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La ética en la vida universitaria
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 433, pp.12 [2011-09-29]
 

Es indudable que uno de los aspectos que más preocupa a las sociedades modernas, ya sean las más avanzadas o las que no lo son, es el grave deterioro que están sufriendo las instituciones en materia de ética. Esto es la expresión de la pérdida de valores y normas que deberían regular la convivencia entre los individuos.

De cuando en cuando nos enteramos de escándalos de corrupción en los cuales se ven envueltos políticos y altos funcionarios, aunque pocas veces acerca de funcionarios o integrantes de las comunidades universitarias o de las diversas instituciones de educación superior. En este sentido, muchas veces se piensa que las universidades son una especie de santuario donde es imposible que tales actos ocurran.

Sin embargo, en investigaciones realizadas recientemente en diversos países, se encontró que los sistemas de educación, y en particular los de educación superior, pueden ser tan corruptos como cualquier otro sector del gobierno y la economía.

En una amplia revisión de los estudios antes mencionados en el ámbito internacional, Stephen Heyneman (International Higher Education, núm. 62, invierno 2011), encontró que los valores de justicia, rectitud e imparcialidad, alguna vez considerados como características de la universidad, pueden ser desplazados por intereses de individuos, familias, grupos étnicos e instituciones.

Tales violaciones a los principios señalados o diversas irregularidades incluyen abusos de autoridad con fines de ganancia personal y material. Las formas como se manifiesta la corrupción son variadas: procurar bienes o servicios de manera ilegal; realizar acciones fraudulentas en el ejercicio de funciones académicas normales (admisión, titulación, acciones de tipo profesional que favorecen el nepotismo, la explotación sexual, calificaciones sesgadas, plagio en investigación, entre otros), así como evasión de impuestos y el uso inadecuado de los bienes universitarios.

De acuerdo con la literatura internacional revisada por Heyneman, en investigaciones realizadas en Bulgaria, Moldavia y Serbia, entre 35 y 45 por ciento de los encuestados consideraron que el proceso de selección a la universidad podría ser corrompido.

Asimismo, uno de cada cinco señaló que había sobornado a un funcionario universitario; en Moldavia era el doble de esa cantidad. En el interior de las universidades, la propensión al soborno variaba en el caso de las disciplinas con la más alta demanda (economía, finanzas y derecho).

El autor sostiene que la corrupción en el terreno educativo parece ser universal, aunque las modalidades varían de una región a otra: en América del Norte el problema mayor se relaciona con el plagio por parte de estudiantes y académicos, así como en hacer trampa en los exámenes.

Además, otras infracciones a la ética institucional incluyen prácticas fraudulentas en investigación, cuestionamientos éticos a la búsqueda de donaciones y en algunas actividades deportivas, admisión, exámenes y coordinación académica, así como irregularidades ocurridas en el salón de clase —impuntualidad de los profesores, calificación sesgada de tareas y ejercicios, y dar preferencia a determinado género, nacionalidad u opinión—.

Fuera de los países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se ha notado que la corrupción ocurre con mayor frecuencia, pero de diferentes maneras: en países y regiones como Vietnam, Camboya, el sur de Asia, Europa del Este y la antigua Unión Soviética, el problema principal es la propensión a buscar sobornos a cambio de calificaciones, acreditación e ingreso a programas académicos de alto prestigio. En África subsahariana, las modalidades de corrupción están relacionadas con faltas a la ética profesional y explotación sexual de estudiantes.

Ante la frecuencia de conductas de corrupción, fraude y ausencia de ética profesional en muchos países, el autor se pregunta si este mal es un fenómeno cultural, como lo señalan quienes consideran que está imbuida en los patrones morales de muchas comunidades.

Esta situación puede implicar que algunos estudiantes —y podría añadirse que, por desgracia, algunos profesores también— la consideraran como algo favorable y no se avergonzaran de participar en ella. Aunque, por norma general, la mayoría expresa vergüenza y arrepentimiento.

Respecto a los efectos económicos y sociales de la corrupción, éstos son claramente negativos. Heyneman argumenta que debido a que las universidades se constituyen como modelos de conducta, permitir la corrupción dentro de ellas resulta más costoso que permitirla en las aduanas o con la policía.

Más aún, dado que uno de los propósitos de la universidad es enseñar cómo debe comportarse en el futuro, si la universidad es corrupta entonces se esperaría que los futuros ciudadanos graduados de ella también fueran corruptos.

Indudablemente, la corrupción tendría un efecto negativo en la calidad académica. Una universidad sobre la que cayera la sospecha de ser una institución corrupta, reduciría de manera sustancial las posibilidades de sus egresados en el mercado laboral.

Los empleadores no sabrían si los estudiantes que quisieran contratar habrían obtenido sus títulos o grados con base en sus capacidades y habilidades académicas o porque habrían sobornado a los funcionarios universitarios.

No obstante lo extendido que se encuentre la corrupción en muchas universidades en el planeta, el autor subraya que siempre existen profesores que se resisten a practicarla, incluso en aquellos ambientes académicos más desfavorables. Su fortaleza moral los lleva a sostener, contra viento y marea, el principio universal de la profesión académica: tratar a cualquier estudiante con rectitud, justicia e imparcialidad.

Entre los mecanismos que diversas instituciones universitarias han creado para reducir o eliminar la corrupción están los códigos de conducta para profesores, administradores y estudiantes; colocación de pronunciamientos para fortalecer la honestidad en las páginas electrónicas de la institución; establecimiento de cortes o tribunales para resolver casos de conductas académicas impropias, y la publicación de reportes anuales al público sobre estos incidentes.

Hoy, que en nuestro país se pugna por el replanteamiento y recuperación de valores éticos como la honestidad y honradez en la administración y gestión de las instituciones públicas y privadas, las universidades y demás instituciones de educación superior deben tomar en cuenta, de manera inexcusable, estos elementos para combatir y erradicar de todas sus actividades la corrupción y el fraude. La sociedad y la realidad así se lo demandan.


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