Hace seis años, exactamente, publiqué un cuaderno (el quinto) del Seminario de Educación Superior de la UNAM. En este texto sostenía que las políticas oficiales de educación superior estaban centradas en la implantación de mecanismos de competencia para la asignación del subsidio por la vía de instrumentos para el “fortalecimiento institucional”, que vinieron a agregarse a los sistemas de pago por desempeño.
Hice notar que los cambios provocados por tales políticas habían traído tensiones políticas entre las casas de estudios y el gobierno federal, entre las autoridades encargadas de conducir las instituciones y las comunidades académicas, y entre las propias comunidades, por la vía de la desigualdad de condiciones para competir. En dicha publicación señalé que las políticas aplicadas por el gobierno no habían conseguido del todo sus objetivos. Que habían dejado sin resolver problemas académicos de fondo.
Esta última idea la retomé años después para sugerir la necesidad de establecer “políticas de nueva generación” para las universidades públicas (Campus 341). La idea estaba acompañada por una línea de reflexión en el sentido de que la acción del Estado es vital para darle otro rumbo a la educación superior, vital para superar el estancamiento en que ha dejado al país el predominio del mercado.
Desde el año pasado, y nutrido por quienes escribieron sobre el tema en México, llegué a la conclusión de que la idea de políticas de “nueva generación” puede confundir al lector, sí éste la interpreta como una nueva etapa de las políticas aplicadas en los últimos lustros, con sus debidas diferencias generacionales. No se trata de eso.
En la literatura se ha insistido en que lo que seguía, lo de ahora, es establecer una “política de Estado”, para la educación superior, que por lo general se refiere a cambios jurídicos y a una perspectiva de largo plazo, transexenal. El punto va más allá. A quién le interese, podrá ver que, en los textos mencionados, hablé de la necesidad de transformar la “visión del Estado” sobre la educación superior pública. Con tal noción me refería a que el Estado ubique a la educación universitaria vinculada y como parte del modelo y del proyecto de desarrollo que se vaya a seguir para crecer económicamente y distribuir la riqueza social generada. La “visión” es contar con una perspectiva histórica del futuro de la nación, a la que se integra la educación superior y la producción de conocimiento.
La “visión de Estado”, más allá del financiamiento suficiente y oportuno, se refiere a entender la educación ligada a la ciencia, la formación ciudadana, a la razonabilidad para la existencia de la democracia, la ética y los valores, que nos permitan vivir juntos con nuestras diferencias. Y, sin duda, se refiere a la justicia social, a la disminución sustantiva de la desigualdad.
La idea de transformar la visión de Estado es para que los encargados de la política educativa, profesores, investigadores y alumnos, entiendan que las políticas aplicadas en los últimos tres decenios se agotaron. Hablo de agotamiento. Pero no por los resultados en los indicadores. Se agotaron porque el Estado perdió el rumbo, atrapado por intereses económicos, y porque sus políticas educativas han significado serios daños a la academia, a sus prácticas y a sus resultados.
Es la academia y los académicos, y en consecuencia los alumnos, quienes hemos resultado dañados por las “políticas”. Es al Homo Academicus al que perjudicaron, encerrándolo en una especie de celda, donde tiene que estar produciendo sin parar, a fin de ganarse su ingreso. Les han hecho mal a los jóvenes doctores que no encuentran lugar en las instituciones. Y porque cuando lo encuentran, les pagan una remuneración magra, apenas para reproducirse como académicos. Esto no puede seguir así.
Son razones académicas las que hemos argumentado para hablar del agotamiento. Para que se formulen y apliquen nuevas políticas. Que articulen educación superior, posgrado e investigación, abran condiciones para establecer redes y alianzas institucionales que fortalezcan académicamente a las más débiles. Políticas que cambien el sentido de la evaluación y permitan reducir las diferencias en las capacidades académicas institucionales; que integren a las universidades como agentes del desarrollo local.
Los universitarios queremos mejores condiciones para realizar nuestro trabajo, actuar con responsabilidad social, admitiendo que tal responsabilidad comienza por mejorar cada día a nuestras universidades. Mejorar supone más tiempo para ser, para reflexionar a fin de que nuestros productos satisfagan a quienes van dirigidos. Lo que sigue es una tarea colectiva: lograr un régimen verdaderamente democrático en el cual la academia funcione bien, con altos grados de libertad y con amplios intervalos de confianza.
