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Los cero rechazados y la inspección del RVOE en la CdMx
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 662, pp. 5 [2016-06-23]
 

El Gobierno de la Ciudad de México anuncia otro paso más para poner en marcha el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Estableció un convenio con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que sea la entidad encargada de vigilar y sancionar a las instituciones educativas particulares locales.

El gobierno local habilitó su facultad de otorgar RVOE en diciembre del año pasado, precisamente cuando modificó su código fiscal para incluir el cobro por ese servicio y así quedó vigente la posibilidad de hacerlo efectivo a través de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Una facultad que no había ejercido.

Sin embargo, en los primeros meses de este año, a pesar de que se estableció la norma y se promocionaron los cursos de inducción, la iniciativa parecía más dirigida a los medios que a las instituciones educativas. En buena medida porque, casi al mismo tiempo, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), principal fuerza política opositora local, anunció la creación de cinco universidades en las delegaciones políticas que gobierna.

Ahora, en el inicio de este verano, el tema del RVOE vuelve a cobrar notoriedad. Por una parte, tal vez por los preparativos que deben realizar los planteles educativos para el siguiente ciclo escolar. Por otra parte, porque hace dos meses el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los gobernadores de la zona centro se comprometieron a poner en marcha la “estrategia de cero rechazados en la educación superior”.

El pasado mes de abril, cuando todavía no se realizaban las elecciones, en la Segunda Reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Centro, en la que participaron, además de Aurelio Nuño, los mandatarios locales de Hidalgo, Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, se dijo que se garantizaría un lugar para todos los egresados de educación media superior.

Incluso el secretario de Educación Pública, a pregunta expresa, afirmó que ningún joven con la educación media superior concluida en la zona metropolitana de la Ciudad de México se quedaría “sin un lugar en una institución de calidad de Educación Superior, cosa que es perfectamente lograble y es lo que vamos a estar trabajando y estaremos presentando próximamente” (SEP. 28.04.2016).

El asunto no es tan sencillo como parece. No son fortuitas las preferencias vocacionales e institucionales de los jóvenes que los llevan a concentrarse y a demandar un lugar en unas cuantas instituciones universitarias, debido a que están convencidos de que ahí sus posibilidades de formación serán mejores y mayores. Y no les falta razón.

El subsistema de educación superior, y el sistema educativo en su conjunto, ha formado auténticos circuitos escolares segmentados. En donde el origen social o el lugar de residencia determina el tipo de escuela o carrera a la que se dirigen los jóvenes. Por supuesto, la calidad y el servicio no son iguales en los distintos circuitos: la mayoría de los jóvenes de familias más desfavorecidas son canalizados a los opciones de menor calidad y el caso inverso ocurre con los de mejores recursos. La desigualdad se amplia y profundiza.

Uno de los controles para regular la calidad de los estudios que ofrecen las instituciones particulares es precisamente el RVOE. Porque se supone que previo cumplimiento de ciertos requisitos, la autoridad educativa reconoce e incorpora un plan y programas de estudios de los particulares. Por la misma razón, estas instituciones están obligadas a la mención expresa de si los estudios que ofrecen son reconocidos oficialmente o no.

El problema, como en estas mismas páginas se ha comentado en variadas oportunidades, es que el otorgamiento del RVOE ha respondido a coyunturas y no siempre se ha guiado por criterios técnicos. Además, una de las principales fallas, una vez otorgado el reconocimiento, es la labor de supervisión y los mecanismos de sanción.

En el caso de la Ciudad de México, con el reciente convenio, se deposita esa labor de supervisión en el Invea. Este último es un órgano descentralizado, facultado por ley para realizar verificaciones administrativas en alrededor de media docena de materias, entre las cuales se encuentra la protección ecológica, los anuncios, el desarrollo urbano, el transporte público, entre otros (artículo 7). Ahora se añade el de la verificación en instituciones edcuativas.

En fin, el verano comienza y se abren las ventanillas del RVOE. Pronto veremos cuál será la tendencia de las solicitudes.

Posdata: Lamentable, muy lamentable, por donde se le vea, lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca. ¿Por qué es tan difícil atender los problemas educativos sin pensar en 2018?.


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