En la sesión del Consejo Universitario de la UNAM del 4 de octubre de 2002 se presentó un informe de la comisión especial para la organización del Congreso Universitario. Para comprender su alcance se requiere debatir sobre el estado actual y las posibilidades de un verdadero proceso de reforma en la Universidad Nacional. El proceso iniciado por el rector y por el Consejo Universitario se encuentra prácticamente paralizado, los avances son mínimos, los resultados magros y poco sustanciales.

El estancamiento de la reforma universitaria ocurre en uno de los momentos más graves y complejos de la historia de la UNAM. A la polarización, desencanto y desesperanza provocados por el desenlace de la huelga de 1999-2000 y las secuelas que dejó la intervención de la policía, hay que añadir condiciones internas y externas que colocan a la institución frente a graves encrucijadas. Destacaré solamente tres de gran importancia:

En primer lugar, la financiera. Los informes existentes sobre la integración de la propuesta de presupuesto a educación para el próximo año, por parte del Ejecutivo Federal, señalan que las universidades públicas sufrirán recortes significativos que implicarán la reducción de los subsidios. Este parece ser también el caso de la Universidad Nacional.

En segundo término, un conjunto de situaciones que tienen que ver con el ejercicio pleno de la autonomía de la UNAM. Las políticas de evaluación externas y los criterios de asignación de presupuesto por programas específicos lesionan el pleno ejercicio de nuestra autonomía.

Finalmente, quiero destacar el envejecimiento y la falta de renovación de la planta académica de tiempo completo. Los datos no podrían ser más alarmantes: las autoridades de la UNAM hablan de un promedio de 48 años. Los cálculos que hemos realizado oscilan entre 52 y 55 años.

La reforma no avanza. El proceso está estancado porque se encuentra viciado de origen. Porque se ha concebido como un proceso controlado desde los niveles superiores de la universidad. Porque ha concentrado su atención en la construcción de organismos burocráticos y no en la discusión y elaboración sobre los temas esenciales de la reforma. Porque los cuerpos establecidos para conducirlo no cuentan con la legitimidad ni la capacidad de convocatoria necesarias.

La posibilidad de transformar a la UNAM nos exige mirar el futuro. Nos obliga a concebir una nueva universidad, a hacer a un lado los intereses y beneficios de los grupos que la han controlado desde 1945. La reforma debe ser un proceso continuo con plazos diferenciados. En este momento la tarea fundamental es la integración de una agenda para la transformación de la institución. Apunto seis ejes para este debate:

1. Entiendo la reforma como un proceso a la vez académico y político. Académico, porque su propósito fundamental consiste en mejorar las formas y contenidos para la generación, transmisión y aplicación del conocimiento; político, porque parte del reconocimiento de la universidad como una entidad política en la cual convergen distintas perspectivas y propuestas, encarnadas por actores diversos.

2. La construcción de una nueva organización académica debe ser el objetivo central de la reforma. La UNAM necesita transformarse mediante nuevos modos de producción y comunicación del conocimiento. La interdisciplina, la colaboración, la cooperación y el trabajo colectivo son los ejes sobre los cuales conviene fincar las relaciones académicas.

3. El contexto en el que se desarrollan las tareas universitarias nos obliga a discutir cuatro temas íntimamente relacionados: autonomía, financiamiento, evaluación institucional y la llamada rendición de cuentas.

4. En el proceso de reforma es necesario revisar los principales ordenamientos normativos de la institución: la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico. El sentido del cambio normativo es fortalecer la autonomía de la universidad y auspiciar una gestión descentralizada y coordinada de las unidades que la integran. Se trata de garantizar que los órganos colegiados sean independientes de la administración central y de las administraciones locales, para que representen apropiadamente a la comunidad universitaria y cuenten con plena capacidad en la toma de decisiones. Se requiere ampliar la participación de la comunidad en el nombramiento de autoridades y establecer instancias que aseguren la participación de académicos y estudiantes en la gestión institucional y en los procesos de cambio.

5. Es indispensable ordenar el régimen académico laboral impulsando el trabajo académico en colaboración y la equidad de oportunidades de promoción en la carrera universitaria.

6. La reforma requiere garantizar que la administración universitaria esté al servicio de la academia. La universidad necesita adecuar su marco normativo para convertirlo en un instrumento de desarrollo académico permanente.

Dejemos a un lado la discusión sobre estructuras y procedimientos, informes y recuentos burocráticos. Pongamos la UNAM verdaderamente a debate en todos los auditorios, en todas las instancias universitarias. Que la administración asuma la responsabilidad de presentarnos su programa de cambio para la universidad. Los profesores y estudiantes con diversos puntos de vista y opiniones también tenemos esa responsabilidad. Es sobre estos temas sobre los que tenemos que dar el debate.