Las variaciones discursivas han sido ligeras pero muy importantes: poco a poco han moderado las expectativas y la fuente de inversión para las actividades científicas y tecnológicas. No será de gasto público y tampoco tomará como referente el indicador internacional de gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE). Las palabras del ejecutivo federal, en su reciente mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, lo confirman.

En el debate por la presidencia de la República, en mayo del año pasado, el actual titular del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, ante la pregunta sobre las características que tendría su política de ciencia y tecnología, afirmó: “incrementar al menos tres veces más la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología”.

Es decir, si el entonces candidato se refería al gasto nacional (público y privado) de todas las actividades científicas y tecnológicas habría implicado llevar el gasto de 111 mil millones a más de 300 mil millones de pesos. O bien, de 0.77 a 2.31 por ciento del PIB (son cifras del 2011, las más recientes publicadas por Conacyt). Entonces, la participación relativa del sector privado era de 43 por ciento.

Pero si se refería al gasto en IDE, cuya metodología internacional, precisión y características las hemos mencionado en las dos semanas anteriores, entonces las cifras debían ser otras. Pasar de 67 mil millones de pesos en el 2012 a poco más de 200 mil millones de pesos. O bien, del 0.43 a 1.23 del PIB. Y en este caso, la participación relativa del sector privado se sitúa alrededor del 40 por ciento.

Sin embargo, se entiende que los tiempos de campaña ya pasaron, como también las propuestas formuladas frente a la expectativa de los eventuales electores. Hoy, frente a al principio de realidad, difícilmente se podría triplicar la inversión en el sector.

Un nuevo cambio en el discurso del ejecutivo federal sobrevino al tomar posesión y establecer el Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas en el país. El compromiso número 46 estableció que: “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los sectores productivos en la investigación científica”.

Ya no se habló de triplicar el gasto, el compromiso se circunscribió a lo que dice la ley. Y la norma, ya lo hemos dicho, en su artículo 9Bis se refiere al uno por ciento del PIB de gasto nacional para “actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico”. La formulación puede interpretarse que se refiere a IDE, pero también habrá quien señale que se refiere a todas las actividades científicas y tecnológicas.

Una ligera variación se registró al publicarse el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el documento que marca el horizonte de planeación y puntos de llegada de la actual administración. Ahí, como parte de la estrategia 3.5.1, se dijo que habría de “Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB”. Lo indicado en el plan conservó la redacción de lo que establece la ley y como líneas de acción se mencionaron los esfuerzos de articulación de los sectores público, privado y social, así como un incremento del gasto público de forma sostenida, pero el asunto ya no se concentró en cumplir lo que dice la ley, si no en “contribuir”.

Ahora, en el mensaje de su primer informe de gobierno y después de nueve meses de gestión, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que para desplegar el talento mexicano también se ha invertido en ciencia, tecnología, cultura y deporte. Y agregó: “Como parte de este compromiso, en 2013 hemos incrementado los recursos para ciencia y tecnología. Estamos en la ruta para que la inversión pública-privada en 2018 alcance la meta de 1 por ciento del Producto Interno Bruto destinado a esta signatura” (sic).

Entonces, el incremento de recursos no será sólo (o principalmente) de recursos públicos. De hecho, la ley se refiere a gasto nacional, el problema es que el sector privado no ha sido proclive a invertir y el público tiene recursos escasos. Sin embargo, lo más grave sería abandonar el indicador fino de inversión en IDE y sustituirlo por el agregado de CTI. Y esa parece la ruta.