En Ciudad de México, poco a poco conocemos los estragos que causó el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo más lamentable es el fallecimiento de casi dos centenares de personas, otro número indeterminado de desaparecidas y la cantidad de seres que están lastimados, física o emocionalmente. El caso emblemático de la tragedia es el colegio privado Enrique Rébsamen: la muerte de 32 niños y cinco adultos, la atención mediática que ha tenido y, lo más importante, las responsabilidades que están por determinarse.

Un tema muy conocido es que los desastres naturales, como los daños provocados por huracanes o sismos, no son tan naturales como a primera vista parecen. No lo son porque intervenimos para provocarlos o porque negamos sus evidentes consecuencias. La asociación entre el calentamiento global y la fabricación de huracanes devastadores es un ejemplo.

El caso de los sismos es otro ejemplo. A la fecha, todavía no se ha desarrollado una técnica que permita predecir cuando ocurrirá un sismo. Sin embargo, como ha dicho el Servicio Sismológico Nacional de México, lo que sabemos con certeza es que habitamos un país en el que los temblores son constantes, por lo que debemos estar preparados y la prevención “es lo único que nos puede ayudar”.

A pesar de que hemos experimentado el peligro de habitar una zona sísmica, insistimos en ignorar las lecciones. Sí, especialmente a partir de 1985, cuando se contaron por miles los muertos y desaparecidos, comenzamos a tomar un poco más en serio los temblores y hasta diseñamos una alarma sísmica (NYT. Mexico has some earthquake lessons for the United States. 09.22.2017) Por cierto, no deja de ser una inquietante ironía que el mismo día, 19 de septiembre, 32 años después y casi enseguida de un simulacro, volviéramos a experimentar la réplica de un sismo de grandes proporciones. Una lección de vida para aquellos que no han tomado con seriedad el protocolo de evacuación.

En estas últimas tres décadas, como lo indica la edificación del colegio Rébsamen y otros inmuebles seminuevos, lo más difícil ha sido cumplir con las normas de construcción que se emitieron a partir del sismo de 1985. Y para aquellos inmuebles anteriores a esa fecha, lo complicado ha sido reforzarlos de conformidad con esa regulación. Las causas pueden ser muy variadas, aunque, generalmente, a la base se encuentra, inevitablemente, corrupción, voracidad, indolencia y un laberinto normativo entre los diferentes niveles de gobierno.

Al comienzo de esta semana, el gobierno capitalino dijo que, según el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de Ciudad de México, se habían revisado casi 11 mil inmuebles. De ese total, más de 9 mil son seguros y 500 “son de alto riesgo”. Por lo que se deduce que, los restantes, deben tener algún daño estructural y estos últimos suman más de un millar.

Las autoridades, ni locales ni federales, han dado a conocer cuántas instituciones escolares tienen daño estructural. Sin embargo, ha sido ilustrativo lo que ha ocurrido con los planteles de básica y media superior. En el inicio de esta semana, cuando se reanudaron las actividades escolares, solamente lo hicieron 82 escuelas de educación básica (56 públicas y 26 privadas) y 21 escuelas públicas de media superior. Poco más de un centenar; muy pocos. Al día siguiente se sumaron otros 573 planteles y el volumen fue incrementándose al paso de los días.

En Ciudad de México, para darnos una idea, existen poco más de 8 mil escuelas de educación básica (su matrícula es de más de 1.7 millones) y casi 700 escuelas de media superior (cerca de medio millón de alumnos). Es cierto que, de conformidad con el gobierno local, no se reiniciaron clases en media docena de delegaciones políticas porque ahí seguían trabajando las brigadas de ayuda.

Y de las delegaciones que sí reiniciaron, ¿por qué no abrieron todas las escuelas? El secretario Aurelio Nuño dijo, correctamente, que era porque debían recibir un dictamen especializado de que no tenían daño estructural. Pero lo que llama la atención es la división de responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno (delegacional, local y federal) en materia educativa.

Ciudad de México, como se sabe, es la única entidad en la que no se han descentralizado los servicios educativos, así que la provisión del servicio está bajo la responsabilidad del gobierno federal y, por tanto, también decidió, después de un peritaje, qué escuelas sí serían abiertas.

El problema, como lo muestra el Colegio Rébsamen y otras muchas escuelas, es que se reconocen como autoridades en materia de infraestructura educativa, tanto para planteles públicos como privados con autorización, el gobierno de la delegación, el titular capitalino y el gobierno federal (artículo 5 de la Ley general de la infraestructura física educativa). Una peculiaridad normativa de Ciudad de México. Entonces, es un sismo que deja al descubierto los escombros de viejos y nuevos problemas. Y lo importante será precisar quién es responsable de qué.