La sobreevaluación de la vida académica está relacionada con el proceso de desinstitucionalización de las universidades públicas. Dicho proceso tiene muchos efectos, entre ellos el debilitamiento de las identidades con la comunidad académica, y la consecuente ruptura de lealtades (Suárez y Muñoz, 2004). La desinstitucionalización es seguida por la desocialización, correspondiente a un creciente individualismo, y por la despolitización de los académicos. El proceso no ha cesado. Por el contrario, se mantiene con toda su fuerza.

El trabajo académico se ha diversificado e intensificado. Al mismo tiempo, aumentaron los requisitos para obtener un complemento al salario. La academia se desenvuelve en universidades que tienen sus propios programas de estímulos, y programas externos, como el SNI o el PROMEP. Cada programa tiene sus normas, de tal suerte que el trabajo de un académico tiene que satisfacer las de dos o hasta tres reglamentos. Corre en varias pistas a la vez, con el consiguiente malestar de informar varias veces sobre lo mismo, pero de distinta manera.

Las jerarquías y las posiciones de prestigio que le siguen a cada programa de estímulos generan situaciones de inconsistencia de estatus para el académico. Por ejemplo, un investigador Titular C puede ocupar el nivel más bajo como investigador nacional. Peor todavía, cuando en una misma universidad dos comisiones dictaminadoras, la del escalafón y la de los estímulos, llegan a fallos distintos, esto es, no coinciden en la evaluación de una misma trayectoria académica. Se trata de una especie de esquizofrenia institucional que termina por desajustar el ethos académico de profesores e investigadores y corroer su carácter.

El sistema de sobreevaluación produce un desgaste humano e institucional que no tiene medida. Los académicos estamos en una tensión permanente en las universidades, independientemente de la disciplina que cultivemos o del punto de la trayectoria académica donde nos encontremos. Las exigencias son por igual, sí sé es joven o viejo, o sí sé es hombre o mujer. Eso no importa. Hoy la academia es una profesión competitiva, estresante y de largo plazo, porque nadie puede jubilarse. Desde la óptica institucional es de primer orden revisar quién evalúa. Hay varios comentarios negativos sobre los evaluadores. Los evaluadores no satisfacen los criterios con los que evalúan; juegan el papel de verdugo con sus colegas; no siguen los mismos juicios de un caso al otro y; por fin, dedican una enorme cantidad de tiempo a revisar expedientes, que resulta en un costo intelectual y material que puede llegar a ser elevado para las instituciones. No hay un análisis de los costos y beneficios de las evaluaciones. Hay que evaluar la evaluación y a los evaluadores, para darle valor al juicio de pares y demandar que se hagan dictámenes justificados académicamente.

Las evaluaciones se llevan a cabo en órganos colegiados y en comisiones. Al respecto, existe un cierto desgaste de estos órganos frente a la comunidad académica. La encuesta nacional de académicos (Galaz, et.all, 2012) ilustra el punto: alrededor del 60 por ciento considera no tener influencia en las decisiones que se toman en su universidad. Igualmente, tres de cada cinco consideran que quienes ocupan los rangos más altos de la administración no ejercen un liderazgo competente. Menos de dos quintos piensan que hay una buena comunicación con los directivos y casi seis de cada diez consideran que las presiones para incrementar la productividad son una amenaza a la calidad de la investigación. En la UNAM, el 75 por ciento de una muestra de académicos dijo que no está informado de lo que pasa en la Universidad, menos de un quinto conoce el plan de desarrollo, dos de cada tres no sienten confianza en los cuerzpos colegiados y 60 por ciento juzga que se requieren cambios importantes, pero graduales, de las estructuras y el ordenamiento del gobierno universitariov (Dorantes, 2012).

En suma, aparece un problema de credibilidad en el funcionamiento de los cuerpos colegiados relacionado con la representatividad de los académicos en ellos, y con los modos de evaluación que se usan para conducir el trabajo académico, todo lo cual produce debilidades institucionales. Es menester que en las universidades públicas se revisen los sistemas de evaluación (qué se evalúa, cómo, en qué tiempos y en qué contexto institucional).

Los académicos estamos inquietos con las respuestas que pueden dar nuestras universidades a la problemática social en la que vivimos. No hay salidas simples. La experiencia tenida y el futuro previsible aconsejan reorganizarnos, en una estructura que permita agruparnos para hacer investigación colectiva, interdisciplinaria, y trabajo de equipo en la docencia, para combinar energías intergeneracionales, sobre la base de intereses y proyectos académicos, que cumplan con las tres funciones universitarias. También, sobre la base de una evaluación de la cual se derive qué hacer para el avance institucional.