En la Comisión Permanente del Congreso, en una de las se siones del mes anterior, se presentaron varios dictámenes con puntos de acuerdo dirigidos al Conacyt. Algunos merecieron la intervención de los legisladores, otros simplemente quedaron aprobados sin mayor trámite. Sin embargo, todos ellos fueron o serán comunicados a Conacyt y plantean asuntos relevantes.
Uno de los puntos de acuerdo, aprobado en la sesión del 19 de julio, exhorta al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación —máximo órgano de política del sector— y al propio Conacyt, “para que en el ámbito de sus competencias, continúen con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país”.
Este exhorto es, en buena medida, uno de los resultados de la inconformidad mostrada por los jóvenes estudiantes sobre el reciente recorte en el número de becas que otorga anualmente Conacyt y los conversatorios a los que aquí nos referimos en su oportunidad. En la sesión, en su intervención favorable al dictamen, la diputada del PRI, Ruth Noemí Tiscareño, hizo notar la importancia del ramo 38 (el ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para ciencia y tecnología) para materializar las políticas sectoriales.
Al mismo tiempo, la diputada Tiscareño, destacó que el actual presupuesto del ramo es casi la mitad de lo que sugieren los organismos internacionales. Y sí, como lo hemos reiterado en este espacio, el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico, como proporción del PIB, es insuficiente y muy por abajo de la propia meta que se autoimpuso el gobierno federal (ahora está en 0.54 por ciento y se planteó que alcanzaría el uno por ciento para el 2018).
Un exhorto complementario fue dirigido a la “Comisión de presupuesto y cuenta pública” de los diputados para que en el presupuesto del año próximo consideren la posibilidad de ampliar los recursos para Conacyt. Después de todo, esta comisión y el pleno de la cámara son los que autorizan los recursos públicos. El incremento es deseable y en el cálculo, análisis y discusión, debiera considerarse que el presupuesto de este año tuvo un recorte de casi siete mil millones de pesos. Así que, si fuera el caso, tendría que ser una ampliación sustantiva de recursos.
Otro dictamen con punto de acuerdo solicita a Conacyt un informe “sobre los programas denominados de Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas”. Es, en realidad, un programa de fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico dirigido a empresas privadas que opera bajo tres modalidades.
El volumen de recursos financieros para ese programa (U003) es significativo: 4 mil 640 millones de pesos y, de acuerdo al diputado Adolfo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, existió un subejercicio en 2015 por 2.3 por ciento. Además, el mismo diputado indicó que, de acuerdo a una evaluación de el Coneval, no está claro el problema que se busca atender el programa y la Auditoria Superior de la Federación precisó fallas en la implementación. El dictamen fue aprobado, sin discusión.
Un ultimo dictamen, exhorta a Conacyt a analizar la “viabilidad de considerar como invitado permanente a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Así dice.
Es decir, ahora, legisladores solicitan estar en el máximo órgano de política y en un organismo intermedio. Es un tanto sorprendente la solicitud. Por una parte, recordemos las dificultades de integración y operación del Consejo General que hemos señalado en este espacio y también la iniciativa que está en curso para la reforma del mismo organismo (la posibilidad de suplencia de los titulares) y ahora resulta que los responsables de los cambios necesitan invitación. Por otra parte, la petición vuelve a plantear el irresuelto problema del diseño institucional del sector, así como la duplicidad y el trabajo convergente de diferentes instancias del sistema.
La solicitud también revela la escasa densidad de las comisiones de ciencia y tecnología en el Congreso y en el trabajo legislativo. Además, la propuesta original fue presentada por la diputada Perea Santos de Encuentro Social, aunque la diputada, en lugar de dirigir el exhorto a Conacyt, lo hizo a la SEP.
Un punto de acuerdo emitido por el Congreso es una posición institucional respecto de algún asunto que se considera relevante. El reglamento legislativo dice que puede ser de exhorto cuando se solicita información que puede ser de interés para una comisión, pero también puede ser una solicitud de información que tiene un interés general.
Los puntos de acuerdo no son vinculantes, pero expresan diferentes asuntos que son de importancia e interés público. En este caso sin duda lo son y valdría la pena conocer lo que Conacyt tiene que decir.
