Uno de los principios fundamentales de la creación y difusión del conocimiento en ciencias y humanidades es el de la “comunicabilidad”. Ésta se lleva a cabo principalmente a través de la presentación de trabajos en congresos y otros tipos de reuniones académicas, así como en libros y revistas especializadas. Este último medio es el que predomina en las llamadas ciencias naturales y exactas.

En una monografía reciente puesta en circulación, Antonio Lafuente (“Bien común y Open Access), discute el hecho que en los últimos años y sobre todo desde la década pasada hemos sido testigos de un fuerte proceso de mercantilización del conocimiento en las esferas científicas y culturales.

Así, algunas universidades y centros de producción de saberes pretende convertirse en empresas capaces de competir en un mercado de productos educativos y científicos cada vez más amplio.

Dentro del proceso en cuestión destaca un aspecto que está siendo colocado en el centro de un debate de suyo relevante. Se trata del enorme negocio que representan las editoriales que publican los resultados de la investigación científica que, en su mayoría, ha sido financiada con dineros públicos.

Las revistas de mayor circulación y prestigio en las disciplinas científicas y humanísticas son propiedad de grandes conglomerados editoriales, entre las cuales se encuentran firmas como Reed Elsevier Gorup, el cual produce más de diez mil publicaciones periódicas, libros y CD, casi tres mil sitios web y portales de internet, y organiza más de 430 ferias comerciales anuales. Otro gigante es el consorcio holandés Wolters Klluwer, empresa con presencia en 25 países mediante publicaciones educativas, legales y médicas.

Por su parte, Blackwell Publishing Group edita alrededor de 750 revistas y varias centenas de títulos de libros al año sobre temas académica, médicos y profesionales. Otra de estas grandes empresas, Wiley, publica casi 400 revistas y dos mil libros al año. A su vez, Taylor and Francis Group edita cerca de 180 revistas y una amplia variedad de libros.

Como es de suponerse, estas y otras empresas editoriales se encargan de la selección, revisión y edición de los artículos enviados por investigadores de muchos países, para luego comercializar las revistas principalmente a través de las bibliotecas de las instituciones académicas y puedan, así, ser consultadas por la comunidad científica y el público interesado.

Por muchos años esta forma de producción y difusión del conocimiento fue la prevaleciente. Sin embargo, en la actualidad, los crecientes costos de las publicaciones impresas están haciendo cada vez más difícil par amuchas universidades –incluyendo las de los países desarrollados.

Aunada a lo anterior, las posibilidades que hoy está teniendo internet en la difusión del conocimiento ha puesto en cuestionamiento el modelo tradicional de generación-difusión del saber científico.

Uno de los argumentos que pugna por cambiar el estado de cosas vigente considera que los científicos producen investigación que, en gran parte, ha sido financiada con fondos públicos.

No obstante, los resultados de dicha labor se ofrecen de manera gratuita a empresas privadas –las editoriales- que los publican en revistas científicas de su propiedad. En algunos casos, los autores de los artículos no sólo no reciben ninguna retribución (en ocasiones, hasta pueden llegar a pagar por su publicación en ciertas revistas) sino que ceden sus derechos de autor.

Además, para mantenerse al día en los avances del conocimiento, los investigadores (o las bibliotecas de las instituciones donde laboran) requieren suscribirse a revistas, contribuyendo así al sostenimiento financiero del sistema de comunicación científica.

Es paradójico, entonces, que los científicos que publican en dichas revistas, no puedan acceder a sus contenidos porque sus instituciones carecen de fondos para adquirirlas. Se calcula que existen unas 24 mil revistas científicas que publican dos millones y medio de artículos al año.

En años recientes se ha ido extendiendo un movimiento que, por medio de la internet, pretende romper el monopolio de los grandes grupos editoriales en la difusión de la información científica.

Su nombre es muy indicativo del objetivo que persigue: Open Access (Acceso Abierto). Dicho movimiento busca lograr la “disponibilidad gratuita en internet para que cualquier usuario pueda leer, descargas, copiar, distribuir e imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de los artículos, usarlos como datos para software, o usarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de disponer de acceso a la propia internet” (Budapest Open Access Initiative, 2002).

Si bien esta novedosa iniciativa tiene ante sí el reto de sortear dificultades relacionadas con la propiedad intelectual, los aspectos financieros para su mantenimiento, la prevención de la piratería, etcétera, posee también importantes implicaciones para reconsiderar a los productos de la investigación científica –sobre todo los que provienen de instituciones sostenidas con recursos públicos- como bienes públicos. Se trata, entonces de un movimiento a favor de los usuarios que merece ser difundida con la mayor amplitud posible.