Tal parece que el inicio de la segunda década del siglo XXI ha traído, por fin, cierta preocupación por la conducción del sistema científico y tecnológico en México. Los argumentos y las posiciones de una buena parte de los actores relevantes del sector coinciden en que se debe elevar el rango del sector y crearse una secretaría de ciencia y tecnología. Es un principio, pero faltan definiciones y la expresión que podrían seguir actores y organismos hasta ahora existentes.
Lo hemos reiterado en varias ocasiones en este mismo espacio: la idea de una nueva secretaría poco a poco fue generando un efecto de consenso y ya encabeza la agenda de discusión para un eventual programa del sector. Seguramente, sea cual sea el resultado de las elecciones federales de julio próximo, será imposible soslayar el tema; por el contrario, será un asunto prioritario.
Sin embargo, las posiciones unánimes sobre la conveniencia de una nueva secretaría podrían comenzar a mostrar las primeras fisuras al momento de definir los detalles relativamente finos de la propuesta. De hecho, en los pronunciamientos a favor se puede advertir que algunos incluyen a la educación superior, otros la omiten y unos más guardan un prudente silencio. En consecuencia, tampoco es claro si podría estar más cerca de la Secretaría de Educación, de Economía o en qué proporción se dividiría su tendencia. No es un asunto menor. Las manifestaciones también son ambiguas sobre si Conacyt debiera preservarse, desaparecer o si la secretaría de ciencia y tecnología se edificaría sobre esa estructura.
A la propuesta, como se podrá notar, todavía le faltan precisiones. Pero quizás también le falta advertir algunas de las implicaciones en el relativamente pequeño y complejo entramado institucional del sistema científico y tecnológico. Desde fines de los años noventa, las reformas a la ley del sector crearon un conjunto de organismos para facilitar la conducción o gobernanza administrativa y política del sistema. El asunto es si la creación de una nueva secretaría redefinirá la relación con el conjunto de estructuras ya existentes, incluyendo las entidades federativas, y cuáles de ellas permanecerán o desaparecerán en definitiva.
Uno de los problemas inveterados del sistema científico y tecnológico ha sido el de la planeación y coordinación. Una responsabilidad otorgada a Conacyt desde su creación en 1970, pero que carecía de instrumentos para hacerla efectiva. De hecho, la primera norma, titulada “Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” de 1985, se propone con la idea de facilitar la coordinación entre las dependencias del sector público que realizaban tareas de investigación y desarrollo, y entre éstas y los sectores privado, social y educativo.
La entonces ley para coordinar, planteó la creación de una Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, integrada por 14 personas: once subsecretarios, el director de Conacyt y los titulares de la UNAM e IPN. Una comisión que intentó reunir a funcionarios de alto nivel y ser propositiva para definir los aspectos centrales de la política científica y tecnológica. Desafortunadamente, como ocurre en el presente, la comisión careció de efectos prácticos y se perdió en el laberinto de las buenas intenciones.
La idea de estrechar relaciones con actores centrales del sistema y/o tomadores de decisión ha sido persistente a lo largo del tiempo. Tómese como otro ejemplo la creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia (CCCP) en 1989, de gloria efímera, al inicio del periodo de Carlos Salinas de Gortari, buscando una instancia de asesoramiento en la materia, pero sobre todo a la caza de legitimidad e interlocución con científicos.
Tal vez la intención se acercar las definiciones de la política científica y tecnológica a personas clave y a la comunidad científica, se aprecia con mayor claridad en las reformas a la ley del sector de 1999 y 2002. En el primer caso, introdujo un cambio fundamental en las reglas del campo de la ciencia y la tecnología, como la instauración de los fondos competitivos para la distribución de recursos, el establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución adicional de recursos, los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación y la participación de agentes y sectores en el diseño de la política. En este último caso previó la creación del entonces denominado Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, un órgano de consulta del poder ejecutivo.
La reforma del 2002 una vez más buscó la coordinación intersectorial para las actividades científicas y tecnológicas, acercarse a los tomadores de decisión y otorgarle mayores capacidades a Conacyt. Efectivamente, en esa ley quedó estipulada la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector (ramo 38), los rasgos de una política de Estado, un ajuste al Foro Permanente –el cual pasó a llamarse Foro Consultivo-- y la creación del Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
En lo que se refiere a la Conferencia, se trata de un órgano de coordinación del Conacyt con las entidades federativas, para promover la descentralización de las actividades. Desafortunadamente su funcionamiento fue irregular entre el 2002 y 2007. Apenas en el 2008 emitió sus bases de funcionamiento y sus logros han sido poco visibles.
El Consejo General, máximo órgano de la política científica y tecnológica, estaba considerado que fuera presidido por el ejecutivo federal, nueve secretarios de Estado, el coordinador del Foro y cuatro investigadores. Tampoco ha tenido un funcionamiento eficaz, contadas veces se ha reunido desde su creación en el 2002. En la actual administración solamente ha sesionado una vez y solamente porque debía aprobar el programa sectorial.
Un comité más se estableció en el 2009, con la reforma correspondiente, es el Comité Intersectorial para la Innovación, presidido por la Secretaría de Economía y el Conacyt en la segunda posición. Un organismo para fomentar la innovación en le sistema y como asesor del Consejo Geenral.
El asunto es que la conducción del sistema científico y tecnológico ha mostrado un doble movimiento. Por un lado, en sentido vertical, a la búsqueda de aproximarse a la cúspide, con los tomadores de decisión para asegurarse la provisión de recursos y de que las iniciativas se lleven a cabo. Por otro, en sentido horizontal, intentando establecer un vínculo y coordinación con estructuras administrativas afines y una interlocución con representantes de actores clave, como la comunidad científica y tecnológica, a través de la Conferencia y el Foro.
Actualmente, con la propuesta de crear una nueva secretaria, el sistema podría dar un paso más en dirección ascendente vertical, puesto que tendría mayor peso político, un mejor estatus en la administración pública y quizás mayores recursos financieros. En estos términos, su búsqueda por ampliar sus capacidades de coordinación y regulación estaría satisfecha.
No obstante, los escollos que habría de salvar no son menores. En primer lugar, librar el debate de si incluirá o no a la educación superior. Luego, como la titularidad de una secretaría despierta mayores apetitos, la disputa política de los actores clave también será más intensa por ocupar esa posición. En tercer lugar, la innegable tendencia de las estructuras administrativas a hincharse y burocratizarse. Y, por último, establecer nuevas bases de relación horizontal con organismos como el Foro y la Conferencia. Pues sí, parece que las reglas del juego tendrán que ser otras.
