Rafael Ramírez Duarte, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, fue secuestrado por la Brigada Blanca el jueves 9 de junio de 1977. Salió de su casa a las ocho y media de la mañana para buscar a Aurelio, su medio hermano, que había desaparecido. Sus hermanos menores, Guillermo y Carlos, también fueron detenidos ilegalmente ese mismo día. Los golpearon para obligarlos a declarar su pertenencia a la Liga Comunista 23 de Septiembre y para que informaran del paradero de su otro hermano, Juan Manuel.

Miembros de la Brigada Blanca torturaron salvajemente a Rafael frente a sus hermanos. Le colocaron "cables en los testículos, en la boca y en los ojos, y cada pregunta sin respuesta era otro golpe u otro choque eléctrico. También le sumergían la cabeza en una pileta llena de agua, hasta perder el conocimiento. Estuvieron torturándolo durante dos días seguidos".¤

María de los Angeles Sánchez, esposa de Juan Manuel, fue detenida el 10 de junio. Se le sometió al mismo tipo de torturas.

Guillermo y Carlos fueron puestos en libertad el 18 de junio de 1977. Juan Manuel Ramírez Duarte fue asesinado el 1o. de septiembre. Fuentes oficiales señalaron que había caído en un "enfrentamiento". María de los Angeles fue puesta en libertad el 26 de octubre. Murió en enero de 1978 a consecuencia de las torturas. Fue la última testigo que habló con Rafael en el Campo Militar Número Uno. Rafael Ramírez Duarte sigue desaparecido.

Delia Duarte de Ramírez y Sara Hernández, madre y esposa de Rafael, han sido parte del grupo de Las Doñas. Así llamábamos cariñosamente a finales de los setenta a las madres, esposas e hijas que junto a Rosario Ibarra iniciaron y han dado continuidad a la lucha por la presentación de los desaparecidos, la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.

En los setenta y ochenta su Comité de Familiares de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos promovió y logró aglutinar las luchas de organizaciones políticas y sociales en el Frente Nacional Contra la Represión. Con sus huelgas de hambre y sus denuncias permanentes lograron salvar la vida a centenares de militantes y activistas de izquierda, arrancándolos de las cárceles y de las manos de torturadores como Miguel Nazar Haro y Francisco Sahagún Baca.

El grupo, que luego se denominó Comité Eureka, antecedió por muchos años al surgimiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que hoy existen en nuestro país. Por la claridad de sus objetivos, la transparencia de sus demandas y la honestidad de sus integrantes, constituye parte de la conciencia crítica de la nación. Con su determinación y persistencia en la lucha por la presentación de los desaparecidos han contribuido como pocos a la democratización del país y a los avances logrados en materia de derechos humanos.

El reciente informe de la CNDH sobre los desaparecidos no es una concesión graciosa del gobierno foxista. No es tampoco un producto de la vocación y convicción humanitaria de quienes integran dicha comisión, de quienes se mantuvieron sumisos y callados por tantos años. El reconocimiento gubernamental a la existencia de crímenes de Estado y la aceptación de que desde los niveles más altos del poder se ejecutaron torturas, asesinatos, encarcelamientos, persecuciones y desapariciones son insuficientes para dar respuesta a los reclamos históricos sobre los desaparecidos, pero constituyen logros indiscutibles de Las Doñas.

El reconocimiento oficial es trascendente, pero la información proporcionada por los organismos oficiales y las iniciativas presidenciales aún son extremadamente limitadas. La información se presenta a cuentagotas y sigue celosamente guardada en las esferas del poder público la evidencia que demuestra la responsabilidad de ex presidentes y funcionarios mayores en las desapariciones políticas.

Los familiares de los desaparecidos persiguen objetivos más profundos que la obtención de informes superficiales y las acciones cosméticas a las que es tan afecto el presidente Fox. Plantean al gobierno la obligación de encontrar a los desaparecidos y castigar a los verdaderos culpables. Exigen a la sociedad la responsabilidad de no olvidar que en México existen más de 600 desaparecidos políticos. Nos dicen que ellos y ellas son mucho más que cifras espeluznantes de un informe oficial o víctimas anónimas de episodios terribles de la historia de México. Nos recuerdan que los desaparecidos tienen rostros e historias como los de Rafael Ramírez Duarte y que la demanda sigue siendo: ¡presentación!