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Autonomía universitaria y “cultura de la desconfianza”
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm. 569, pp.6 [2014-07-24]
 

Desde finales de los 90, Daniel Schugurensky observaba que una de las tendencias mundiales de la educación superior era la creciente presión del Estado y el mercado sobre la autonomía de las universidades, especialmente las de carácter público. Señalaba que, en este sentido se podía identificar un elemento antagónico al que denominaba heteronomía, el cual se caracterizaba por una pérdida gradual de la capacidad de las universidades e instituciones de educación superior para autogobernarse y disponer de sus recursos financieros. Aun cuando la autonomía no iba a desaparecer, cada vez tendría mayores limitaciones para su ejercicio en virtud de las presiones antes señaladas.

Schugurensky también destacaba la situación anterior ante la emergencia y consolidación en esos años de los procesos de evaluación a que estaban siendo sometidos alumnos, personal académico e instituciones. Las exigencias por una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos en una época en que el financiamiento presentaba recortes considerables, primero, y luego las demandas por la transparencia y la rendición de cuentas, después, añadieron más limitaciones al manejo de los recursos financieros provenientes de los gobiernos federales y locales. Así, empezaba a extenderse lo que podríadenominarsecomouna“culturade la desconfianza”, alimentada no sólo por la legitimidad que significaban la transparencia y la rendición de cuentas, sino las desastrosas experiencias de fraudes y malversación de fondos llevadas a cabo porfuncionariosinescrupulososdeseosos de enriquecerse a costa del erario público.

De este modo, en la actualidad ya es normal que los presupuestos para las instituciones y sus dependencias vengan “etiquetados”, es decir con montos preestablecidos y para actividades muy específicos. No es raro, entonces que los directivos tengan poco margen de acción para financiar actividades innovadoras o que no estén establecidas en los programas financieros anuales. En este ambiente, los procesos de gestión financiera se vuelven muy tortuosos y ciertos administradores crean sus pequeños imperios en sus áreas de influencia. En estas circunstancias aquel elemento de la autonomía que se refiere a la capacidad de las universidades e IES “para administrar su patrimonio” se ve reducido a su mínima expresión.

Muchos de estos elementos han estado presentes en lo que diversos diarios del país reportaron sobre la reunión que tuvo el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con cuatro de los 27 diputados de la Comisión de de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la semana pasada (La Jornada, 17/07/2014, p. 38). En esa ocasión, Fernández Fassnacht pidió a los integrantes de esa comisión el establecimiento de un esquema de fiscalización que no vulnere la autonomía universitaria. El Secretario Ejecutivo de la ANUIES expresó a los diputados que las auditorías financieras están abarcando con mayor frecuencia aspectos referentes al desempeño de las universidades e incluso a sus planes y programas de estudio. Señaló que esta extralimitación se daba a pesar de que dichas instituciones han promovido la transparencia y la rendición de cuentas desde hace muchos años. También que, en ocasiones, hay auditores que no tienen idea del funcionamiento de las universidades o de aspectos relacionados con los modelos académicos y la vida colegiada. Por su parte, señala la nota, el diputado del PRD José Luis Muñoz Soria, presidente de la comisión expresó que no por el hecho de ser autónomos, los establecimientos universitarios podrían hacer lo que quisieran con el manejo de los recursos públicos; y que, en consecuencia, nadie puede estar excluido de la fiscalización. Ante esto, el representante de la ANUIES propuso que la ASF elabore un programa anual de auditorías exclusivamente financieras para las universidades y demás instituciones de educación superior.

La solicitud es importante, pues representa la posición de las instituciones públicas pertenecientes a la ANUIES para proteger la autonomía ante los embates de quienes parecen ignorar que la vida académica no puede ser reducida al simple manejo eficiente de los recursos financieros que el Estado otorga a las instituciones de enseñanza superior.


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