Finalmente, la versión electrónica del “Informe general de la ciencia, la tecnología y la innovación” ya está disponible en la página electrónica de Conacyt. No, el reporte no es del año 2016, como debiera ser por el mes del año en el que estamos, corresponde al 2015 y todavía falta la versión impresa. La ley dice que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, debe emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda el sector en México (Artículo 6, fracción V). Este Consejo es el máximo órgano de política del sector, integrado por funcionarios de alto nivel y presidido por el ejecutivo federal, pero que no funciona como está previsto ni se reúne mínimo dos veces al año, conforme lo establece la norma.

De hecho, desde el 2012, y de nueva cuenta en el periodo de sesiones que acaba de concluir, los diputados impulsan una iniciativa para modificar la ley para permitir que los titulares del Consejo nombren suplentes que puedan representarlos. En fin, la propuesta ahora está en el Senado. Regresando al asunto que nos ocupa, la ley también dice que el titular de Conacyt, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo General, debe ser quien elabore y presente el informe general anual del estado que guarda el sector (Artículo 10, fracción II, inciso c). Sin embargo, ni se aprueba ni se elabora en tiempo y forma, sea por las razones que sean. Las atribuciones y responsabilidades se extravían entre diferentes instancias y múltiples jerarquías del sistema.

El informe es la fuente oficial de los datos desagregados del sector. También debe incluir una evaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (el Peciti) y del impacto del gasto en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en los sectores productivos y de servicios.

En el capítulo dedicado al programa sectorial 2014-2018 (capítulo v) presenta los avances logrados, respecto de las metas que se plantearon al comienzo de la administración. Uno de los aspectos que resalta es que: “El indicador GIDE como porcentaje del PIB mantuvo un comportamiento constante, representando 0.54 por ciento en 2014 y 2015” (p. 238). Un dato que, ciertamente, no corresponde con lo planeado y que ya se había adelantado en el informe de gobierno del año pasado.

El GIDE es el gasto en investigación y desarrollo experimental destinado a la generación de nuevos conocimientos. Es uno de los indicadores de comparación internacional más utilizado, porque refleja el esfuerzo sistemático de una nación para expandir las fronteras del conocimiento, dado que incluye la investigación básica, la aplicada, el desarrollo experimental, así como las aportaciones públicas y privadas.

Hasta antes del 2014, el GIDE no incluía el gasto que se destinaba a la formación de recursos humanos ni tampoco el derivado de los servicios científicos y tecnológicos. Sin embargo, por una modificación del Manual de Frascati del 2015, el documento de referencia para la compilación y comparación de estadísticas internacionales, ahora sí se incluye en el GIDE el de formación, porque considera el gasto en estudiantes de posgrado que están involucrados en proyectos de investigación y desarrollo experimental.

Así que, ahora, tanto en el informe general del 2014 como en el más reciente para el 2015 se suma el gasto de las becas y el de las familias, lo que supone que todos los estudiantes de posgrado en México están involucrados en investigación y desarrollo experimental.

Esto es, en el GIDE se considera el monto total que se destina a las becas de los posgrados del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y a las becas internacionales para estudiantes de especialización, maestría y doctorado. No solamente. También incluye el gasto que las familias, las empresas y las instituciones de educación superior dedican al posgrado, en aquellos programas que solicitan ingresar al Padrón y no son aceptados.

De cualquier forma, la meta para el 2015 era que el GIDE alcanzaría el 0.67 por ciento respecto al PIB. Pero no, la cifra estimada para ese año está por abajo: es de 0.54 por ciento. El gobierno federal dice que la contribución del sector privado no ha crecido lo suficiente: debió ser de 37.5 por ciento del GIDE en 2015 y fue de 19.5 por ciento.

Lo sorprendente es que con menos dinero se ha logrado más. En el mismo capítulo dedicado a la valoración del programa sectorial se destacan dos avances que se consiguieron con anticipación: el número de investigadores por cada un mil personas de la PEA “alcanzó en 2015 la meta planeada para 2018, obteniendo como resultado 1.2 (cuando se pensaban en 1.05)” y el número de artículos científicos por cada millón de habitantes alcanzó 142 artículos (cuando se proyectaban 103) (p.238). Sin embargo, el cuadro que aparece diez páginas adelante no se corresponde con el primero de los avances.

En fin, vale la pena analizar en detalle los datos sobre el programa sectorial y de todos los rubros que se incluyen en el informe.