Hay una buena cantidad de temas y problemas en la educación superior del país, que han sido estudiados en la academia. En casi todos los análisis, se parte de la idea de que la educación superior es un bien público, un fin, una expectativa social y una meta a ser lograda. Por ahora, se ha pensado en ampliar las oportunidades educativas. Políticamente, hay un acuerdo para elevar la cobertura, de 3 a 4 de cada diez jóvenes de 19 a 24 años, para el fin del sexenio. Sería deseable que se elevara más, pero hay una infinidad de cuestiones que se necesitan resolver para avanzar.

Una, es la propia estructura de la desigualdad. La cobertura tiene una variación muy grande entre entidades federativas, y aún cuando se ha elevado en el conjunto, las que tenían menos siguen teniendo menos. El aumento no puede ser parejo en todas las entidades. La idea es lograr un mayor equilibrio.

Un estudio de la medición de la cobertura ha mostrado (Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez) que la ampliación de la matricula, en cada porción del territorio, tiene que llevar en cuenta, al menos, la dinámica de la población, la estructura urbana de las entidades federativas, la marginación, las capacidades económicas de las familias para mandar a sus hijos a la universidad, las condiciones del mercado laboral y las necesidades del desarrollo local. Esto es, no se trata, solamente, de abrir más instituciones donde la cobertura es baja.

Entre las cuestiones locales cuenta, sustancialmente, las condiciones del mercado laboral. Los estudios que se han hecho a nivel nacional y estatal (p.e. Burgos y López), permiten apreciar que los profesionistas, y también los posgraduados, tienen problemas para emplearse en el sector formal de la economía. Los profesionistas, como conjunto, tienen una de las tasas de desempleo más altas. Los posgraduados también experimentan desempleo y dificultades mayores para incorporarse a la academia. Según datos de la AMC sólo un tercio, de los 3000 doctores que egresan al año en el país, consiguen un empleo o un trabajo para hacer investigación. Sabemos que, en algunas instituciones educativas, se presentan más de 100 doctores para concursar por una plaza.

Más todavía, hay un buen porcentaje de profesionistas y posgraduados que no usan lo aprendido en la escuela para realizar su trabajo, que reciben ingresos bajos (incluidos matemáticos y literatos). Desde hace tiempo se conoce que hay carreras críticas en el mercado (derecho y contaduría, p.e.), pero la demanda por ellas continúa.

El punto es que el poco crecimiento económico y la contracción del mercado laboral, como van, podrían desajustarse más con el aumento de la cobertura y una mayor oferta de trabajo altamente calificado. Cabe recordar que la contracción y las condiciones del mercado laboral son diferentes entre regiones y entidades federativas de México. Pero, en general, lo que se necesita es que se instaure un modelo de desarrollo que estimule el mercado interno y el empleo.

Así, sería altamente recomendable la existencia de políticas de gobierno (agrícolas, industriales, energéticas, de comunicación y de redistribución) que animen al mercado interno y el aumento del empleo formal. No hacerlo significará tener desperdiciada una fuerza de trabajo de alta calificación, con un grado elevado de inconsistencia de estatus, fenómeno que, teóricamente, da origen a la protesta social.

Por lo demás, el aumento de la matricula requerirá una infraestructura escolar, que demandará inversiones y decisiones respecto a la creación de nuevas instituciones o la expansión de algunas de las ya existentes. Instituciones que tengan prestigio para atraer a la demanda. Instituciones preparadas para recibir a quienes ya han estudiado y deseen actualizar sus conocimientos. Hay otros retos derivados del aumento de la cobertura. Por ejemplo, es evidente que la ampliación del sector público de la educación superior va a tener que considerar políticas para acceder a una educación de calidad y pertinencia. Lo cual lleva implícito innovaciones pedagógicas, dados los avances y usos docentes de las tecnologías de la información y comunicación.

Además, será necesario contar con un profesorado, en número suficiente, que: 1) tenga capacidad de enseñanza, y para establecer modalidades didácticas, que atraigan el interés de los estudiantes; 2) goce del tiempo necesario para atender a los estudiantes fuera de clase y; 3) que se beneficie de programas de superación académica para actualizarse. Estos tres puntos van a presionar para cambiar el pésimo sistema de evaluación académica que nos aplican.

La expansión educativa esperada va a influir para alterar las estructuras institucionales. Habrá que dar voz y atraer a los estudiantes al diálogo. Asimismo, fortalecer la relación profesor-alumno, estimular la diversidad de la oferta educativa y la flexibilidad curricular. Las burocracias tendrán que volverse más eficientes y menos privilegiadas, y los sindicatos más democráticos, con mayor rotatividad de sus dirigencias, entendiendo que su labor es de apoyo a la academia.

En suma, el mayor reto será construir un nuevo ethos académico y una nueva cultura política universitaria. El cambio es con miras de largo plazo.