En el proyecto original de la Constitución Política de la Ciudad de México, aquel que presentó el jefe de gobierno en septiembre de 2016, en uno de los ocho títulos que lo integraban, el de la “Carta de Derechos”, se establecieron tres derechos: a la educación, a la ciencia y a la cultura (artículo 13).

Los debates y acuerdos de los constituyentes avanzan poco a poco, aunque muy presionados porque el tiempo se les vino encima y todavía tienen mucho por aprobar. Sobre el derecho a la educación han añadido puntos de debate (calidad, pertinencia, discapacidad, evaluación, etcétera), han realizado precisiones y aprobado algunas modificaciones, pero el asunto central sobre la responsabilidad del sistema educativo local parece que una vez más quedará pendiente. Es el elefante que permanece en la sala desde hace más de dos décadas y al que se mira de reojo; un tema al que nos referimos cuando apareció el proyecto de Constitución (CampusMilenio No. 674).

Lo que ahora sorprende es la aprobación de una modificación importante sobre el derecho a la ciencia. Un cambio que implica destinar un monto considerablemente mayor de presupuesto y asumir más responsabilidades en la materia. Y fue aprobado prácticamente como si se viera llover. Sin posiciones encontradas, ni debate, como sí ha ocurrido con otros derechos o el uso de algunos términos. Seguramente, estimado lector, tiene presente que el proyecto original de Constitución, en el artículo 13, apartado “B”, se estableció en tres párrafos el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”.

En el apartado “B” se consignó no solamente que toda persona tiene el derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, también se anotó que las autoridades garantizarían “el derecho de acceso a Internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad” y también fortalecerían y apoyarían proyectos de investigación científica y tecnológica, la vinculación entre los distintos sectores con el fin de resolver “problemas y necesidades de la ciudad.

Claro, desde que se presentó el proyecto se enfatizó su carácter garantista, dado el amplio espectro de derechos que incluyó y la posibilidad de materializar su exigibilidad. Sin embargo, también es cierto que las opiniones sobre el proyecto fueron sumamente críticas, destacando las deficiencias de técnica jurídica, la heterogeneidad en la redacción del documento y muy especialmente la imposibilidad de garantizar presupuestalmente lo que se estaba proponiendo en el documento.

La Asamblea Constituyente se instaló, comenzaron las sesiones, las votos aprobatorios se han emitido y aunque todavía no es posible formarse una idea clara de los términos y forma que adoptará el documento final, algunos de los apartados permiten advertir el tamaño de las responsabilidades que se están aprobando.

En lo concerniente al apartado sobre el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”, el dictamen de la comisión de “Carta de Derechos” no propuso modificaciones al proyecto original. Sin embargo, el diputado Javier Jiménez Espriú, del Movimiento Regeneración Nacional, planteó añadir dos párrafos y tres incisos más.

Sugirió que las mismas autoridades deberían respaldar: “la formación de técnicos y profesionales” (se supondría que para contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad); “la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica”; “y el apoyo a creadores e inventores”. También deben garantizar la preservación y rescate de las prácticas originarias de la medicina y el buen uso de los recursos naturales.

Además, propuso la elaboración de un programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación como parte integral del desarrollo de la Ciudad de México, con una visión a 20 años y actualizaciones cada tres años. Lo más importante es que planteó que en el presupuesto capitalino debe considerarse “una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser menor al 2 por ciento del presupuesto de la ciudad”.

En el pleno de la sesión del pasado 6 de enero, al presentar su propuesta y la reserva correspondiente, el diputado Jiménez Espriú, destacó que la Constitución que está por aprobarse es una oportunidad “para corregir errores y omisiones que nos limitan y definir una posición de vanguardia”. No hubo oradores en contra. Y se dio paso a la votación: 82 votos a favor, cero en contra. Quedó la propuesta del 2 por ciento.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la Ciudad de México fue de 181 mil 334 millones de pesos (Gaceta Oficial. 30.12.2015: 15) y de ese monto se destinaron 334 millones 204 mil pesos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del entonces DF. Ahora, si se conservara el mismo presupuesto y se aplicara la proporcionalidad que dirá la nueva Constitución, el monto sectorial que debiera recibir sería de 3 mil 627 millones de pesos. Es decir, una cantidad casi once veces mayor. Nada mal, pero nada mal, ni las responsabilidades ni la cantidad. Una lástima que no puedan materializarse.