La reforma a la ley del ISSSTE ha causado inquietud entre los trabajadores del Estado dejando ver el sentido de desconfianza que otorgan a las acciones que emprende el gobierno mexicano. Y es que ya desde hace más de 20 años los cambios promovidos han tendido a devaluar los bienes públicos frente a los privados; han reconocido la posición fundamental del individuo, pero no en su aspecto de sociabilidad, solidaridad y convivencia con otros individuos, sino estableciendo competencias.
La nueva ley ya entró en vigor en abril pero la información que hay sobre su operación todavía resulta insuficiente para establecer con claridad las conveniencias e inconveniencias derivadas de ella. Por ahora, lo que aparece del análisis de la ley es que a nivel de los trabajadores las pérdidas no serán para todos y que incluso hay aspectos que podrán implicar ganancias para algunos. En cambio, a nivel de la sociedad, la ley no sólo anuncia el incremento de las desigualdades sino que sitúa a México, de lleno, en el seno de "la Sociedad del Riesgo". En este tipo de sociedad el Estado brinda a los trabajadores tan solo seguridad "mínima" procurando que el desempeño de los individuos y de la sociedad ocurra en un contexto de incertidumbre.
Oficialmente, la principal razón alegada para reformar al ISSSTE es la pesada carga fiscal del pago de pensiones. Por diferentes razones entre las que se cuentan las demográficas, y otras como la mala administración y la corrupción, el ISSSTE se encuentra en una situación en la que no puede cubrir el monto de las pensiones que debe a los trabajadores y, ante este problema, la nueva ley establece un sistema de pensiones de cuentas individuales en sustitución del sistema solidario. La verdad es que al examinar el comportamiento de un régimen semejante que se aplique a todos los trabajadores del Estado no parece viable ni sostenible. Eso sin contar el fondo necesario para el bono de transición que tiene visos de promesa imposible de cumplir.
Además de las dudas sobre su factibilidad técnica, la lectura de la nueva ley deja la convicción de que el gobierno mexicano está moviendo hilos para modificar la relación capital-trabajo-Estado. Estableciendo nuevas corresponsabilidades entre empleados, empleadores y gobierno se consuma el ya anunciado "achicamiento" del Estado: el gobierno limita su papel de empleador y, en el mercado de trabajo, se reduce a ser árbitro, poniéndose abiertamente del lado del capital.
Más dudas y desconfianzas suscitan la creación del "Pensionissste". La participación en este órgano se muestra apetecible pues manejará un fondo millonario. Su director será nombrado libremente por el director del ISSSTE y su Consejo de Administración se integrará paritariamente por nueve miembros del gobierno y nueve de los trabajadores. A mi entender, las fuerzas oscuras de la burocracia y del sindicalismo ya se están preparando para lograr representación en este Consejo, ya que esto les asegurará llevarse una buena tajada de las ganancias millonarias que todos saben dejará la bursatilización de los ahorros de los trabajadores. A estos personajes no les importará arriesgar los ahorros de los trabajadores porque saben que la justicia que priva en el país se rige por el lema: socializar pérdidas y privatizar ganancias.
Pero el monto del ahorro de cada uno de los trabajadores no se integrará solamente por aportes individuales sino, también y sobretodo, por los de dependencias y entidades de la administración pública, así como del gobierno. Parte de lo que entrará a la bolsa del Pensionissste o de cualquiera otra institución o entidad financiera autorizada serán fondos de procedencia pública y ahora los grandes beneficiarios no solamente serán los intereses corporativos de sindicatos, sino los intereses financieros de los grupos que manejarán los fondos de pensiones individuales. Por su parte, los trabajadores enfrentarán el riesgo de perder sus ahorros, y las pérdidas seguras serán para las entidades públicas.
Los efectos sociales negativos de la nueva ley del ISSSTE son muchos. En el terreno de la educación superior pública no puede esperarse otra cosa. Las universidades, por la vía de la decisión de sus trabajadores "ahorradores" transferirán parte de sus recursos a entidades financieras privadas ¿Podrían las universidades públicas organizar y operar entidades financieras propias? Talvez la legislación no contemple esta posibilidad, pero ¿por qué no pensar y luchar por algo que vaya en ese sentido?
