecta el rendimiento escolar. Más aún, si hay violencia por la venta de estupefacientes en el barrio en el que se localiza la escuela o de plano en las instalaciones universitarias. No hablo de ninguna universidad en lo particular, porque hay señalamientos de que el problema se ha extendido sin distinción entre las instituciones.
La desigualdad educativa, traducida en falta de oportunidades de estudio, una dosis de violencia provocada por el clima social que se vive, y la carencia de valores éticos, nos dan una trilogía de factores de la cual no se desprende un futuro promisorio para las nuevas generaciones de universitarios. Y eso preocupa y duele. Necesitamos encaminarnos a cambiar las realidades institucionales para que el paso por nuestras escuelas y universidades produzca razonabilidad, pensamiento crítico, capacidades de convivencia con los otros, respeto a las ideas diferentes, disponibilidad para el diálogo, compromiso social y actitudes innovadoras.
Algunas cuestiones pueden resolverse sí se abren buenas universidades, sí se exige al Estado acciones eficaces contra la venta de drogas en los planteles y sí formamos estudiantes tolerantes que contribuyan a formular un nuevo pacto social. Necesitamos nuevas políticas que amplíen el financiamiento a las universidades, políticas que liberen las falsas presiones en la vida académica, y políticas que estimulen el accionar ciudadano de los universitarios.
