El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) ya cumplió una década desde que se instauró como tal, pero no funciona como debiera y difícilmente alcanzará un nivel óptimo de ejecución. Es más una falla de diseño institucional y un reflejo de los estilos y actores de la política mexicana.

La reforma del año 2002 a la normatividad científica y tecnológica fue un vuelco paradójico e importante en el diseño institucional del sector. Los cambios fueron un movimiento doble: buscar la descentralización y, al mismo tiempo, centralizar la toma de decisiones y controlar la palanca de los recursos financieros.

Las estructuras que apuntaron fundamentalmente en la dirección de una descentralización fueron: el ajuste a lo que en la ley de 1999 se llamaba Foro Permanente y luego se llamó Foro Consultivo, una instancia de expresión de la comunidad científica y también de consulta de órganos directivos; la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnológica para coordinar e impulsar las actividades entre Conacyt y las entidades federativas —la cual, por cierto, poco se ha visto—; el establecimiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación; y el incremento de capacidades a los Centros Públicos de Investigación.

En cambio, las modificaciones que se dirigieron a una mayor centralización fueron: la creación de un ramo de gasto propio de Conacyt (lo que después sería el ramo 38 en el Presupuesto de Egresos), la famosa desectorización del organismo para elevar su capacidad de maniobra e independencia; mayor control del mismo organismo sobre los entonces relativamente novedosos fondos sectoriales y mixtos; y la creación del CGICDTI, lo que parecía uno de los mayores logros de la reforma del 2002. Pero no, no lo fue.

El Consejo, se estableció como el máximo órgano de política y coordinación sectorial, presidido por el ejecutivo federal. Además, se previó que estaría integrado por: nueve secretarios de Estado; el titular de Conacyt; el coordinador del Foro Consultivo; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional; tres representantes del sector productivo; dos representantes del sector científico y tecnológico, invitados por el presidente de la República; un representante de los Centros Públicos de Investigación; y otro más de ANUIES.

En total, el Consejo se integra por una veintena de personajes de alto nivel, convergen representantes de todos los sectores y, lo que todavía se piensa más importante, está comandado por el titular del poder ejecutivo federal. Una impronta vigente que busca acercar los asuntos al Presidente para garantizar su prioridad y el cumplimiento de las decisiones.

Las facultades reservadas al CGICDTI son de máxima importancia. Por ejemplo, es responsable de establecer las políticas nacionales y de aprobar y actualizar el programa sectorial (el Peciti). También tiene como funciones el establecimiento de criterios y prioridades para la asignación del gasto federal, lo mismo que la definición de lineamientos programáticos y presupuestales a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el CGICDTI, pese a sus altas responsabilidades y al mandato que tiene de sesionar dos veces por año de forma ordinaria, lo cierto es que en la década previa ha funcionado de forma accidentada y con suma irregularidad. Suficiente recordar la demora para aprobar el programa sectorial en la administración anterior o la ausencia para entregar los premios de la Academia Mexicana de Ciencias.

¿Actualmente la situación será diferente? Seguramente no. Otra de las responsabilidades del CGICDTI es aprobar el “proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación que será incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” (fracción V del artículo 6 y artículo 9 de la LCTI).

El asunto es que, como seguramente lo recordará estimado lector, el Paquete Económico para 2014 fue remitido al Congreso el 8 de septiembre y la sesión de instalación del Consejo en donde debió ser aprobado el proyecto que se envió fue al día siguiente en Los Pinos. ¿Es grave la irregularidad? No. Solamente exhibe la utilidad de los cambios normativos, tanto como las formas y estilos del Consejo. Nada más.