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Problemas en la universidad pública
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 696, pp. 6 [2017-03-09]
 

En esta ocasión, me gustaría tocar algunos problemas que me preocupan como investigador de una universidad pública.

1. Acabamos de publicar un artículo en coautoría (Suárez y Muñoz, 2016, RESU, 180) sobre ¿Qué pasa con los académicos? El artículo es una referencia a lo que voy a expresar.

Hablar de los académicos, en este momento, tiene sentido porque en algunas partes se han esmerado, continuamente, en imponer criterios de evaluación que hacen cada vez más complicada la actividad académica, más rígida, menos estimulante, cuando el conocimiento científico fluye por todas partes, incluido el espacio virtual. Son criterios que impiden un mejor y más amplio desarrollo de todas las capacidades y esfuerzos que se despliegan en la vida universitaria, particularmente en las ciencias sociales y las humanidades.

Ahora, las comisiones dictaminadoras se enfocan prioritariamente en revisar las publicaciones. De entrada, descartan los artículos publicados en revistas que no están “indizadas”, es decir, certificadas por el CONACYT. ¿Por qué? Porque los textos publicados en dichas revistas indizadas son “arbitrados” y, por tanto, tienen sello de “calidad”. Punto. Se cuentan los que están publicados en revistas del padrón y se tiene un dato “objetivo”, inobjetable, del desempeño. No hay responsabilidad de quienes evalúan de leer, discutir colegiadamente algo de lo que entregan los académicos, y responder con dictámenes fundados.

La exclusión de una parte de los escritos es demasiado fuerte en un país donde el mercado académico funciona muy mal y al margen. Los investigadores sociales, generalmente, tenemos varios modos de producción del conocimiento y nuestras contribuciones, cerca de en un 80 por ciento, son capítulos de libro. ¿Por qué? Porque las revistas indizadas, y las que no lo están, ni cubren todas las áreas en las que trabajamos, ni tienen capacidad de dictaminar y publicar toda la oferta de productos académicos que se terminan.

En suma, los criterios son para facilitar el trabajo de los evaluadores, a quienes no les importa la trayectoria o potencialidad intelectual de las personas. Juzgan de manera cruda “el periodo”. Y habiendo producido bastante, puede resultar insuficiente. Las comisiones no se dan a vasto con la magnitud del material a ser evaluado, no pueden hacer juicios acertados y fundados, y menos en tiempos cortos. Se hacen malas apreciaciones , errores lamentables. Todo el mundo en la academia tiene miedo de que le quiten su beca, que lo bajen de nivel, caer en manos de un comité donde se encuentre un competidor de mala voluntad. Reina la ansiedad y la incertidumbre, ambas, malas compañeras de viaje para producir conocimiento original. Se estrecha la libertad académica.

Tenemos que publicar, ni duda, para enriquecer la academia. Pero, las ciencias sociales y las humanidades producen bienes públicos. No es correcto que se estimule, únicamente, producir textos para que sean leídos, si acaso, por un pequeño grupo de colegas.

El trabajo de campo, la investigación acción, la discusión en seminarios, los varios tipos de tareas institucionales en los que participamos, dirigirse a públicos más amplios para elevar sus capacidades cognitivas, dar conferencias a los estudiantes de otras universidades públicas, la tutoría en el cubículo, etc. no cuentan o cuentan poco. Cosa de puntos. El cotidiano del académico bona fide está fuera de foco.

Por estas, y otras razones, hay que hacer una deliberación pública del sistema de evaluación y cambiarlo, para que realmente nos sirva.

2. En México se llevó a cabo, en 2012, el Encuentro de las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings Internacionales. Vinieron los rectores de casi todas las grandes universidades públicas de la región y de México, discutimos con ellos varios días, aprendimos, y al final se hizo una declaración conjunta, de la mayor trascendencia para las instituciones, que vale la pena que nuestras autoridades actuales vuelvan a revisar.

Considero que los ranking son instrumentos que sirven al manejo mundial del mercado académico (tienen que ver con la circulación y concentración del dinero) y que nosotros debemos acercarnos a ellos teniendo cuidado de su influencia sobre la vida académica, las políticas públicas y la trasmisión de sus resultados en los medios. No podemos ni debemos anclarnos en la competencia para quedar bien en sus jerarquías, porque la posición de una institución en un ranking no depende de lo que en ella se haga o se deje de hacer, sino de quien construye los rankings. Reiteremos que las universidades públicas de América Latina tienen un compromiso indeclinable con la cultura y la sociedad a la que sirven, realizan funciones prioritarias que no se incluyen en ninguno de los rankings. Nunca vamos a estar en el top 10.

3. Si la corrupción es un mal en el país, definitivamente no puede aparecer en las universidades públicas, como se ha señalado en la prensa (La Jornada 270217). Las burocracias no nos pueden lastimar, a los académicos y a los estudiantes, de esa forma, ni las autoridades perder legitimidad institucional y social por esa causa. ¡Cuidemos la universidad!


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