A principios de Siglo (2004) apareció una obra titulada La academia en jaque, coordinada por Imanol Ordorika. El libro presenta un análisis serio de la política de evaluación académica. Contiene un texto sobre el desarrollo desigual y concentrado de la ciencia en México (Muñoz y Suárez), en el que se presentan los desafíos estructurales al desarrollo científico, que desde ese entonces no han sido resueltos.
En una de las conclusiones señalamos que las políticas de ciencia tienen que enfrentar los grandes rezagos y desigualdades que existen en la materia entre las entidades del país. La excesiva concentración y la centralización de las decisiones han sido dos retos de la mayor importancia.
Una de las formas en que apreciamos la concentración fue usando los datos de los investigadores afiliados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el año 2000, ocho entidades concentraban más de tres cuartas partes de los investigadores acreditados.
En el citado año había 7500 investigadores. Su número ha crecido más de tres veces para ubicarse en 25000 en el año 2016. Ha sido un salto espectacular. La información disponible indica que, en efecto, se ha trabajado para ampliar la dispersión de los investigadores. Hacia 2011 la cifra de investigadores en las entidades federativas había rebasado a la del Distrito Federal. La proporción en este último disminuyó a 36.1 por ciento en el 2013 cuando en el 2000 la Ciudad de México tenía alrededor de la mitad de los investigadores. Pero en el 2013, seis entidades tenían casi el 60 por ciento de los investi-
gadores acreditados (FCCT).
En términos de la política de distribución de recursos humanos para la investigación en el país se han alcanzado logros, pero no los suficientes. En 2013 había 11 entidades en el país que no alcanzan ni el 1 por ciento de los investigadores nacionales. Las diferencias entre las entidades con más y menos investigadores no se han borrado, lo cual significa que, en una buena parte del país, no hay forma de avanzar en los análisis de las problemáticas locales para resolver problemas mediante el uso de conocimiento científico propio.
En materia científica seguimos hablando de muchos Méxicos. Estados donde predominan los investigadores en ingeniería frente a Estados donde predominan las ciencias sociales y las humanidades. En materia de las áreas de conocimiento sería correcto que hubiera un mayor balance disciplinario entre los Estados. A estas alturas, es evidente que una buena educación requiere de las humanidades en toda su extensión, porque agregan capital cultural, que es fundamental para el desarrollo personal y social.
La mayor parte de los investigadores nacionales se encuentra en las universidades públicas estatales. En ello ha estado comprometido el esfuerzo de las políticas científicas. Y, no obstante, un puñado de seis universidades públicas siguen teniendo una porción considerable de investigadores: las tres federales y tres estatales, con el predominio absoluto de la UNAM. El esfuerzo requiere llegar a una distribución institucional que apoye a las universidades públicas estatales más débiles. En su conjunto, como se ha mostrado, la mayor parte de la producción de conocimiento en el país deriva de las universidades e instituciones de educación superior públicas. De ahí que una pauta política clara es la de apoyar la investigación en nuestras universidades públicas; apoyo vinculado a proyectos de desarrollo local.
En el país somos un poco más de 90 mil profesores e investigadores de tiempo completo. Hasta hace unos años, más de dos quintas partes de este grupo contaba con el doctorado. Lo cual quiere decir que hay una buena cantidad de doctores en la academia que no son miembros del SNI. Habría que hacer un análisis de esta población para saber dónde se ubica, qué labores realiza, en qué condiciones y por qué no han concursado para entrar al Sistema o si lo han hecho por qué han fracasado. México no puede tener académicos con doctorado sin hacer investigación.
Los recursos para sostener el SNI no han sido abundantes. El gasto en el SNI, del 2006 al año pasado, se redujo porcentualmente del 17 al 12 por ciento con respecto al total del ramo 38 (Rodríguez, 2016), a pesar de la insistencia de propios y extraños para que se eleven los recursos a la ciencia y a los científicos. No hubo correspondencia entre recursos monetarios y crecimiento del número de investigadores. Los datos de Rodríguez (2016) muestran que la inversión anual por investigador en el SNI ha caído sustancialmente entre 2003 y 2016. ¿Seguirá habiendo en los próximos años una política restrictiva?
¡Qué pena! No se resuelven muchos problemas y, entonces, tenemos que repetir cosas dichas. Necesitamos una política de la ciencia que ataque decididamente los desequilibrios en el país, que apoye la investigación en las universidades públicas, que expanda el sistema de ciencia y tecnología y que respalde a los programas de doctorado, de los cuales urgen más doctores que se hagan investigadores, para quienes requerimos plazas.
