En el calendario político mexicano, los últimos años del gobierno federal se caracterizan por ser, simultáneamente, etapa de cierre de programas y espacio temporal que distintos agentes aprovechan para instalar lineamientos y proyectos para superar la barrera que divide a los períodos sexenales. Al considerar esta doble dimensión, es previsible que la agenda de educación superior se configure a partir de acciones y debates vinculados con ambos aspectos.
Del lado de la SEP, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) incluye objetivos y metas con cumplimiento estimado al final del sexenio. De ellas cabe destacar aquellas cuya concreción no depende de la sola inercia de los programas: alcanzar un nivel de matrícula de educación superior de 2 millones 800 mil estudiantes; conformar un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior; contar con un nuevo esquema para la planeación y coordinación de la educación superior en los ámbitos nacional y estatal; y alcanzar un nivel de gasto público equivalente al uno por ciento del producto interno bruto.
Por razones evidentes, las metas de financiamiento y cobertura de la SEP están interrelacionadas. Es previsible que, si la actitud de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto educativo puesta de manifiesto en los últimos años se reitera en los próximos, el pleno cumplimiento de los objetivos de crecimiento y financiamiento educativo quedará fuera del alcance de la SEP. No obstante, también se puede anticipar que la instancia gubernamental buscará cerrar el período con un esfuerzo adicional para lograr la expansión hasta un nivel cercano al previsto.
Las metas de coordinación (sistemas nacionales de planeación y evaluación) son principalmente políticas y suponen una alta capacidad de negociación entre la SEP y los conglomerados institucionales público y privado. ¿Es previsible que en los próximos dos años se consiga articular los medios para unificar, ordenar y legitimar la variedad de ámbitos y esquemas que competen a esos propósitos? Parece difícil, a menos que los esfuerzos se enfoquen en una sola dirección: la aprobación de una ley de educación superior que establezca las características y formas de operación de tales sistemas. Hasta el momento, la SEP no pareciera estar particularmente interesada en esa línea de desarrollo, pero el escenario podría modificarse. No sería la primera vez que los cambios legislativos ocurren al filo del cambio sexenal.
Aunque el diseño e implantación de políticas públicas no es competencia del poder Legislativo, en los años recientes los legisladores han desempeñado un papel relevante en la modulación de las políticas gracias a sus atribuciones en materia presupuestal y a través de la emisión de normas y criterios. La actual Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados estableció en 2004 una agenda de trabajo de tres años a partir de las conclusiones del foro “Problemas Legislativos de la Educación” celebrado el año pasado. Entre los puntos de la agenda, concernientes a la educación superior, se destacan los de impulsar la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, elaborar una Ley de Educación Superior, y trabajar a favor de un financiamiento público suficiente.
Se puede dar por descontado que los diputados continuarán su labor en pro de ampliar el presupuesto federal para la educación superior, tal como lo han hecho los últimos años. Como se ha demostrado, la rentabilidad política de la estrategia es alta, lo que hace suponer que se insistirá en ella como la principal prioridad del cuerpo legislativo. Se abre, también, la posibilidad de incidir en la normativa general del sistema mediante la promulgación una norma que sustituya a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978. No es fácil que las fracciones consigan acuerdo en los aspectos puntuales de un nuevo ordenamiento, pero de todos modos se tendrá que discutir, porque entre los pendientes de la Comisión está la obligación de dictaminar el proyecto de ley presentado por el PAN el pasado 27 de abril.
De abrirse la discusión en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Educación Superior, y sólo en ese escenario, la propuesta acerca del Consejo Nacional de Educación Superior cobrará condiciones de posibilidad. En cualquier otra circunstancia, dicha propuesta tiene pocas posibilidades en vista de su evidente intersección con órganos colegiados que ya existen, como por ejemplo el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educción Superior y la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES).
Además de la incidencia de la SEP y los diputados sobre la agenda de la educación superior, es previsible que agencias como ANUIES y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIIMPES) comiencen a tomar posición. Es común que la ANUIES elabore un documento de recomendaciones para el desarrollo universitario con vistas al cambio sexenal, así lo ha hecho en los últimos periodos presidenciales. Por ello, puede anticiparse que, a lo largo de 2005, por cierto el 55 aniversario de la Asociación, se celebren reuniones y se tomen acuerdos en la perspectiva del cambio gubernamental. No extrañaría que la Asociación se pronuncie sobre aspectos de coyuntura tales como el financiamiento, el sistema de evaluación y el cambio normativo.
La FIMPES habrá de desarrollar su propia agenda, en la cual hay por lo menos dos puntos de relieve: las relaciones entre el subsistema de universidades particulares y el gobierno, en términos de autonomía, y las posibilidades de acceso a fondos públicos. Ambos puntos son parte del trabajo político de la Federación y puede anticiparse su insistencia, como postura del sistema privado, en cualquiera de las opciones de cambio.
