La fuerza y la tenacidad del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública y gratuita impuso a rectoría de la UNAM el reconocimiento de las principales demandas del movimiento, en particular la derogación del Reglamento General de Pagos del 15 de marzo (el detonador del conflicto) y la realización de un congreso universitario resolutivo, que durante largos meses las autoridades y sus aliados se empeñaron en declarar inadmisible, contrario a la ley y destructivo para la universidad, con el mismo fervor con que ahora lo aplauden.

La inclusión de estas y otras demandas de la huelga en la propuesta de rectoría legitima ante la comunidad de la UNAM y ante el país entero las razones, los orígenes y la persistencia del movimiento, pese a todos los ataques y difamaciones de que fueron objeto los estudiantes en huelga. Esta legitimidad es una conquista y una victoria intelectual y moral del movimiento de los estudiantes.

Sin embargo, la forma en que estas demandas aparecen en la propuesta del rector significa que, en el mismo momento en que las hace suyas, rectoría intenta escamotearlas. Según esa propuesta, el congreso sería organizado por una comisión designada y controlada por el Consejo Universitario, el cual depende del rector, el cual a su vez depende del Poder Ejecutivo federal, su único y verdadero elector.

Esa forma de organización del congreso está diseñada para que éste sea a su vez controlado por rectoría y sus diversos aliados, incluída la actual élite del poder universitario. Rectoría no llama a votar por un congreso y permitir que luego la comunidad (no sólo el CGH), de regreso a la UNAM, participe democráticamente en su diseño y organización. Quiere plebiscitar una forma prediseñada de congreso que le asegure de antemano la aprobación de las reformas conservadoras y elitistas contra las cuales se insurgió el movimiento estudiantil.

Pretende, en otras palabras, que el plebiscito otorgue a rectoría un mandato para organizar un congreso que legitime el proyecto del gobierno federal: una UNAM subordinada a las demandas y necesidades del mercado (es decir, de las finanzas que hoy lo dominan), y no regida por las exigencias universales del conocimiento y por las necesidades y el porvenir de la comunidad de los mexicanos y las mexicanas, el cuerpo vivo de la nación. Este es el núcleo duro de la cuestión, y no una supuesta privatización que ni siquiera les conviene a los señores de las finanzas.

Si hemos llegado a este punto en que rectoría se apropia de las banderas de la huelga para sus fines, es porque la dirección del CGH durante largos meses fue dividiendo y aislando al movimiento. La maniobra oscura de Francisco Barnés y sus aliados el 7 de junio, para levantar la huelga con el engaño de las "cuotas voluntarias", dio aliento a la desconfianza y el autoritarismo en la dirección del CGH. En agosto y septiembre, ésta se negó a discutir la propuesta de los eméritos y permitió que ella fuera capitalizada y anulada por el rector. En diciembre, la negativa de los representantes del CGH a discutir en el diálogo de Minería las cuestiones de fondo, su incapacidad para formular un discurso coherente y su encierro autista en sus propias obsesiones, permitió a rectoría escamotear a su favor la bandera del congreso. La comisión del rector Juan Ramón de la Fuente, mostrando tan pocas ideas como los representantes del CGH, salió vencedora de las discusiones públicas de diciembre. Esto pudo oírlo por Radio Universidad toda la UNAM. En los encuentros de Minería los dirigentes del CGH sellaron su propia derrota.

Estamos ahora ante dos consultas paralelas: la organizada por el CGH y la organizada por rectoría. No participaremos en ninguna de ellas.

Las preguntas del CGH están formuladas de tal modo que piden, no la opinión de los universitarios sobre la solución del conflicto, sino la aprobación incondicional de la política del propio CGH y de su particular idea del congreso. Es imposible votarlas.

Las preguntas de rectoría, igualmente generales y totales, tampoco piden un voto reflexivo y diferenciado sobre los distintos puntos de la propuesta del rector. No es un referéndum de opinión. Es, en el sentido duro de la palabra, un plebiscito de la figura del nuevo rector y un cheque en blanco para rectoría. Así, tampoco nos resulta posible votarlas.

No dudamos que una buena parte de la comunidad acudirá al plebiscito de rectoría no con el ánimo de conceder ese cheque en blanco sino con la voluntad de alcanzar un congreso democrático y, sobre todo, regresar lo antes posible a la normalidad de las labores en la UNAM, hartos como todos estamos de la confrontación estéril y de los interminables meses perdidos. Son razones que es preciso respetar. Con estas razones habrá que contar para alcanzar un congreso realmente representativo de lo que es hoy la UNAM.

Lo cierto es que, cualesquiera que sean los resultados de ambas consultas, un congreso universitario será aprobado. Es una conquista que no hay que dejarse arrebatar por nadie. El CGH no puede llamar a todos a votar en su consulta y luego excluir de las asambleas a quien no sea activista cotidiano de la huelga y, además, partidario de las corrientes dirigentes. Nos parece necesario que, inmediatamente después de las votaciones, se realicen asambleas en las cuales puedan participar todos los estudiantes de cada escuela, huelguistas y no huelguistas, para tomar resoluciones en consideración de esos resultados. Lo mismo vale para profesores e investigadores. Es la mejor garantía para excluir toda violencia externa o interna.

La realización del congreso se ha ganado. Su organización específica no pueden decidirla la fórmula del CGH o la fórmula de rectoría. Ahora es preciso lograr que en el congreso que se realice, decida la UNAM con sus diversas almas y opiniones, y no las minorías elitistas o sectarias. En los debates y las resoluciones de la comunidad es posible asegurar el carácter abierto y democrático de ese congreso. Para alcanzarlo es también preciso preparar el necesario y ordenado regreso a clases. Sin los universitarios trabajando día con día en sus instalaciones, ni debates, ni resoluciones, ni preparación racional del congreso son posibles.