Algo de incomprensible y paradójico tiene lo que ocurre en algunas de las regiones con mayores dificultades para crecer económicamente. Ahí es donde circuló tardíamente con mayor insistencia la idea de sociedad (o sociedades) del conocimiento, pero también donde más rápido se truncó la tendencia a incrementar la inversión en la actividad científica y tecnológica.
En algunas naciones, todavía la retórica gubernamental habla de sociedades que deben fincar su progreso en el conocimiento, la innovación y una alta escolarización de su población, más que en sus recursos naturales, materias primas o fuerza de trabajo con bajas calificaciones. Sin embargo, ya evitan una mención explícita a la búsqueda de la sociedad del conocimiento como la ideología y el objetivo que comanda sus decisiones.
Seguramente, en los discursos, es difícil una utilización reiterada del concepto cuando la realidad muestra lo contrario. El indicador sobre gasto en ciencia y tecnología en la región latinoamericana es particularmente ilustrativo de lo que está ocurriendo y, más grave, de las perspectivas que podrían adoptar en el corto plazo.
En el caso de México, usted lo debe recordar muy bien, la actual administración, al comienzo de su gestión, sorprendió por su capacidad para lograr acuerdos políticos que rápidamente se plasmaron en documentos para poner en marcha las grandes reformas estructurales. Además, al ejecutivo federal le precedía el registro de más de dos centenares de compromisos que había adquirido con los ciudadanos en los tiempos de campaña. El panorama era promisorio y parecía configurar eso que se llamó el Mexican Moment. No lo fue o pasó tan fugazmente que ni hubo tiempo para notarlo.
Los antecedentes tienen importancia porque cuando se presentó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el director de Conacyt, Enrique Cabrero dijo: “Un diagnóstico objetivo nos lleva a reconocer que México ha llegado tarde a la sociedad del conocimiento. Sin embargo, hoy atraviesa por un contexto favorable y sin precedentes en la materia, lo cual lo pone en condiciones de afrontar el reto y lograr hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible”.
Y pues sí, en ese entonces las condiciones eran muy otras y el impulso a la actividad científica y tecnológica parecía largo e inminente. No era fortuito que el primer objetivo del Peciti fuera precisamente llevar la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico al uno por ciento del PIB. El argumento gubernamental fue que las naciones que ese nivel mínimo de inversión, habían “logrado un mejor desempeño económico y bienestar social” (p. 53).
El objetivo no era nada nuevo. Desde hace más de una década, cuando se modificó la ley de ciencia y tecnología para añadirle el artículo 9 Bis, se había elevado a rango de ley el nivel de monto que se proponía. Sin embargo, lo novedoso es que por fin parecía que ahora sí estaba por cumplirse lo que mandaba la ley.
El diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 había considerado rubros de articulación y estrategias transversales entre programas sectoriales, también en ellos se recuperó la idea de sociedad del conocimiento. Por ejemplo, en el programa sectorial de educación se planteó como sexto objetivo que habría de “impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento” (p. 66).
Sin embargo, apenas un par de años después, sobrevino, como todos hemos atestiguado, la desaceleración de la economía mundial, la caída en los precios del petróleo, la crisis política derivada de los recurrentes hechos de corrupción y los bajos niveles de aprobación a la gestión gubernamental. El panorama promisorio del “Mexican Moment” se disipó en un santiamén, sin cumplir, una vez más, las altas expectativas que había generado.
Un añadido más es que, después de un crecimiento sostenido en los tres años anteriores que perfilaban el cumplimiento del primer objetivo del Peciti, ahora el gobierno federal ha propuesto y enviado a los legisladores un proyecto de gasto para el 2017 con una disminución importante de los recursos para la actividad científica. A Conacyt le restan alrededor de 23 por ciento respecto de lo autorizado en este año y, seguramente, pese a lo manifestado por algunos diputados, la aprobación final del presupuesto no incluirá una rectificación.
Hoy es claro que, nuevamente, por las razones que sean, quedará incumplido lo que decía el programa gubernamental en lo referente al financiamiento. Lo mismo ocurrirá con el artículo 9 Bis. La justificación gubernamental es que el gobierno federal ha realizado el esfuerzo que le corresponde, pero no se ha visto acompañado por el sector privado en la parte que le toca. (Por cierto, siguen retrasadas las estadísticas oficiales al respecto).
