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El gobierno y la política universitaria
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 656, pp. 6 [2016-05-12]
 

Las universidades públicas han crecido en cuanto al número de alumnos y de profesores de asignatura y tiempo completo. En casi todas, hay académicos que forman parte del PROMEP y, algunos más del SNI. También, se ha elevado el número de oficinas administrativas y la burocracia. La oferta educativa, el número de instituciones y la evaluación se han ampliado. Todo lo cual ilustra lo ocurrido. Agregándose, asimismo, el debilitamiento de algunos valores y principios en los que se funda la universidad pública, a raíz de los límites impuestos a la autonomía por el oficialismo.

Haber llegado a este punto obedece a la visión del gobierno federal sobre la educación superior, a las políticas educativas implantadas para operar las instituciones y al financiamiento público otorgado a las universidades. Las políticas oficiales han fortalecido a los gobiernos universitarios para administrar las casas de estudios mediante la planeación-evaluación, rendir cuentas, y manejar los asuntos laborales, sindicales, y la política interna, que vincula a la burocracia, los académicos y los estudiantes. En el cotidiano de las comunidades académicas no existe una idea clara de lo que significa gobernar una universidad pública y se desconoce quién tiene el encargo de conducir la institución. En la política universitaria no todos tienen deseos de participar en los organismos que toman decisiones.

Entre las universidades públicas hay diferencias en la estructura y funcionamiento del gobierno universitario (eg, López Z., Acosta, Casanova), pero también algunos rasgos comunes que las caracterizan. Enseguida, trato lo más básico de la operación del gobierno universitario, y sus funciones políticas. La idea es contar con un panorama de cómo funciona dicho gobierno y, de cierta forma, de cómo se conduce el poder institucional (Ordorika) y cómo se gobierna a la comunidad.

La Rectoría, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario y el Patronato son las cuatro instancias que se encuentran en la cúspide institucional. El Rector es autoridad unipersonal; los otros tres son autoridad colegiada. La autoridad tiene poder. Son autoridad en tanto mantienen una relación de poder aceptada por la comunidad (Aguilar). Autoridad y poder emanan de la legitimidad del rectorado. Cuando la rectoría goza de credibilidad y reconocimiento político y académico, adquiere capacidad para imponer un determinado rumbo a la institución.

El Rector, y sus colaboradores directos, están al mando de la universidad y aplican su proyecto de desarrollo institucional. El Rector es la autoridad ejecutiva y el jefe nato. Tiene la capacidad de organizar su administración, de crear o deshacer secretarías, coordinaciones y direcciones generales. La administración central responde y soporta el plan del Rector, quien atiende las líneas políticas emanadas del Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno. Es electo por alguno de estos dos órganos, en la mayoría de las instituciones, y tiene la prerrogativa de elaborar iniciativas académicas para enviar al Consejo Universitario. Junto con su equipo, le toca defender la autonomía y actuar para que la universidad pública tenga un papel protagónico en los cambios sociales que ocurran en México.

La legitimidad del Rector y su grupo es un elemento esencial para la gobernabilidad, el establecimiento de pactos y acuerdos entre los grupos de interés. La aceptación del dominio, de parte de la comunidad, permite la toma de decisiones centrales y su implantación al conjunto institucional. Un objetivo de siempre es lograr la estabilidad política de la institución, que es una cuestión medular para la realización de la academia.

La Junta de Gobierno está integrada por un grupo pequeño de académicos cuya tarea es elegir a la autoridad y resolver conflictos entre autoridades. Su estructura y funcionamiento están estipulados en las leyes orgánicas de cada institución. En algunas universidades es una instancia de larga data y se ha sugerido que se le impulsen algunos cambios, como por ejemplo, añadir algunos miembros más, reducir el tiempo de duración en el cargo, crear un sistema de rotación, de entradas y salidas, para darle mayor dinámica, y mantener la continuidad. Son ajustes cuyo propósito es ganar mayor legitimidad para el trabajo de la Junta. Por su parte, el Patronato (o consejo financiero), tiene entre sus tareas centrales administrar el patrimonio.

El Consejo Universitario goza de una autoridad pocas veces cuestionada. Tiene representantes de toda la comunidad, sesiona por comisiones, legisla la academia, revisa y aprueba el presupuesto anual, su distribución, los méritos académicos y los planes de estudios. La credibilidad, representatividad y el sentimiento de participación de la comunidad en él ayudan a evitar tormentas y conflictos. Existen universidades donde el Consejo elige a la Junta y ésta al Rector y a los Directores académicos. La elección de dirigentes, o de la propia Junta de Gobierno, forma parte de sus principales tareas políticas.

Las autoridades mantienen relaciones de carácter político con los participantes de la vida universitaria, en un escenario donde lo natural son tensiones que impulsan a la competencia por espacios de poder en la academia.


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