Las promesas que no fueron y otras que podrían ser
El caso de México no es una excepción en la región latinoamericana. De hecho, dos de las naciones con los mejores indicadores en la materia, también enfrentan dificultades similares para lograr el respaldo gubernamental. Por ejemplo, Brasil gradúa al año más de 15 mil doctores (casi el triple que México) y contaba con una inversión de 1.2 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo tecnológico (más del doble que México). Era el gigante de América Latina y una promesa que estaba a punto de confirmarse, al menos eso se pensaba hasta hace muy poco.
Sin embargo, la crisis política más reciente que experimentó Brasil lo están llevando por otro camino. En mayo de este año, con la destitución de la anterior mandataria, Dilma Rousseff, y el inicio del interinato de Michel Temer, se hicieron modificaciones mayores a la estructura administrativa de regulación de la ciencia y la tecnología y al volumen de gasto.
El gobierno interino de Temer decidió que, para racionalizar los recursos públicos, lo mejor sería fusionar el hasta entonces Ministerio de ciencia y tecnología con el Ministerio de telecomunicaciones. Una acción que provocó una manifiesta inconformidad de las organizaciones científicas brasileñas, pero no varió la posición gubernamental.
Además, a los recortes realizados en el presupuesto para la actividad científica y tecnológica brasileña durante el primer semestre de este año, se sumó que el presupuesto volvería a diminuir para el 2017. El mes anterior, el portal de noticias Scidev.Net reportó que el presupuesto para el año próximo del nuevo Ministerio de ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones será de un mil 600 millones de dólares. Una cifra de poco más de la mitad de lo destinado en 2013, aunque supera por 400 millones de dólares a la recibida el año pasado (scidev.net/america-latina).
El caso de Argentina, con poco más de dos mil graduados anualmente de doctorado en el 2014 (cantidad que es menos de la mitad de los graduados en México) y una inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico de 0.59 por ciento, respecto al PIB (nivel ligeramente superior al de México), también tiene condiciones adversas.
El mismo portal de noticias referido anteriormente, al comienzo de este mes, informó que para el 2017 es posible una reducción de hasta 35 por ciento en el presupuesto para la actividad científica. Al igual que en México, el mandatario argentino se había comprometido a tratar de alcanzar una inversión el 1.5 por ciento, respecto al PIB. No obstante, parece que en lugar de aproximarse gradualmente, está ocurriendo exactamente l contrario.
Las repercusiones de una caída en el gasto en materia de investigación y desarrollo experimental es más que una aparente renuncia a esa inasible e incomprendida noción de sociedad del conocimiento. El instituto de estadísticas de Unesco (www.uis.unesco.org), con la idea de ofrecer elementos que permitan valorar los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recientemente ha puesto a disposición pública una herramienta para conocer, por países, las cifras comparativas de los niveles de inversión y el aumento en el número de investigadores, bajo el supuesto de que la innovación es clave para alcanzar el desarrollo sostenible.
Según los datos de Unesco, las primeras posiciones en el nivel de inversión en investigación científica y desarrollo experimental, como proporción del PIB, la ocupan: Corea (4.3 por ciento), Israel (4.1 por ciento), Japón (3.6 por ciento), Finlandia (3.2 por ciento) y Suecia (3.2 por ciento). Estas son las naciones que encabezan la lista mundial y que seguramente ocuparán un lugar todavía más relevante en el corto plazo. Desde luego, como lo hace notar el mismo organismo internacional y como usted lo puede apreciar, estrictamente no son las grandes potencias que siempre aparecen, como Estados Unidos o Alemania. Estas últimas figurarían solamente si se considera el gasto absoluto.
El caso que también vale la pena tener en cuenta es el de China. A pesar de que su nivel de inversión en el sector, como proporción del PIB, es de dos por ciento, si se considera su promedio anual de crecimiento se advierte que es 13 veces mayor que la media del resto de países de ingresos medios. O sea que, si conserva el ritmo de crecimiento, en algún momento, podría alcanzar las primeras posiciones.
Tal vez el dato preocupante es que los flujos de inversión y de formación de investigadores se está desplazando gradual y sistemáticamente en las distintas regiones con fuertes implicaciones para el futuro. Sin embargo, muchos gobernantes, atenazados por la inmediatez, los rezagos inveterados, la estrechez de recursos y las sucesivas crisis políticas que enfrentan, se disponen solamente a sortear de la mejor forma posible el presente.
